Migrantes: El derecho a una vida mejor

Hace aproximadamente 60.000 años un grupo de homo sapiens evolucionados, nuestros antepasados más recientes, emigraron desde el continente africano hasta la península arábiga, y desde allí se dispersaron por Eurasia. El hombre moderno se desperdigó por los continentes aprovechando pasos terrestres y estrechos marítimos con una única obsesión: mejorar sus condiciones de vida. Esa ambición, tan intrínseca en el ser humano como el hambre o la sed, no ha variado hoy día. Sin embargo, quienes pretenden abandonar África huyendo de guerras y hambrunas se ven obligados a arriesgar sus vidas, a ponerlas en manos de otros hombres para los que no son más que mercancía. Es una esclavitud moderna y cruel donde se castiga al pobre por ser pobre.

La provincia de Cádiz, frontera natural entre el autoproclamado primer mundo y ese tercero donde surgió la vida pero cuyo progreso, por cuestiones antropológicas, avanza a otro ritmo, lleva décadas asistiendo en primera fila al teatro del horror que resulta ver a miles de personas jugarse el pellejo arrojándose a los siempre volubles brazos del Estrecho de Gibraltar. La vieja aspiración de mejorar, ese derecho inalienable, se les escamotea a base de palos, de muros, de rechazo.

Desde que hace justo un mes la tierra temblara en las montañas del Rif, y Marruecos sufriera uno de los terremotos más virulentos de su historia, las llegadas de migrantes a nuestras costas se han multiplicado. Lo peor es que ya no sólo llegan en pateras de madera sino en las gomas de los clanes del narcotráfico que operan en el norte del reino alauita y el sur de España. Esta semana hemos tenido algunos ejemplos. El último, una lancha neumática provista de dos potentes motores fueraborda y de 12 metros de eslora que llegó a una cala de Roche. Al acercarse a la orilla, el patrón fue lanzando a sus 19 viajeros al mar y viró mar adentro para escapar de la vigilancia de la Guardia Civil. Ni siquiera se paró a comprobar si todos lograban alcanzar tierra firme. Su misión estaba cumplida. La mercancía, porque eso son para ellos, entregada. Cada uno de estos migrantes paga hasta 5.000 euros por tener plaza en una goma que realiza el trayecto desde una playa marroquí hasta Cádiz sin las penurias y el hacinamiento que garantiza hacerlo en una vieja patera. Quizá por ello su estado al pisar suelo gaditano no es tan lamentable como el de otros hermanos. Aunque no deja de ser el mismo drama.

Carlos Carvajal, coordinador de Desarrollo de Proyectos de la Asociación Cardjin de acogida de personas migrantes, conoce bien un fenómeno que le quita no pocas horas de sueño. “Se ve la migración como un problema que hay que evitar”, asegura. “Es una situación estructural. Las migraciones existen desde que el hombre es hombre. Nos desplazamos para mejorar nuestras vidas, y la única diferencia es que en la época actual las condiciones de estas personas las estamos provocando los del primer mundo”.

Porque la realidad es que las migraciones se producen por razones económicas pero no sólo por ellas. El cambio climático, capaz de provocar sequías no sólo en Andalucía ni en África sino hasta en Manaos, en la Amazonia brasileña, también está provocando migraciones. La falta de precipitaciones provoca hambrunas y hace que la gente abandone su hogar. Otra cuestión que provoca movimientos de población son las guerras “que estamos provocando nosotros”, dice Carvajal. “Todos conocemos la de Ucrania, pero nos olvidamos de lo que está sucediendo en Senegal, Sudán, Yemen... y así podemos hablar de multitud de conflictos”.

Advierte el representante de Cardjin que “vemos la migración como un problema y queremos ponerle muros, sin darnos cuenta que estamos ante la solución de Europa, de una Europa envejecida. Seguimos hablando de que necesitamos a los migrantes, pero no ponemos vías seguras y legales para que las personas no tengan que arriesgar la vida y venir en patera. Es la pescadilla que se muerde la cola y nadie le pone freno a esto. Seguimos con políticas que lo que están provocando son muertes”, manifiesta.

Carlos reconoce que desde el terremoto de Marruecos han percibido un aumento de las llegadas. “Es cierto, están entrando más pateras, más gente, pero, como todos sabemos, también cuentan otros intereses políticos, que por lo que sea a Marruecos le convenga que entren más pateras o no. Nunca podemos hablar con certeza de ese tipo de cuestiones. Tristemente hay una utilización política del fenómeno migratorio, tanto por parte de los países europeos como por parte de los países de donde salen los migrantes”, afirma.

Más preocupante es si cabe la entrada en el negocio de clanes del narcotráfico que aprovechan las rutas del hachís para traficar con personas. “Sucede desde hace tiempo”, reconoce. “Las mismas líneas para traer la droga las utilizan para traer personas, porque las tratan como números, como mercancía, como un producto más, aunque eso también lo hacemos aquí en España cuando los ponemos a trabajar y los explotamos. Miramos a los migrantes como un número y como algo negativo, como si vinieran a robar, a quitarnos cosas”. “Las mafias –asegura– existen porque hay una imposibilidad de entrar de otra manera. Si yo quiero ir a Marruecos me basta con coger mi pasaporte, ir al puerto de Tarifa o al de Algeciras, comprar mi billete de barco y rellenar el visado en el mismo trayecto, que cuesta 35 euros. Y ya está. Si una persona de Marruecos quiere venir a España tiene que cumplir no sé cuantos miles de requisitos. Tiene que ir al Consulado español en Marruecos, solicitar el visado, esperar a que lo resuelvan, debe tener no sé cuántos miles de euros en la cuenta, y si se lo conceden, entonces podrá venir. Si no es así, pues existen unas personas que le van a cobrar miles de euros por pasarle al otro lado de la frontera. Si ponemos vías legales para que puedan venir evitaremos todo eso. La mafia existe de allí para acá, de aquí para allá no”.

La realidad es que la migración de estas personas del África subsahariana es un infierno. Antes de llegar a lanzarse a mar abierto han debido sortear desiertos y bandidos que violan a las mujeres y golpean a los hombres. Muchos de ellos ni siquiera engrosan las listas de víctimas que se quedan en el mar por la sencilla razón de que no lo alcanzaron. Llegan de Mali, Burkina, Senegal o Sudán. Por el simple hecho de venir de países en guerra tendrían que ser considerados refugiados, “pero a muchos de ellos ni se les escucha”, cuenta Carvajal. Y eso que, se supone, es un derecho internacional recogido específicamente en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, que establecen las obligaciones legales de los Estados en relación con los refugiados. Según estos documentos, un refugiado es una persona que tiene “fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opiniones políticas” y que se encuentra fuera de su país de origen debido a dichos temores. Un derecho que, por lo que se ve, es papel mojado para la Unión Europea.

Carvajal denuncia que la acogida en España tampoco es la mejor. “Se les trata casi como si fueran delincuentes. Los detiene la Policía, los lleva al CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros, que no deja de ser un calabozo, donde se les reseña. El Ministerio de Inclusión, gracias a Dios, ha puesto una serie de dispositivos para la acogida de estas personas, que las gestionan principalmente las entidades sociales, pero aún queda camino por recorrer”, advierte.

Según las cifras del Ministerio del Interior, hasta el pasado 30 de septiembre eran 26.540 las personas que habían entrado a territorio español de manera irregular por la frontera marítima-terrestre (las costas peninsulares –sobre todo Cádiz y Almería–, Canarias, Ceuta y Melilla). Marruecos abre o cierra la mano en función de sus intereses, una práctica que se extiende a Túnez o Libia. El último país en utilizar a los migrantes con fines políticos es Italia. “Está acumulando a la gente en la isla de Lampedusa y no la deja salir para que se vea a los migrantes que vienen como si fuera una invasión. Tenemos que saber gestionarla nosotros. Hasta ahora lo único que hacemos es política de puertas cerradas, vallas más altas, políticas restrictivas, pero después los tenemos en el campo trabajando sin documentación, no tiene mucho sentido”, lamenta Carvajal.

En los primeros seis meses del presente año cerca de mil personas han fallecido en el mar. No se sabe cuántas vidas se están perdiendo por esta obligatoriedad a que migren de esta forma tan insegura, tan miserable. “No les permitimos vivir de otra forma. Tienen muchas dificultades para migrar, pero además no es que quieran”, cuenta Carlos. Y abunda este interesante pensamiento. “Un año más, nuestra Red de Atención de Migrantes: Secretariado Diocesano de Migraciones, Asociación Cardjin y Fundación Tierra de Todos, participa en una campaña de la Iglesia denominada: Jornada Mundial de las Migraciones. Esta vez el nombre elegido es Libres de elegir si migrar o quedarse, el lema viene porque la mayoría no quiere dejar su tierra, está obligada a hacerlo, la mayoría quiere vivir con su familia, con su cultura, pero estas personas están obligadas, ya sea por razones de seguridad o económicas, porque nos estamos llevando todos sus recursos, porque, por ejemplo, en Senegal viven de la pesca pero nuestros barcos, de Europa, de Asia y de América, están allí llevándose la pesca. Si no tienen qué pescar tendrán que vivir de algo. Y quieren mejorar, pero es que en el Cuerno de África seguimos empobreciendo la tierra, y el cambio climático está haciendo estragos, hasta el punto que la gente tiene que buscar otro lugar donde tener un futuro. La mayoría de las veces es nuestro sistema del bienestar el que está provocando todas estas crisis migratorias”, asegura.

Humanos migrando para seguir viviendo, para mejorar su existencia. Tienen derecho a hacerlo y a que se les trate con dignidad.