La ministra de Hacienda defiende en Rota las medidas para los remanentes municipales

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este miércoles en Rota el acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias( FEMP) con el Gobierno por el que se distribuirán 5.000 millones entre los ayuntamientos que hayan transferido al Estado sus remanentes. Además , ha ofrecido una posibilidad a los ayuntamientos que al no tener superávit no podrían acogerse a este plan, como es el caso de Cádiz capital.

El acuerdo, aprobado en la FEMP por los alcaldes del PSOE y criticado por alcaldes del resto de partidos y especialmente por el Partido Popular, ha sido calificado como "histórico" por la ministra, que ha visitado el Ayuntamiento de Rota, donde se ha comprometido además a retomar la compensación al municipio por la Base de Rota.

Monero ha subrayado que "ésta es la primera vez que el Gobierno pone una solución sobre la mesa para el uso de remanentes, que está limitado constitucionalmente y por la ley orgánica de estabilidad". "Los ayuntamientos no puede incurrir en déficit y lo que hemos hecho es plantearles que no estén sujetos a la regla de gasto y la posibilidad de recibir 5.400 millones de euros en dos años, a cambio de ceder esos remanentes al Estado con préstamos de diez años o superiores", ha recordado.

La ministra ha insistido es que esta medida de cesión de remanentes es "voluntaria", con lo que no entiende la oposición frontal de ayuntamientos gobernados por otros partidos distintos al PSOE, fundamentalmente del Partido Popular, que ha llegado a plantear movilizaciones por lo que considera "una confiscación del ahorro de los ayuntamientos".

"No puedo entender esas críticas cuando estamos consiguiendo evitar un límite institucional haciendo que el Gobierno se quede con el déficit de los ayuntamientos e inyectamos más de 5.000 millones para programas de ayuda a domicilio, o de agenda urbana de los ayuntamientos", ha recalcado Montero.

La ministra ha recordado que el Gobierno hace una "importante" apuesta inversora con esta medida y ha asegurado que no necesita esa financiación procedente de los ayuntamientos porque la deuda española está funcionando muy bien en los mercados.

Montero ha proclamado que el Gobierno ha dialogado sobre este plan, de ahí el acuerdo firmado con la Federación Española de Municipios y Provincias, "que es el órgano oficial de interlocución con las entidades locales".

Preguntada si el Gobierno tiene un plan alternativo en caso de que el Congreso tumbe esta medida, ha dicho que "el plan B tendrían que tenerlo los partidos que están rechazando esta posibilidad ahora que el Gobierno mueve ficha para intentar responder a las expectativas de los ayuntamientos".

"Nosotros estamos haciendo una apuesta por el municipalismo y esperemos que esos alcaldes no arrastren a otros alcaldes", ha señalado, pues "sería una pena perder esa oportunidad".

Posibilidad para los ayuntamientos que no pueden acogerse

Sobre las quejas de los ayuntamientos en quiebra, que no tienen superávit y no se pueden acoger a este plan, Montero ha recordado que para esos consistorios se ha ofrecido la posibilidad de espaciar la carga de la deuda alargando los préstamos a corto, medio y largo plazo.

EEl alcalde de Cádiz, José María González, afirmó hace unos días que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz va a “luchar” para que el Gobierno central conceda a la ciudad los 13 millones de euros que, por población, le corresponderían a Cádiz

También ha señalado que los municipios de menos de 20.000 habitantes se podrán "agarrar" a medidas de las diputaciones que tienen superávit, con lo que pueden incorporarse a la suspensión de reglas de gasto y promover inversiones financieramente sostenibles.

En Cádiz, el PP ha pedido un pleno extraordinario de Diputación contra lo que consideran una incautación de los ahorros de la insitución provincial y de los ayuntamientos por parte de Pedro Sanchez.

En la rueda de prensa de la tarde en Mallorca, el presidente del Gobierno ha asegurado que que su Gabinete tiene la "máxima disponibilidad" y "la mano tendida" con todas las instituciones y, "singularmente, con los ayuntamientos", para negociar y dialogar. Así, está dispuesto a negociar un nuevo acuerdo o modificar el actual sobre los remanentes municipales con los ayuntamientos y los grupos parlamentarios,