Multa a la directora de una escuela taller en la que murió un profesor electrocutado

La responsable de la Casa de los Ordóñez, en Bornos, acepta el pago de 1.500 euros tras admitir que no había adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad en el centro

Momento en el que el cadáver del profesor fue sacado de la escuela, en 2008.
Momento en el que el cadáver del profesor fue sacado de la escuela, en 2008. / Ramón Aguilar
Julia Alarcón

08 de julio 2018 - 01:34

Cádiz/El 29 de enero de 2008, Francisco Javier García Jiménez, un monitor de la escuela taller Casa de los Ordóñez, en Bornos, fallecía a los 37 años de edad electrocutado mientras manipulaba unos cables cuando impartía clases a sus alumnos. Este fatal accidente derivó en un procedimiento judicial que ha tardado más de 10 años en resolverse. Hoy, una década después, la Justicia se ha pronunciado. La directora del centro ha sido condenada a pagar una multa de 1.500 euros como autora responsable de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de homicidio imprudente grave.

La gerente de la escuela taller bornense evitó la celebración del juicio el pasado 20 de junio toda vez que las partes implicadas en esta causa alcanzaron un acuerdo a varias bandas. La Fiscalía, la acusación particular ejercida por la familia del fallecido, la defensa y el letrado de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz y del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos llegaron al siguiente pacto: sustituir los dos años de cárcel que solicitaban las acusaciones inicialmente para la procesada por una multa de 1.500 euros (que ya ha sido abonada).

Dos informes previos advertían de las deficiencias del sistema eléctrico en la escuela

Esta conformidad no hubiese sido posible sin la confesión de la directora de la Casa de los Ordóñez, quien admitió que "no había dispuesto las mínimas medidas de seguridad necesarias para garantizar la integridad física tanto de los monitores como del alumnado en el desarrollo de la actividad del centro". Y ello pese a que había sido advertida por técnicos de prevención de las deficiencias en las instalaciones eléctricas de la escuela.

En materia de responsabilidad civil, el juez acordó una indemnización a favor de la madre, los hermanos y la esposa del fallecido de 95.000 euros, de los cuales 80.000 han corrido a cargo de la aseguradora de la acusada y los otros 15.000, a cuenta de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz.

hechos probados

El magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Jerez, que ha tramitado este caso, considera probado que el día 29 de enero de 2008, sobre las 14:00 horas, Francisco Javier García Jiménez se encontraba prestando sus servicios como monitor de electricidad en la escuela taller Casa de los Ordóñez, en Bornos, propiedad de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. En estas dependencias se desarrollaba desde el 27 de febrero de 2007 un proyecto de obras para rehabilitar la referida casa y que ésta funcionase como un centro cultural y juvenil en el municipio serrano.

En el momento de los hechos, el profesor estaba en compañía de un grupo de alumnos-trabajadores (de entre 16 y 25 años) montando un cuadro eléctrico auxiliar en la planta alta del edificio, carente de corriente.

Para ello, en lugar de sacar una nueva línea del cuadro principal de la obra (sito en la entrada de la planta baja), el monitor aprovechó una línea existente que llevaba corriente al cuadro auxiliar, situado en el patio trasero del edificio, haciendo un recorrido de varias decenas de metros desde el cuadro principal. Dicha línea reutilizaba un cable de cuatro hilos y tenía un empalme realizado de forma rudimentaria en su recorrido exterior por la fachada del inmueble.

El cuadro principal había sido montado hacía dos meses por el propio monitor accidentado en compañía de sus alumnos, pues el sistema eléctrico anterior era "antiguo" y estaba en "mal estado", como habían puesto de manifiesto hasta dos informes previos al trágico suceso. De una parte, la empresa de prevención Unipresalud constató el deterioro del equipamiento en una evaluación de riesgos que realizó 11 de abril de 2007. En su balance, advertía de "las deficiencias en las instalaciones y de la existencia de riesgo eléctrico". De otra parte, el informe emitido por los técnicos de la Unidad de Promoción y Desarrollo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), tras una visita en diciembre de 2007, reseñaba la presencia de un cuadro eléctrico "sin protección" y de un "cableado con riesgo de producir accidentes".

El día de los hechos, el trabajador se dirigió al cuadro general, bajó el magneto térmico correspondiente a 'archivo' y colocó dos cintas aislantes para mantenerlo abajo, si bien lo hizo de modo erróneo por cuanto debía haber pulsado el correspondiente a 'obra'.

Posteriormente, el monitor indicó a dos alumnos que pelaran los cables. Los jóvenes efectuaron la operación y el profesor les pidió los cables para proceder a realizar un empalme. "En ese momento se restableció el suministro eléctrico en Bornos, que había estado cortado desde las 5:00 horas hasta las 13:51, pasándole la corriente por el cuerpo, lo que ocasionó su muerte por electrocución".

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