"Nadie nos dio órdenes a la hora de adjudicar contratos"

Si en el Ayuntamiento de Rota existió una trama para beneficiar a empresas vinculadas al ex alcalde Lorenzo Sánchez, era algo desconocido por los funcionarios municipales. O, al menos, era algo desconocido por los funcionarios que ayer declararon ante el tribunal en la primera de las nuevas sesiones que han sido fijadas por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial en el denominado caso de los Uniformes.

Un total de 20 acusados, entre políticos, funcionarios y familiares de concejales y ex concejales de Rota, se sientan desde ayer en el banquillo después de que la querella presentada en 2012 por el PSOE local desembocara en un procedimiento en el que tanto el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Rota como el Ministerio Fiscal concluyeron que existían "indicios racionales de criminalidad" en diferentes adjudicaciones de contratos de suministros por parte del Ayuntamiento y de organismos municipales a empresas del sector textil vinculadas a Lorenzo Sánchez (Roteños Unidos), quien fuera alcalde desde 2003 hasta 2010. En concreto el fiscal entiende que estas firmas comerciales recibieron pedidos por valor de casi 800.000 euros entre los años 2003 y 2012.

"Ningún concejal nos dio jamás órdenes para adjudicar los contratos a una empresa determinada", "no sabíamos que había concejales vinculados a esas empresas" o "sabíamos que Lorenzo Sánchez tenía una empresa textil, pero desconocíamos su nombre y su dirección". Con frases como estas los primeros funcionarios -y un ex concejal- que ayer declararon ante el tribunal intentaron desmontar la teoría del fiscal de la existencia de una trama en el Consistorio.

Las declaraciones de más enjundia vendrán en las sesiones siguientes. La de hoy, por ejemplo, arrancará con la de la ex alcaldesa, Eva Corrales, y queda por escuchar no sólo a su predecesor, Lorenzo Sánchez, sino, también al alcalde de Chipiona, Antonio Peña, y a otros ex concejales, entre ellos Juan Antonio Liaño, Antonio Alcedo, Montemayor Laynez, Ismael Puyana, Auxiliadora Delgado y María del Carmen Laynez.

Pero ayer fue el día de los funcionarios. Y entre ellos declararon como acusados una trabajadora municipal de la Oficina Técnica, funcionaria desde 1988, que solía sustituir al secretario general del Ayuntamiento en la Mesa de Contratación y en la junta local de gobierno cuando éste estaba de vacaciones; y otra funcionaria de la Oficina Presupuestaria que sólo asistió a una reunión de la Mesa de Contratación (en 2004) en sustitución del interventor; y hasta un peón electricista que igualmente asistió a esa misma reunión como representante de la junta de personal. Todos negaron que supieran de la existencia de irregularidades a la hora de cerrar estas adjudicaciones, que llegaban a esa Mesa de Contratación con todos los parabienes previos . "Si hubiéramos sabido que había concejales vinculados a esas empresas, lo hubiéramos parado y lo hubiéramos investigado", dijo la primera de ellas.

Pero ayer fue también el día de Aremsa, la empresa municipal de Aguas. Dos cargos de este organismo -el director técnico y el director de Administración- también declararon. El fiscal puso sus miras de manera muy particular en un contrato para construir ocho bateas que le encargó a Aremsa la Delegación de Fiestas y que posteriormente la empresa de Aguas subcontrató a la empresa Pacheco Puyana, propiedad de la esposa de Lorenzo Sánchez y del ex concejal Ismael Puyana. Los dos técnicos negaron la existencia de irregularidades, explicaron que esa orden fue planteada porque Fiestas carecía puntualmente de consignación presupuestaria y puntualizaron que cuando se trataba de obras de menor cuantía los jefes de servicio elegían a sus proveedores de manera directa. Ambos negaron que supieran que dos de esas empresas adjudicatarias eran del entorno de Lorenzo Sánchez y no supieron precisar las razones por las que, a juicio del fiscal, el montante de los servicios contratados con estas firmas textiles creció paulatinamente desde los 14.000 euros del año 2004 a los 69.000 euros de cinco anualidades después.

El único ex político que declaró ayer fue Jesús Corrales, ex concejal de Roteños Unidos, quien explicó que las propuestas de adjucación "venían del Departamento de Compras" y que la junta de gobierno local jamás aprobó nada con informes contrarios. "Si había algún reparo, se aprobaba pero con la condición de que fuera subsanado", precisó.

Varias decenas de trabajadores del Ayuntamiento de Rota arroparon ayer en la Audiencia a los funcionarios acusados.