Navantia y Arabia Saudí presentan su sociedad conjunta para desarrollar las corbetas

Navantia y la empresa estatal saudí SAMI (Saudi Arabian Military Industries) han firmado este lunes un acuerdo para crear una empresa conjunta que se encargará de desarrollar los sistemas de combate de las corbetas que está fabricando el astillero español.

La nueva sociedad se denominará Sanni, acrónimo en inglés de las siglas Industrias Navales SAMI-Navantia, y ha sido presentada durante la feria de defensa IDEX que se está celebrando en Abu Dabi. SAMI será el titular del 51% del capital mientras que Navantia poseerá el 49% restante.

La compañía se encargará de integrar y adaptar los sistemas de gestión de combate de Navantia para las corbetas, según indicó Antonio Barberán, jefe ejecutivo de la alianza, en declaraciones a Reuters. La sociedad conjunta ya se recogía en el acuerdo suscrito el pasado mes de julio con Arabia Saudí para la construcción de las cinco corbetas.

SAMI es propiedad del Fondo Público de Inversión de Arabia Saudí y fue fundada en 2017. Según su consejero delegado, Andreas Schwer, el grupo espera generar ingresos por valor de más de 8.000 millones de euros en los próximos cinco años. Además, confía en que para el año 2030 las exportaciones aporten el 30% de su negocio.

"Para 2030 SAMI será algo más que un jugador regional. Queremos ser un actor global y situarnos entre las diez primeras empresas del mundo", señaló Schwer al diario Asharq Al-Awsat.

Acuerdo histórico

El contrato de Arabia Saudí es el mayor que ha firmado Navantia en su historia. Valorado en más de 1.800 millones de euros, garantiza la carga de trabajo durante cinco años y la generación de más de 6.000 empleos. Supondrá más de siete millones de horas de trabajo, de las que el 90% recaerán en el astillero de San Fernando.

El acuerdo estuvo a punto de ser cancelado después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, amenazara con anular la venta de 400 bombas de precisión para el ejército saudí. Ante las protestas de los trabajadores y el riesgo que suponía el estallido de una crisis laboral en la Bahía en vísperas de las elecciones andaluzas, el Gobierno de Pedro Sánchez rectificó y el encargo siguió adelante.