Operación Pando contra el cibercrimen en Cádiz: 150 estafas en 15 días y más de 40.000 euros defraudados

Seis detenidos en Cádiz, dos de ellos en prisión, por cometer 150 ciberestafas por todo el territorio nacional en 15 días y defraudar más de 40.000 euros. Son los números que arroja la Operación Pando, desarrollada por la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional en Cádiz.

No son los únicos datos. Según detalló este viernes en la Comisaría Provincial Alejandro Pérez, jefe de la Unidad de Delitos Tecnológicos, los arrestados formaban parte de una banda criminal que estafaba a las víctimas con sus datos bancarios para así comprar después artículos electrónicos de alta gama vía online.

Su modus operandi consistía en enviar mensajes de texto tipo sms con enlaces maliciosos para obtener los datos de los damnificados. También se hacían pasar por operadores de una entidad financiera para solicitar los números de cuenta y las tarjetas bancarias y utilizarlos posteriormente en hacer compras fraudulentas por internet, usurpando para ello la identidad de los perjudicados.

Realizado el pedido, “unos se dedicaban a sacarlos de las tiendas de entrega con la modalidad de autoservicio mientras que otros, al transporte de mercancías. En muchas ocasiones, optaban por la recogida exprés –en menos de 30 minutos– de los artículos adquiridos con el fin asegurarse su impunidad”, destacó Alejandro Pérez, que enumeró parte del género intervenido, tales como PlayStation, portátiles y otros productos tecnológicos, todos de alta gama.

"Los detenidos no tienen un perfil de delincuente habitual. Son jóvenes nacidos entre 1997 y 2004 de apariencia, en principio, normal y cuya herramienta delictiva es su propio terminal móvil", detalló el jefe de la Unidad de Delitos Tecnológicos, que añadió que "algunos son reincidentes, aunque la mayoría, no". Al principal investigado se le imputa además un delito de lesiones y robo de un vehículo a motor. La investigación continúa abierta y no se descartan futuras detenciones de otras personas implicadas.

Los detenidos, sin tener ingresos acreditados, llevaban una vida diaria de alto standing, con la utilización de vehículos de alta gama y con pagos en zonas de ocio nocturno, llegándose a descubrir que en una madrugada gastaron en menos de 56 segundos 1.360 euros y en otras ocasiones alquilaban embarcaciones, motos acuáticas y asistencia a fiestas VIP.

Por su parte, José Manuel Menacho, comisario jefe provincial de operaciones, ofreció otro dato, cuanto menos, preocupante: "2.300 persona han sido detenidas, encartadas o se han visto involucradas en algún tipo de ciberdelito en el último año en Cádiz".

Del mismo modo, el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, subrayó la labor de la Unidad de Delitos Tecnológicos de Cádiz para hacer frente a estas infracciones "que no son del futuro, sino del presente", e hizo un llamamiento a la prudencia de cara a las próximas compras navideñas ante posible fraudes.

Smishing y vishing

La investigación se inició a principios de octubre, cuando se tuvo constancia de que en un establecimiento dedicado a la venta de productos de electrónica, un cliente había intentado retirar una compra realizada a través de internet sobre la que se tenían indicios de ser fraudulenta.

El sospechoso fue requerido para que pasara por atención al cliente para acreditar su identidad antes de entregar el producto. Al verse en una situación comprometida al estar junto al personal de seguridad privada, el hombre huyó de forma súbita tras un forcejeo, lesionando a uno de los trabajadores que intentó sin éxito impedir su huida por la puerta del establecimiento.

Ante todo esto, se inició una investigación para tratar de identificar al sospechoso y descubrir al resto de implicados en las estafas realizadas mediante las compra de los citados artículos de electrónica. Tras el visionado de las cámaras de seguridad, se observó que el investigado huyó a bordo de un motocicleta conducida por otra persona que le esperaba fuera.

Las gestiones realizadas permitió la identificación del autor de los hechos, el cual tenía antecedentes por estafa, blanqueo y pertenencia a organización criminal. Tras estar plenamente identificado, se continuaron con las gestiones, comprobando que la motocicleta había sido robada en San Fernando.

Durante la instrucción de la investigación, los agentes fueron recabando información de denuncias sobre compras fraudulentas, en las que todas seguían el mismo modus operandi: llamaban por teléfono haciéndose pasar por una entidad bancaria y solicitando datos de cuentas y tarjetas bancarias para utilizarlos posteriormente para hacer compras fraudulentas online, usurpando la identidad de las víctimas y recogiendo los pedidos en puntos de entrega con la modalidad de autoservicio.

Al ver la operativa de la estafa, se logró identificar a otras dos personas que estaban concertadas con el principal investigado para efectuar compras fraudulentas en las cuentas bancarias de las víctimas, a las cuales usurpaban la identidad con un reparto de tareas bien definidas dentro del grupo, que estaba perfectamente jerarquizado. En muchas ocasiones los presuntos implicados iban acompañados de amigos directos y de confianza para evitar que su actividad ilícita transcendiera a otros círculos cercanos.