PP y Podemos, compañeros de viaje

El presunto fraude en la Formación tiene tres frentes abiertos. Uno de ellos es el judicial, con decenas de imputados, que van desde los responsables políticos al escalón más bajo, los técnicos, que temen que, al final, buena parte de la culpa recaiga sobre ellos, que no tenían ni la más mínima capacidad de decisión. No es una investigación centralizada, ya que un total de 18 juzgados llevan de una forma u otra la indagación.

El otro frente se encuentra en la propia Junta de Andalucía, que en su día quiso lavarse la cara con una investigación curso a curso que se encargó a la Consejería de Educación, a cuyo frente se encontraba Luciano Alonso. Alonso paralizó por completo la Formación y pidió un refuerzo de personal para examinar hasta dónde podrían haber llegado las irregularidades. Nunca se supo demasiado de esa investigación, pese a la cantidad de recursos que, según la Junta, se destinaron a ello. Un infome preliminar cifró en 72 millones los que tendrían que ser reintegrados. A día de hoy no se sabe cuánto se ha recuperado.

Ahora el tercer frente se abre en el Parlamento, con una comisión de investigación que PP y Podemos han empujado, pero sin que estén encontrando, según han denunciado, demasiada colaboración. Tanto PSOE como Ciudadanos han admitido la comisión de investigación, pero querían que se realizara con pausa y sin interferir la campaña electoral. Así parece estar sucediendo, ya que el portavoz del PP en el Parlamento, Carlos Rojas, ha denunciado que sólo les llegan con cuentagotas informes de las delegaciones provinciales, pero nada de los servicios centrales ni de intervención. Todos estos informes ya existen, debido a que en su día han sido requeridos por los juzgados o por la Consejería de Educación. De hecho, los técnicos de Formación denuncian que prácticamente su único trabajo en los últimos años ha sido realizar informes de cursos ya realizados.

Los técnicos han propuesto que, ya que existe un embudo en gestión económica para realizar la revisión de expedientes heredados del Servicio Andaluz de Empleo, se les forme y se contrate nuevo personal por bolsa de trabajo para evaluar la verdadera existencia de un fraude y evitar el riesgo de prescripción.

Los técnicos se ven en medio de una batalla política y están convencidos de que se está hablando de cantidades de fraude absolutamente infladas y de cursos fantasmas que sí que existieron y están acreditados.