Pepe y sus torpes crearon escuela

José C.M., el gerente de la empresa jerezana Inforec, el principal imputado en la red de venta de datos que, como adelantó este diario hace ya casi dos semanas, ha concluido con el procesamiento de cerca de 30 personas, creó escuela.

El peculiar sistema que se montó para vender a bancos y a empresas datos confidenciales, que le pasaban policías de las Comisarías de El Puerto y de Jerez, y un funcionario del Inem portuense (el que se contó que percibía 1.800 euros al mes por 1.000 informaciones, hasta pasar 35.621) y uno "no identificado" de la Jefatura de Tráfico de Cádiz, fue 'fusilada' por algunos de sus clientes: Otros empresarios a los que vendía las informaciones reservadas que le pasaban los agentes y los funcionarios, que se buscaron a su vez otros policías para que hicieran lo propio, logrando de este modo incrementar los beneficios que al final obtenían vendiendo esos datos a bancos ahorrándose al intermediario jerezano.

De ahí que, como ya se ha venido informando, las pesquisas, llevadas a cabo por agentes de Asuntos Internos de Madrid, fueron deparando fases y nuevas fases de la investigación, y piezas y más piezas separadas en el Juzgado de Instrucción 3 de El Puerto, al cargo del caso.

En los casi diez años que ya han transcurrido desde que Asuntos Internos comenzó a meterle mano a la red, ha llegado a haber más de 150 imputados, si bien finalmente la cifra ha quedado reducida a la quinta parte. Porque, como recoge el juez Miguel Ángel López Marchena en su auto, la ausencia de controles adecuados por parte de la Policía sobre el uso de sus terminales y sobre todo la ausencia de claves personales e intransferibles han impedido determinar "la identidad de un número importante de funcionarios que han podido cometer delitos investigados en la presente causa". Porque Asuntos Internos tenía sospechas sobre otros muchos policías de toda España, entre ellos, sobre un agente de la Comisaría de Cádiz y dos de Algeciras, pero finalmente no han sido procesados al no haber indicios suficientes.

No se libran empero, como ya se había informado, una decena de directivos de banco. Se trata de personal de sucursales en Jerez de Unicaja, BBVA, Caja San Fernando, La Caixa y Banco de Comercio, entre otros, que compraron supuestamente a los jerezanos informaciones reservadas sobre personas que requerían préstamos.

De funcionarios, caen el policía detenido en Jerez en 2001 (el de el Puerto, falleció dos años después), y dos destinados en la Comisaría de El Ferrol, que fueron captados para hacer lo propio por responsables de otra de las empresas clientes de Inforec, la burgalesa Incibur, y el jefe de área del Inem de El Puerto.

El resto de procesados se completa con empresarios, no pocos de los cuales plagiaron el sistema de José C, Pepe, del que llegaron a decir que era "el que daba mejor información en España". Gracias, lógicamente, a los funcionarios implicados, a los que se refirió como "los más torpes del mundo", cuando otro de sus compradores le recriminó que le había dado matrículas antiguas.

El resto de procesados proviene del mundo empresarial. Junto a los jerezanos José C.M. y su socio Leonardo Z., al frente de la empresa Compbuss, son incluidos los responsables de las empresas de Madrid Luengo y Asociados (Ignacio L.C. y David L.L.): la sevillana Consorcio Informático (Francisco M.M.); en Burgos, de Incibur (Ángel G.O.) y de Xestoría Inmobiliaria e Información Comercial de Galicia S.L., (Juan Manuel L.B.); y en Málaga, de Informálaga (Ernesto G.R. y José G.R.) Neodipol (José Carlos G.B.), Dipol (José Carlos G.B.), e Invesconsul ( Victoria P.R. cuñada de Ernesto, el de Informálaga).