Piden dos años y nueve meses de prisión para 'el grupo de los 10'

El Ministerio Fiscal ha pedido dos años y nueve meses de cárcel para cada uno de los diez jóvenes de Puerto Real, detenidos e imputados en diciembre de 2013 por su presunta participación en los altercados ocurridos en el puente José León de Carranza, durante una concentración de los trabajadores de Navantia.

En concreto, la Fiscalía solicita para cada uno de los miembros del conocido como grupo de los 10 una pena de un año y seis meses de prisión por un delito de desórdenes públicos, y un año y tres meses más por los daños ocasionados en el mobiliario público.

También pide, a cada uno de ellos, una multa a razón de seis euros diarios durante 18 meses, lo que supondría 1.740 euros, más IVA.

El juez ha requerido a los acusados que presten una fianza de 2.494 euros para asegurar las responsabilidades que pudieran imponérseles. Si no lo hacen se les embargarían los posibles bienes que tuvieran para asegurar esa suma.

El Ministerio Fiscal ha presentado ya el escrito de acusación y ha quedado abierto el juicio oral contra los diez puertorrealeños. Una vez que éstos presenten su defensa, el caso abandonará el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia de Puerto Real para pasar a manos de los de lo Penal de Cádiz.

Será ahí donde se juzgue a los diez imputados en una fecha que aún está por determinar, aunque se da por hecho que no será como mínimo hasta octubre o noviembre del próximo año.

Así, de aceptarse en el juicio la petición del fiscal, los acusados deberían entrar en prisión, descontándoseles a ocho de ellos los 15 días que ya pasaron en Puerto II, en diciembre de 2013. La defensa entiende que esto sería "absurdo" al tratarse de "gente sin antecedentes".

La acusación ha basado su petición en una serie de pruebas que vinculan a los diez jóvenes (de entre 24 y 30 años) a los destrozos que se produjeron hace casi un año, algo que desde la defensa de los chicos se considera que "carece de sentido". Entiende además la defensa que las pruebas que se obtuvieron fueron sacadas, principalmente, de los teléfonos móviles de los detenidos, sin su consentimiento y sin orden judicial que lo autorizara. Serían, por tanto, contrarias al derecho de defensa y a la propia Constitución, como ya han repetido los abogados de los chicos en más de una ocasión.

El conocido como grupo de los 10 fue detenido el 12 de diciembre de 2013 en los alrededores del polígono El Trocadero por su presunta participación en una serie de actos vandálicos que finalizaron con destrozos en el puente Carranza. Tras pasar la noche en el calabozo, el juez decretó la entrada en prisión de ocho de ellos. Tras permanecer 14 días internados en el centro penitenciario Puerto II, salieron en libertad con cargos y con una orden de alejamiento de 100 metros del puente.