El caso Pinar de Coig, de 2005, sienta hoy en el banquillo a Hernán Díaz

Hernán Díaz, ex alcalde de El Puerto de Santa María, así como su último concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, se sientan hoy en el banquillo, en el Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz, como acusados de haber permitido y favorecido la construcción ilegal de viviendas en la zona de Pinar de Coig.

El fiscal solicita para cada uno dos años de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público por nueve años por un delito continuado de prevaricación urbanística. La asociación Ecologistas en Acción, personada en la causa como acusación particular, pide cinco años de cárcel.

El procedimiento se remonta a 2005, cuando tres propietarios de viviendas denunciaron a los responsables municipales. Previamente, Ecologistas en Acción había denunciado ante la Fiscalía lo que había ocurrido en Pinar de Coig.

Lo que había sucedido, según relata el fiscal en su escrito de acusación provisional, es que entre los últimos meses de 2003 y 2005, Hernán Díaz, de Independientes Portuenses (IP), y Juan Carlos Rodríguez, uno como alcalde y el otro como teniente de alcalde delegado de Urbanismo, omitieron las medidas necesarias para restaurar la legalidad urbanística vulnerada en la zona de Pinar de Coig, que el Plan General de Ordenación Urbana vigente catalogaba como Sistema General de Espacios Libres.

Allí se estaban llevando a cabo obras de edificación de viviendas, explica el fiscal, pero Hernán Díaz y Juan Carlos Rodríguez no actuaban para detenerlas. Y ello pese al requerimiento que le había hecho al Ayuntamiento portuense la delegación provincial de la Obras Públicas y Transportes: el 31 de marzo de 204, la delegación instó al Ayuntamiento a adoptar "las medidas pertinentes en materia sancionadora y de protección de la legalidad urbanística" ante las obras de parcelación y urbanización detectadas en la zona de Los Naranjos-Pinar de Coig.

Esa omisión del entonces alcalde de El Puerto y de su concejal de Urbanismo, señala el fiscal, se vio reforzada por otras actuaciones de los acusados. No sólo no impidieron las construcciones ilegales ni restablecieron la legalidad urbanística sino que solicitaron a Sevillana de Electricidad suministros básicos, esto es, luz, para esa zona.

Eso lo hicieron en un escrito fechado el 27 de noviembre de 2003, relata el fiscal. Más adelante, agrega, el 3 de diciembre de 2003, los acusados solicitaron la paralización temporal de la contratación del suministro de energía eléctrica ante el mantenimiento de la calificación del suelo como no urbanizable en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Pero días después, señala el escrito de acusación del fiscal, el Ayuntamiento envió un nuevo escrito a Sevillana en el que anulaba la paralización y solicitaba la adopción de las medidas necesarias para facilitar la contratación del suministro eléctrico a los propietarios de parcelas y viviendas de la zona de Pinar de Coig.

El juicio fue señalado para el pasado enero en la Audiencia Provincial de Cádiz. Pero un grupo de propietarios de viviendas del núcleo Pinar de Coig que ejercía la acusación particular decidió retirarse del procedimiento de manera voluntaria. Eso provocó que el asunto pasara a un Juzgado de lo Penal (porque las penas solicitadas ya no correspondían a la Audiencia) y que dejasen de estar acusados el ex concejal de Urbanismo Pedro Alamillos, el propietario originario de la finca de Pinar de Coig, José Pinto Fuentes, y el intermediario en la venta de las parcelas, Rafael Pacheco Descalzo. Ni el fiscal ni Ecologistas en Acción los había acusado.

El juicio llega siete años después de las denuncias sobre lo que ocurría en Pinar de Coig y el papel que desempeñaba el Ayuntamiento en la construcción de viviendas en un terreno protegido.

La dos denuncias presentadas en 2005 se unieron en una misma diligencia que comenzó a tramitarse en el Juzgado de Instrucción número 2 de El Puerto.

Luego, a lo largo de 2006, los denunciados pasaron por el Juzgado para declarar. Pero no fue hasta 2010 cuando ese Juzgado portuense remitió el procedimiento a los Juzgados de lo Penal para que lo juzgasen.

Tras ser presentados los escritos de acusación, el Juzgado de lo Penal se inhibió en favor de la Audiencia Provincial. Y meses después, fue la Audiencia la que, al retirarse una de las acusaciones, también se inhibió.