Plantón a la Justicia en Cádiz

¿Se imagina usted por un momento que, de un día para otro, el colegio público donde estudian sus hijos cierra sus puertas? Salen del comedor y al día siguiente le han echado el cerrojo. No pueden acudir a él. O imaginen que tienen cita con el médico y su centro de salud ha sido clausurado horas antes y sin previo aviso. Una locura (ya lo demostró la pandemia). Nos echaríamos las manos a la cabeza y pondríamos el grito en el cielo. Protestaríamos, patalearíamos e insistiríamos en la restauración de un servicio que nos pertenece, porque es público, porque sale de nuestros bolsillos y porque es nuestro derecho.

Pues bien, eso ha pasado con los Juzgados de San José de la capital gaditana. Cerraron a mediados del pasado mes de noviembre por las deficiencias estructurales del edificio que albergaba hasta entonces los Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia. El inmueble se desalojó una tarde de forma repentina y precipitada, sin ofrecer una solución, al menos, provisional (algunas soluciones llegaron después aunque dejando mucho que desear).

Y así fue cómo la Justicia en Cádiz se paró, como si ya no se hubiese resentido bastante tras los meses de confinamiento duro por la pandemia del Covid-19; como si toda la maquinaria que lleva aparejada la Administración de Justicia no fuese de por sí lo suficientemente pesada como para, encima, ponerles palos a la rueda;como si fuese un servicio público de segunda o incluso de tercera categoría. Con razón dijo el otro día el letrado Fernando Estrella, vicedecano del Colegio de Abogados de Cádiz, que “la Justicia en Cádiz es un chapú”.

Lo cierto es que la clausura de los Juzgados de San José fue inesperada, pero no así las advertencias sobre el pésimo estado en el que se encontraba el edificio de Los Balbos, que venían de largo. En concreto, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (Staj) había denunciado hasta en tres ocasiones ante la Inspección de Trabajo las deficiencias del inmueble. Fue precisamente una de esas denuncias la que motivó que la Junta de Andalucía decidiera desocupar el inmueble mientras se encargaba un estudio de afección para conocer el estado real de una sede judicial cuyo sótano ya fue apuntalado y condenado por la Inspección de Trabajo años atrás.

No es cuestión baladí. A principios de diciembre, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Lorenzo del Río, vino a la capital gaditana y mantuvo un encuentro con diferentes autoridades. Fue el mismo Del Río quien anunció que se iban a acometer obras en San José y que las mismas podrían estar listas a principios de 2023, sin embargo, esta fecha ya ha sido puesta en entredicho por abogados y procuradores de Cádiz.

Estos operadores jurídicos se concentraron días atrás para protestar por la parálisis en los Juzgados de Instrucción y de Primera Instancia tras la clausura de San José y advirtieron que los trabajos que hay que llevar a cabo en la sede judicial son de una envergadura mayor de la que en un principio se había previsto, por lo que la reanudación de la actividad judicial se retrasará más allá de enero del próximo año.

La Junta de Andalucía intentó buscar soluciones para que la Justicia en Cádiz no echara el freno. Reubicó a los cuatro Juzgados de Instrucción en un espacio habilitado en el estadio Nuevo Mirandilla cedido por el SAE. En este mismo lugar recolocó al Juzgado de Guardia y al Servicio Común de Notificaciones y Embargos. De otra parte, a los Juzgados de Primera Instancia 1, 3 y 4 de Cádiz los mandó a teletrabajar (mientras que el 5 y el 6 funcionan con normalidad en su emplazamiento habitual en el Nuevo Mirandilla). Por último, la Consejería de Justicia acomodó el Juzgado de Instancia 2 en el edificio Proserpina de la capital gaditana, junto al Instancia 2 Bis.

Pese a esta mudanza, en teoría provisional, lo cierto es que todos los juicios están suspendidos hasta el 8 de enero de 2023. “Y el día 9 habrá que ver qué pasa. Dudo que las obras de San José estén culminadas para entonces; aún así, pongámonos en el mejor de los escenarios e imaginemos que están terminadas. El día 9 habrá que señalar de nuevo las vistas, reprogramar agendas... no va a ser llegar y celebrar. Es imposible”, explicaba un juez a este medio.

Que los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de una capital de provincia se encuentren en la situación actual es un hecho muy grave, porque esto igual repercute en un divorcio que en la tutela de un menor. Pero, sobre todo, afecta a un derecho fundamental como es la libertad. “Ahora mismo puede haber gente presa que debiera estar libre y viceversa, gente que está libre y tendría que estar entre rejas”, manifestaba otro letrado recientemente a raíz de la problemática surgida en la capital gaditana.

¿Y qué pasa cuando truena? Que nos acordamos de Santa Bárbara. La tan reclamada Ciudad de la Justicia para Cádiz se antoja ahora más necesaria que nunca y, sin embargo, quedan años para que sea una realidad.

Mañana se cumplirá justo un año de la firma del convenio por el cual el Ayuntamiento de Cádiz cedió de manera gratuita a la Junta de Andalucía terrenos en los antiguos depósitos de tabaco para que levante en ellos la tan anhelada Ciudad de la Justicia, un proyecto que pondrá fin a la dispersión de sedes judiciales que adolece la ciudad.

La inversión para esta actuación se cifró en 50 millones de euros, una cantidad muy por encima de los 463.295 euros que aparecen reflejados en los presupuestos de 2023 de la Junta de Andalucía para la Ciudad de la Justicia de Cádiz. Hace falta pues más voluntad presupuestaria por parte de la administración regional.

En medio de este cúmulo de despropósitos está el ciudadano, que es quien al fin y al cabo recibe un servicio deficitario y paga los platos rotos. Si los derechos no son accesibles, dejan de ser derechos y se convierten en privilegios, y eso no se puede tolerar.

Precisamente no están dispuestos a tolerarlo ni los funcionarios de Justicia ni los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), dos colectivos que han convocado en las últimas semanas varias protestas a las puertas de sus centros de trabajo.

Los funcionarios están en pie de guerra por la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa. Sindicatos como Staj, UGT, Comisiones Obreras, SPJ-USO y Csif denuncian que la LOEO no garantiza los actuales centros de destino ni las retribuciones y demás derechos laborales. “Puede suponer una importante reducción de puestos de trabajo y la supresión de servicios que presta la Administración de Justicia”, aseguran.

A juicio de los sindicatos, esta ley permite la movilidad geográfica del personal y la asignación de funciones correspondientes a otros centros de trabajo distintos de aquel en que se está destinado. Critican pues que esa “movilidad discrecional” puede ser utilizada para el control político de la Administración de Justicia a costa de los recortes de los derechos de los funcionarios.

De otra parte, los Letrados de la Administración de Justicia, antiguos secretarios, han secundado una huelga para exigir al Ministerio de Justicia que cumpla con los compromisos de mejoras laborales adquiridos con este cuerpo superior de la administración.

Ante el panorama descrito, sólo queda esperar que el año 2023 traiga buenas noticias para la Justicia en Cádiz, de lo contrario seguirá siendo “la eterna abandonada” en esta materia.