La Policía sospecha que los fondos perdidos alcanzan cifras millonarias

Los funcionarios municipales del Ayuntamiento de San Fernando detenidos en la tarde del miércoles por un delito de malversación de fondos públicos continuaban en la mañana de ayer prestando declaración tras pasar toda la noche en los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional. Clemente Ruiz García y María José Lebrero Decelis están acusados de ser los responsables de la desaparición de 468.623 euros de la Caja municipal, la cual custodiaban y controlaban en las dependencias del área de Economía y Hacienda desde hace 25 años.

Este importe sólo recoge el primer trimestre de este año, -es decir, entre enero y marzo-, periodo investigado por el propio Ayuntamiento y la Cámara de Cuentas de Andalucía, que se encuentra realizando desde el mes de diciembre la fiscalización de las cuentas municipales fruto del plan de actuaciones previsto por este organismo para 2008.

De esta manera, tal y como han confirmado a este periódico fuentes de la investigación, la cifra queda abierta a un incremento considerable de la cuantía -llegando incluso a darse cifras millonarias- de constatarse que esta práctica ilícita se realizara con anterioridad. También, puntualizan estas mismas fuentes, queda abierta la posibilidad de la implicación de más personas en este turbio asunto, fruto además de la declaración de uno de los implicados, quien apuntó a cargos de mayor responsabilidad.

A primera hora de la mañana de ayer comenzaba pues el interrogatorio de miembros de la Policía Judicial a la mujer, quien, según ha podido saber este periódico, tiene un grado de implicación menor en la comisión del delito. Al hombre se le tomó declaración a última hora de la tarde del miércoles, y en un principio no quiso responder a ninguna de las cuestiones que se le formularon. Sólo hablaría, así lo declaró en un principio, en presencia del juez instructor del caso.

Los dos solicitaron ser representados por abogados de oficio y los dos también pasaron la noche de ayer en las dependencias de la Policía, a la espera de ser puestos hoy a disposición del juzgado de instrucción de guardia esta semana. Los efectivos policiales no agotarán por tanto el plazo máximo de 72 horas establecido para mantenerlos retenidos antes de pasarlos a manos de la justicia, pero sí lo estiraban una jornada más ante la aparición de nuevos datos sobre el caso.

Unas pruebas que obligaban a ampliar los cauces de la investigación durante toda la tarde de ayer a fin de completar las diligencias que recibirá la jueza en la jornada de hoy. Incluso estaba previsto el registro de los domicilios de ambos acusados, así como de la inmobiliaria Nora, propiedad de C.R.G., ubicada además muy próxima a las dependencias de Economía y Hacienda. El negocio, ubicado en la calle San Marcos, permaneció abierto durante toda la mañana -e incluso su única empleada ignoraba los hechos- pero no así por la tarde.

Tanto en la inmobiliaria como en la casa del hombre, uno de los objetivos de este registro es, tal como ha podido saber este periódico, encontrar una cifra de dinero guardada que oscilaría entre los 6.000 y los 7.000 euros, procedente precisamente de la caja de cuentas municipal. La Policía Judicial también recababa datos a través de la toma de declaración a otros funcionarios municipales relacionados con el servicio, entre ellos la tesorera y el interventor, que ayer tarde se personaron en las dependencias policiales.

Precisamente la tesorera y el interventor, en compañía de letrado de los servicios jurídicos del Ayuntamiento isleño, fueron los encargados el miércoles de interponer la denuncia, para la cual presentaron un resumido informe de cuentas que detallaba las imprecisiones de la caja. De esta manera, desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo, está comprobada la existencia, mediante talones de cargo y documentación justificativa de ingresos, de 672.290 euros. E igualmente, en este mismo periodo, se constata un gasto de 214.528 euros, por lo que el balance de cuentas de la tesorería debería arrojar un saldo de 488.198 euros. Sin embargo, la caja sólo contenía 19.475 euros, por lo que el desfase económico alcanza los 468.723 euros.

Tras la presentación de estos datos, son estas tres personas -abogado, tesorera e interventor- quienes apuntan hacia los ahora detenidos como las únicas personas que manejaban los fondos líquidos municipales. Además, los denunciantes aportaron un dato que refuerzan las hipótesis policiales de un mayor grado de implicación de C.R.G., ya que es éste el que introduce en el programa informático la mayor parte de los ingresos registrados.

La investigación queda pues abierta a un abanico de posibilidades sobre el procedimiento con el que ambos sujetos supuestamente sustraían estas cantidades y sobre cómo disimulaban estas misteriosas desapariciones en las facturas. Una de las especulaciones apunta incluso a que después las devolvían.

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