Preparan un protocolo para la venta de los bienes incautados al narcotráfico

Los ministerios de Justicia e Interior y la Fiscalía General del Estado trabajan para reforzar sus mecanismos de colaboración en la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar y preparan un protocolo para garantizar la gestión y venta de los bienes incautados a las organizaciones criminales.

En una reunión mantenida este martes en la sede de Interior, los responsables de estas tres instituciones han analizado la evolución del narcotráfico en esa comarca gaditana desde que en julio de 2018 se puso en marcha el primer Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, que se ha sido ampliado dos veces y actualmente abarca las provincias de Cádiz, Málaga, Huelva, Almería, Granada y Sevilla.

La eficacia de la acción institucional contra el narcotráfico ha forzado a las organizaciones criminales a modificar su "modus operandi" y ampliar su radio de acción hacía zonas más alejadas de esa comarca gaditana y su zona de influencia, subraya Interior en un comunicado.

Unos cambios que obligan a buscar nuevas respuestas policiales, legislativas y judiciales a fenómenos recientes como el uso de embarcaciones de recreo para abastecer de combustible, víveres y repuestos a las narco-embarcaciones.

Asimismo, los ministros y el fiscal general del Estado han estudiado vías para reforzar la colaboración en las investigaciones contra los entramados económicos y de blanqueo de capitales de las organizaciones criminales.

En este sentido, destaca Interior, el encuentro ha servido "para abrir una línea de trabajo" que permita realizar un protocolo para garantizar la gestión y venta de los bienes incautados a las organizaciones de narcotráfico.

Al encuentro han asistido también el director del Centro de Inteligencia contra el terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), Manuel Navarrete, el subdirector general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, Carlos Meca, el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, y la fiscal de Sala jefa de la Secretaría Técnica, Ana García León.