Prisiones al rojo vivo

Cádiz/"Me enganchó del pelo, me tiró contra la pared, me pegó golpes durante 12 minutos, me arrancó el pelo, y me chafó los discos del cuello. Me rompió la mano y me provocó una contusión en la cabeza. A todo esto además hay que sumarle las secuelas sicológicas que me han hecho estar tres años de baja". Quien relata esta especie de pesadilla, una de tantas que se viven en las cárceles de la provincia, es Patricia, una funcionaria de prisiones de Puerto II que vivió en sus carnes un brutal ataque de una presa con problemas psíquicos. Cada día se producen en España una media de dos agresiones a funcionarios de prisiones. La causa principal del aumento porcentual de estos ataques es la ausencia de medios coercitivos adecuados, de formación continua y, sobre todo, del aumento de enfermos mentales entre la población reclusa.

Cansados de que sus peticiones no sean oídas en los foros adecuados y de que, según ellos, los sindicatos no presenten más batalla a la administración, 3.000 funcionarios de prisiones de todo el país han creado una plataforma denominada Unidos Funcionarios de Prisiones, que amenaza con alterar el débil equilibrio existente en las cárceles españolas, que están más al rojo vivo que nunca.

En la provincia el problema de las agresiones está a la orden del día. En los complejos Puerto I, Puerto II y Puerto III se han sucedido los episodios violentos en los últimos meses y algunos funcionarios relatan cómo les han quedado graves secuelas tras encontronazos con reclusos peligrosos.

El pasado martes, un grupo perteneciente a esta plataforma, se acercó hasta la Subdelegación de Gobierno de Cádiz donde entregó un manifiesto en el que vienen reflejadas sus reclamaciones. Uno de sus portavoces fue explicando algunos de los puntos más importantes para ellos. "Hay un montón de agresiones a funcionarios últimamente. No sólo en los centros de El Puerto sino en toda España, pero claro, lo que la ciudadanía no sabe es que no tenemos medios coercitivos adecuados, tenemos escudos que están caducados, no tenemos aerosoles, ni pistolas taser ni nada de nada. Y eso que nos enfrentamos a personas muy violentas". Muchas de ellas, apuntan, tienen problemas mentales que están sin tratar porque los centros penitenciarios sólo cuentan con un psiquiatra "que viene de vez en cuando y ve a unos 80 internos". La ausencia de manicomios ha provocado que este tipo de enfermos sean internados en los centros penitenciarios "y son ahora mismo lo más peligroso a lo que nos enfrentamos, porque una persona que es mala pues está más controlada, está en primer grado, en unas condiciones especiales, pero las que tienen problemas mentales no, conviven con el resto de internos. Y de vez en cuando salta la chispa". Cuentan que a veces no se toman la medicación como deben, la esconden, o no se diagnostica bien su enfermedad mental por la carencia de medios. "La suma de todo esto hace que las agresiones sean el pan nuestro de cada día", dice una funcionaria.

Los funcionarios por ejemplo tienen unos chalecos heredados de la Policía Nacional, "que están pasados, que tienen veinte años y que pesan una barbaridad", lo que les merma el margen de maniobra. Además son tallas únicas. Hay funcionarias a las que el chaleco les llega por la rodilla y no pueden ni moverse, con lo cual no se lo ponen.

Otro punto que les está afectando es que no son considerados autoridad, lo que quiere decir que un insulto o un empujón, "no se considera agresión". Eso está contemplado en el artículo 550 del código penal y sería desacato a la autoridad, pero al tener este rango, "en todo caso tendríamos que sufrir lesiones, y para eso tiene que haber una lesión grave, como por ejemplo que te quieran cortar el cuello, como ha pasado con el compañero. Una lesión tiene que tener hospitalización, puntos de sutura y demás", dice uno de los funcionarios presente en la protesta.

Patricia ha vivido en sus carnes lo que supone verse atacada por una interna. "Me enganchó del pelo, me tiró contra la pared, me pegó golpes durante 12 minutos...". La experiencia le ha dejado secuelas, tanto físicas como sicológicas, aunque no le impiden mantenerse firme defendiendo su trabajo. "En mi caso particular, con esta interna ya habíamos hecho varios informes y partes a la Secretaría General advirtiendo de su peligrosidad. Había estado aislada por agresiva, con las internas y con las funcionarias, podemos decir que no se adaptaba al medio. Estaba en primer grado en otra prisión pero en un experimento de la Secretaría General se decidió traerla a Puerto III en segundo grado a convivir con las demás. Sin embargo ella no se adaptaba. Tenía que tomar una medicación que pensamos que no se tomó. Y un día le salió su brote de agresividad. Yo la sabía llevar, pero ese día quería una serie de cosas que no se le podían dar y utilizó la violencia para intentar conseguirlas". Y ahí empezó su calvario. "En un momento así te preguntas por qué te ha pasado a ti, no entiendes por qué después de tantos informes y tanto escribir alertando de que esto podía pasar no se ha hecho nada hasta que pasa, y cuando llega la agresión lo único que recibí fue una disculpa por parte del inspector de la Secretaría General, que bueno, se agradece, pero creo que en mi caso se podía haber evitado. Hay que actuar de otra manera".

Patricia alerta que una agresión a un funcionario "les supone una sanción mínima y eso no puede ser".

Pero la violencia no se limita al interior de los centros. De hecho, en el exterior llegan las amenazas a los funcionarios y hasta a sus familiares. "Porque la población penitenciaria, sobre todo de los centros de El Puerto, vive por la zona, y luego te ve en la calle y te amenaza. Eso ha pasado también con una sicóloga, a la que amenazaban junto a su marido y a sus hijos. Aquí consideraron que no pasaba nada, que formaba parte del sueldo... hombre, me extraña que eso vaya en el sueldo por ejemplo de la Policía Nacional o la Guardia Civil", comentaba Patricia.

La crisis económica ha provocado también que durante los últimos años no se hayan convocado oposiciones al cuerpo de funcionarios de prisiones, lo que ha provocado un envejecimiento de la plantilla, tanto que en estos momentos la mitad está por encima de los 50 años y más del 66% supera los 45 años. En los primeros nueve meses de 2016 se registraron en las cárceles españolas aproximadamente unas 200 agresiones a funcionarios, lo que supone un incremento del 29%, según comentaron a este diario miembros de la plataforma.

Los funcionarios también destacan que trabajar con este tipo de gente quema mucho, no les gusta llegar a ese colegueo con los reclusos que se alcanza después de muchos años de contacto casi diario. Por eso consideran que es bueno que se les cambie de destino, "para que no nos identifiquen tanto, que no nos cojan esas manías persecutorias, a veces fruto de su enfermedad". Para evitarlo reclaman concursos como les ha prometido la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. "Luego ocurre que cuando los sacan, después de cinco años a lo mejor, son sólo a nivel de jefe para arriba, muy poquitas plazas porque necesitas mucha antigüedad. Si se dieran esos concursos anuales seguro que se evitaría que se produjeran muchos momentos de tensión".

Acusan además a la Secretaría General de haber sacado estos concursos con algo tan discriminatorio como es penalizar a la mujer por coger una excedencia por cuidado de hijos. Cuando la administración debe velar por conciliar la vida laboral y familiar. "Pues nada, diez puntos menos si se ha cogido una excedencia de este tipo en los últimos doce meses. Y sobre todo lo peor es que es algo que no han avisado, porque primero sacan las normas del concurso y después nos ponen estos condicionantes", afirma otra funcionaria. Con esto, consideran los propios profesionales, lo que hacen es incentivar las bajas, porque el que necesite cuidar de sus hijos lo va a hacer de una manera u otra.

Los sindicatos también realizan cursos que son los que luego puntúan a la hora del concurso a nivel nacional. La plataforma Unidos Funcionarios de Prisiones asegura que esos cursos los tendría que hacer la Secretaría General, "para que no haya mamoneos de yo me compro un curso, que es algo que podemos asegurar que se hace", dicen.

La crítica de los miembros de la plataforma en Cádiz es feroz contra Ángel Yuste, secretario general de Instituciones Penitenciarias, y Ana María Velasco, subdirectora general de Recursos Humanos, a quienes reclaman su dimisión. "Nos sentimos estafados, ninguneados, trabajamos con mucho miedo a la administración, más incluso que a los internos, a pesar de todo lo que está pasando, porque las persecuciones que sufrimos en el trabajo son tremendas, y cada vez que hacemos algo nos ponen en duda. Por ello pedimos la dimisión del secretario general de Instituciones Penitenciarias y de la subdirectora general, por mentirnos, por no ser honestos y porque no son buenos gestores".

Las críticas de estos 3.000 funcionarios, con presencia ya en 40 centros penitenciarios de toda España, alcanzan también a los sindicatos. "Se deben a la administración y no se van a pelear con ella por nosotros, porque por ahí hay mucho liberado. Así que por esto los funcionarios nos hemos agrupado en esta plataforma y vamos a entregar este manifiesto en toda España para que se conozcan las situaciones que padecemos y nuestras exigencias", dice una de las portavoces en la provincia.

Durante la última Feria de Sevilla los funcionarios llegaron a abordar al ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido. "Le abordamos en la feria con mucha educación, él también nos atendió con mucha educación, y le pedimos que nos escuchara. A raíz de ahí ha habido una reunión de un diputado del PSOE y otro de C's para presentarle nuestras quejas".

Una de las soluciones que la administración parece ser que estudia para dotar de más recursos a sus funcionarios es la privatización, algo que ellos no consideran viable. "Ya han privatizado varios sectores dentro de la administración penitenciaria y no han funcionado. Como el organismo autónomo, la seguridad exterior del centro, las propias empresas de mantenimiento, que son subcontratadas por contratas que cada vez tienen menos interés y menos compromiso, porque no saben si mañana van a ir a la calle. Además es un sitio muy complicado, tiene que ser gente con compromiso y gente bien pagada, porque aquí todos sabemos que la gente necesita dinero y todo es susceptible de... como ha pasado en Zuera (Zaragoza) por ejemplo, donde un trabajador de mantenimiento accedió a cerrar tratos con un interno a cambio de dinero".

Tampoco olvidan la situación de los interinos, a los que los funcionarios de carrera dicen necesitar por su falta de personal. "El trabajo que nos impone la burocracia es cada vez mayor. Es contradictorio pero cada vez tenemos menos internos pero más trabajo. Por la formación que necesitan, porque hay trabajadores a los que ponemos en Protocolo de Prevención de Suicidios, otros van a programas de enfermos mentales, que también necesitan mucho seguimiento, muchos controles, digamos que estamos sobrecargados de un trabajo muy administrativo, y eso requiere más personal", advierten los portavoces de la plataforma.

Lamentan sin embargo que funcionarios nacidos en la provincia que llevan años trabajando en centros penitenciarios de otras regiones quieren venir y que haya interinos ocupando esas plazas. "No pedimos que los echen, interinos y funcionarios de carrera, pero lo que reclamamos es que esas plazas buenas, digamos, con buen horario, con buen destino como es Cádiz, salgan para los funcionarios de carrera antes que nada, y las que sobren entonces que se oferten a los interinos después del concurso", reclaman.

Por último tampoco olvidan la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido durante los últimos años. "Desde la Secretaría General nos prometieron resarcirnos económicamente de varias bajadas y congelaciones de sueldo. Eso no se ha producido. Nos han subido un 1% y, por primera vez, cobramos menos o igual que un Policía Nacional o un Guardia Civil cuando nunca ha sido así, que no digo que ellos se merezcan cobrar menos, a lo mejor se merecen cobrar más, pero simplemente que nos prometieron algo que no han cumplido".