El caso de Rancho Linares centra las críticas a los cambios en el PGOU

Sólo una de las tres modificaciones puntuales del vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) contó con el respaldo de alguno de los grupos de la oposición durante el Pleno Municipal que se celebró en la mañana de ayer. Izquierda Unida apoyó la prevista en los terrenos ubicados a espaldas del centro comercial El Paseo (propiedad de la promotora Rochdale) pero votó en contra de la reclasificación prevista en el Rancho Linares por su impacto ambiental. Mientras, se abstuvo en la de los terrenos situados junto al Casino Bahía de Cádiz. PSOE e IP se abstuvieron en los tres cambios propuestos.

Aprovechando un decreto de la Junta de Andalucía del pasado año que agiliza los trámites para poner en carga nuevos suelos para la construcción preferente de viviendas de protección oficial, el Ayuntamiento está promoviendo actualmente tres modificaciones puntuales del vigente PGOU. Así, son dos reclasificaciones (cambio de suelo no urbanizable a urbanizable) y una recalificación (modificación del uso del suelo, en este caso de industrial a residencial). Los terrenos son tres espacios sin desarrollar en el eje norte de la antigua travesía de la N-IV: el Camino del Juncal, el Rancho Linares y unos terrenos anexos al Casino Bahía de Cádiz .

El decreto de la Junta establece que, como mínimo, el 50% de los las viviendas que se hagan en los terrenos que se desarrollen mediante este decreto debe destinarse a protección oficial. Así, según las estimaciones, en el Camino del Juncal se proyecta que el porcentaje alcance el 57% (528 de protección oficial), en Rancho Linares el 75% (945) y en el Casino el 62,5% (726). Pero, para llevar a cabo esta modificación, era necesario un trámite previo, que el vigente PGOU estuviera adaptado a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Para ello, ayer se dio el visto bueno definitivo a la adaptación del planeamiento tras el visto bueno de la Junta. Justo después, se inició el debate de las modificaciones. Tanto la concejala de Urbanismo, Patricia Ybarra, como el concejal del PA, Antonio Jesús Ruiz, defendieron las tres modificaciones sustentándolas en la necesidad de dotar a la ciudad de una importante bolsa de viviendas de protección oficial (con estos cambios se contemplan 2.199 viviendas) así como las importantes cesiones que harán los promotores.

La que más polémica suscitó fue la del Rancho Linares, dado que su desarrollo afectará a suelos considerados como forestales. Izquierda Unida, a través de Julio Acale, advirtió que el impacto ambiental "va a ser importante". En este sentido incidió en un informe del Área de Medio Ambiente que apunta que hay parte de zona protegida que será declarada como urbanizable (la Junta ya señaló que debían respetarse unos 169.000 metros cuadrados y la modificación sólo apunta 92.500 metros cuadrados). En respuesta, Ybarra dijo que "se ha puesto especial cuidado" para que el futuro desarrollo urbanístico respete las zonas arbóreas.

Ignacio García de Quirós (PSOE) justificó la abstención de su partido en que hay algunos aspectos todavía "por amarrar" en las modificaciones puntuales del PGOU, especialmente algunas de las infraestructuras que tendrán que ejecutar los promotores por su elevado coste (extremo negado por el Gobierno municipal). IP, finalmente, criticó estas modificaciones puntuales alegando que hay que potenciar el desarrollo del centro histórico y en dar soluciones a las viviendas ilegales.