Casi 300 monitores de Educación Especial se rebelan contra la Junta

La figura de los Técnicos de Integración Social (PTIS), encargados de atender en los centros públicos a los alumnos con necesidades especiales, resulta “esencial” en los colegios. Su dinámica de trabajo incluye no sólo tareas funcionales (trasladar a los niños, vigilarlos, control de esfínteres y alimentación), sino también, educacionales: “Trabajamos con ellos dentro del aula, los ayudamos con su trabajo diario. Para estos niños –explica María Jesús, una de las monitoras– somos un referente de apego y seguridad”, Sin los PTIS, la integración y la posible conciliación se hacen imposibles para muchos.

Los Técnicos de Integración Social (PTIS) e Intérpretes de Lengua de Signos (ILSE) de Andalucía estaban llamados este miércoles a una huelga en protesta por la creación de un bolsa de trabajo pública que no contempla la subrogación de los actuales trabajadores. El caso afecta, en total, a casi 300 personas, en su mayoría mujeres, que trabajan en centros públicos de toda la provincia de Cádiz –unas 1400 afectados en toda la comunidad autónoma–.

El motivo de la huelga –que ha contado con más del 90% de participación, según los sindicatos– es precisamente exigir a la Consejería de Educación y Deporte la subrogación del personal, según dicta el artículo 130.3 de la Ley de Contratación del Sector Público. Hay previstas más movilizaciones, como una concentración del miércoles que viene en la sede de la Delegación Provincial en la capital gaditana; o el próximo 29 de enero frente a la Consejería: si no se consigue una mesa de negociación, se convocarán dos jornadas más de huelga en febrero, y otra más en marzo, y no se descarta una convocatoria de huelga indefinida. CC.OO. denuncia, además, que “la Administración está utilizando una engañosa intencionalidad con las trabajadoras, haciéndoles creer que, para mantener sus empleos, la única solución pasa por inscribirse en una bolsa de trabajo, y que la Administración no es la culpable de que se pueda garantizar su continuidad”.

La situación irregular de los técnicos de educación especial –cuenta María Jesús– no es algo nuevo: se remonta, de hecho, a quince años atrás, “cuando desde la Junta se decidió externalizar este servicio. Al principio, la situación era precaria porque, al ser un servicio nuevo, no había ningún control por parte de la administración”. No podían ir al médico, no tenían días de asuntos propios, los salarios y los horarios los estipulaba la subcontrata: “Nunca hemos tenido una jornada completa de 25 horas, y te reducían las horas asignadas cuando querían –relata la portavoz–. En muchas ocasiones, además, con horario repartido entre centros:con lo que a veces podías compaginar y otras, no. Y terminabas tirando la toalla”.

Empezaron a denunciar la situación hasta conseguir el llamado Convenio Discapacidad, que ayudó a corregir la mayor parte que las irregularidades. A juicio de María Jesús y sus compañeros, sin embargo, el sistema educativo lleva años vendiendo como un logro un sistema de integración “basado en la precariedad”.

“Hemos callado mucho precisamente por ellos, por estos alumnos. Pero lo que se ha estado exponiendo no es totalmente cierto: un niño no puede estar en un colegio cinco o seis horas y yo con él sólo dos, y después correr a atender a otro perfil distinto. Eso no es integración”.

El origen del conflicto actual se remonta a 2016, cuando queda claro que la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) no tiene competencias para la contratación de servicios de educación especial, y se abre un plazo (hasta 2022) para que la Consejería transforme en públicos los actuales puestos. La creación de una bolsa de empleo única –“sin tener en cuenta ni las peticiones ni el trabajo de los técnicos”– ha sido una decepción. Sobre todo, cuando –subrayan los implicados– antes del verano, el consejero de Educación, Javier Imbroda, había prometido “una bolsa orientada a los actuales trabajadores, además de certificados de experiencia y de profesionalidad”. La promesa caería posteriormente, durante la negociación con los sindicatos. Los actuales monitores, por ejemplo, no computarían a tiempo completo: “Un curso entero trabajando constaría como tres o cuatro meses –explica María Jesús–. Tras años trabajando para la Junta, es normal que nos sintamos utilizados. Afortunadamente, contamos el apoyo de la comunidad educativa, padres y ampas”.