El alcalde de San José del Valle destituye a dos concejalas de su gobierno tras un supuesto caso de coacciones

La división en el PSOE vallense acaba en los tribunales

El envío de un anónimo con una grabación en la que un concejal de su confianza supuestamente gestionaba una factura falsa ha derivado en una denuncia del regidor ante la Guardia Civil que ya ha trasladado el caso a los Juzgados de Jerez

Antonio González Carretero, alcalde de San José del Valle.
Antonio González Carretero, alcalde de San José del Valle. / Manuel Aragón Pina

El alcalde de San José del Valle, el socialista Antonio González Carretero, ha cesado fulminantemente de todas sus competencias municipales a dos concejalas de su equipo de gobierno tras un supuesto caso de coacciones hacia su persona que ya está en manos de la Justicia. Estas dos concejalas se han quedado fuera del gobierno municipal y todo apunta a que serán expulsadas como militantes del PSOE en cuestión de pocos días.

Estos acontecimientos, que han venido a corroborar la división interna que hay en el PSOE vallense desde hace meses, alcanzó su punto álgido en la segunda quincena de enero cuando tanto el alcalde como la ejecutiva provincial del PSOE recibieron sendos anónimos en los que se exigía la dimisión inminente del alcalde de San José del Valle porque en caso contrario se haría pública una grabación en la que un concejal muy cercano a Antonio González Carretero supuestamente gestionaba una factura falsa en un comercio de esta localidad.

Pocos días después, y siguiendo las instrucciones marcadas por la ejecutiva provincial del PSOE, Antonio González Carretero presentaba el 27 de enero una denuncia por coacciones en el cuartel de la Guardia Civil de Jerez. En su denuncia el alcalde no acusaba a nadie, al no tener pruebas. Sin embargo, y según ha podido conocer este periódico, los primeros indicios señalaban como principales responsables del envío de este anónimo a estas dos concejalas, Vanesa Pérez y Yolanda Aceituno, ya que al parecer ambas fueron grabadas enviando esos sobres desde la ventanilla de una oficina de Correos de Jerez. Incluso, ambas fueron llamadas a declarar días después ante la propia Guardia Civil, que ya ha derivado el asunto a los Juzgados de Jerez.

Tras tener conocimiento de estos hechos lo que hizo el alcalde el pasado lunes fue cesar fulminantemente a estas dos ediles que eran, además, su segunda y tercera tenientes de alcalde. No sólo las echaba del equipo de gobierno sino que además les arrebataba las áreas municipales que tenían a su cargo y que no eran pocas. Vanesa Pérez, por ejemplo, gestionaba Igualdad, Turismo, Bienestar Social y Comercio y Yolanda Aceituno era la responsable de Fiestas, Seguridad Ciudadana y Gestión de Edificios Públicos.

En la nueva conformación de su gobierno local Antonio González mantiene a Jerónimo Gámez como primer teniente de alcalde, nombra a Manuel Saborido y a Ana María Díaz como segundo y tercer tenientes de alcalde, respectivamente, y reparte las diferentes áreas municipales entre estos tres concejales y entre los otros dos miembros del Grupo Municipal Socialista que le siguen siendo fieles, es decir, José María Durán y Catalina Cantizano.

Las dos concejalas destituidas se mantienen de momento en el Grupo Socialista pero sin responsabilidades a su cargo. No obstante su situación puede cambiar si, como parece más que probable, la ejecutiva provincial del PSOE les abre un expediente de expulsión como militantes, algo que no se descarta que suceda esta misma semana. En cualquier caso, el alcalde de San José del Valle no ve peligrar la estabilidad de su gobierno ya que en las elecciones municipales de 2019 el PSOE logró ocho de los 11 concejales, En la oposición quedan dos ediles del PP y uno de Ciudadanos. En el peor de los casos aún tendría a su lado a seis de los 11 concejales que conforman el salón de plenos.

Hay que recordar que Antonio González Carretero fue condenado el año pasado a nueve años de inhabilitación por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que anulaba así una anterior sentencia absolutoria dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz. El alcalde vallense era condenado por cometer un delito de prevaricación al no querer derribar, ni sancionar siquiera, una construcción ilegal levantada en su municipio. Esta condena, sin embargo, no es aún firme ya que el regidor vallense presentó a mediados del año pasado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que aún no ha sido resuelto.

De momento ni el alcalde, ni as dos concejalas destituidas han hecho declaraciones sobre lo sucedido.

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