Sequía en Cádiz: Los embalses de la provincia descienden al 28,3%
déficit hídrico
Gestores, agricultores y ecologistas coinciden en señalar el carácter estructural de la falta de recurso
El pantano de Bornos, a un 12,8%, es el que presenta un nivel más bajo
Según las cifras que arrojaba este viernes la Red Hidrosur, Red Hidrosur,que muestra los datos recogidos por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, la media de los embalses de la provincia se sitúa en el 28,39% de su capacidad. No hay que ser alarmista, ni exagerado, ni redomado colapsista, para concluir que es una cifra raquítica, aun en verano. Las estampas acompañan: orillas con barquitas varadas, fondos sobre los que debería haber varios metros de agua. Hacía ya más de una semana que el nivel de los pantanos gaditanos había bajado del 30% en su cómputo total, un dato que hace preocuparse incluso al más ferviente creyente en aquello de Dios proveerá. Así, la reserva de nuestros embalses asciende actualmente a los 515,02 hectómetros cúbicos, frente a los 646,63 que acumulaba en la misma semana del año pasado.
De la red de embalses gaditanos, los recursos más pequeños son los que mantienen un mayor porcentaje de sus reservas. Así, el de Arcos, con una capacidad de 14,6 hectómetros cúbicos se muestra casi lleno, con un 90,48% de su total; mientras que el de Almodóvar –el más pequeño de la provincia, con 5,68 hm3–, sigue conservando un 66,73% de su embalse. En el lado contrario, está el pantano de Bornos, que retiene un 12,8% de sus 200,2 hm3. Le sigue por la cola el de Barbate, con tan sólo un 16,27% de su balsa de agua.
El gigante de la provincia de Cádiz, el embalse de Guadalcacín, que supera los 800 hectómetros cúbicos de retención, hoy día no llega a un tercio de su capacidad, arrojando 235,57 hm3, un 29,44% de su total.
Una situación, desde luego, que es la tónica en el resto del país, donde el agua disponible en los pantanos ha caído ya por debajo del 40 por ciento(39,18%), frente al porcentaje que arrojaban durante la misma semana del año anterior, un 46,83%.
La carencia actual es resultado de varios factores: de una temporada larga, tres años ya, de régimen seco; de un índice pluviométrico irregular, que no llega tampoco a los registros habituales –es cierto que el pasado otoño e invierno fueron secos, pero esta primavera ha llovido bastante– y de un consumo cada vez más insaciable.
De hecho, aunque en otoño llovió un 17% por debajo de la media –apuntan desde Ecologistas en Acción–, las lluvias de abril lo hicieron un 12% por encima. Aun así, los embalses se encuentran 20 puntos porcentuales por debajo de la media de la última década en la misma fecha. En la provincia, un 30 por ciento –la media que arrojaban los embalses gaditanos para mediados de agosto en los últimos diez años se sitúa en un 60% de su capacidad–.
“Más que a la falta de lluvias –explican–, esta situación se debe a un exceso de consumo, generado por el regadío, cuya superficie no para de crecer. De hecho, supone actualmente entre el 85% y el 93 % del consumo total de agua en nuestro país, dependiendo de si se contabilizan los retornos”.
Prueba de ello, continúan los ecologistas, la tenemos al comparar el nivel de los embalses situados en la Comunidad de Madrid con los del resto del Estado: en Madrid, donde el recurso se dedica casi exclusivamente al abastecimiento urbano, los embalses se encuentran al 63 % (23 puntos porcentuales por encima de la media del país). En Andalucía, donde la mayor parte del agua se destina al regadío, se encuentran de media ahora por debajo del 30 por ciento.
Para desgracia del periodismo, no siempre dato mata a relato, pero hay cifras, como esta, que son contundentes. Así, Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, declaraba esta semana que España tenía que disminuir sus hectáreas de regadío.
El sector agrícola se lleva en torno a un 70% del agua en la provincia, según indica el presidente de Asaja, Pedro Gallardo. Para Antonio Amarillo, uno de los implicados en el área de Agua de Ecologistas en Acción, esta proporción sube al 87% en la cuenca del Guadalquivir . La situación de la provincia gaditana es “preocupante” a pesar de vivir en un clima que ha soportado históricamente las sequías como algo natural, “pero en esta ocasión, hay que ligar la sequía meteorológica a la sequía estructural, es decir, a la menor disponibilidad del agua debido del alto uso agrario. Así, mientras las precipitaciones y los recursos hídricos disminuían, las peticiones del sector agrícola aumentaban”.
Amarillo admite que no se puede criminalizar, y hay que distinguir dentro del campo, “pero muchas veces, vemos incentivado por la propia administración el cultivo en régimen intensivo o superintensivo, como el olivar en la campiña de Jerez, o incluso los almendros; aparte de cultivos como el aguacate o el mango, que no se dan solo en la costa tropical de Málaga y Granada, sino en provincias como Cádiz o Huelva. Son cultivos que tienen una alta demanda, que suelen responder a fondos de inversión y que, para colmo y a pesar del discurso que se da, se traducen en menos jornales mientras se van desplazando agriculturas tradicionales y más cercanas”.
Para el campo, este año agrícola, que empieza en septiembre, lo hará con un déficit hídrico muy alto, “o llueve mucho en otoño, o va a haber muchos agricultores que se van a pensar si riegan o no riegan, porque hay que echarle mucho dinero a la hectárea. Ya llevamos cuatro años prácticamente secos. Un quinto año difícilmente lo vamos a soportar, y ya sería tirar de ayudas directas, tanto de Europa como nacionales para paliar la situación”, afirma el presidente de Asaja, Pedro Gallardo.
El futuro inmediato se presenta para el sector con bastante incertidumbre, después de una temporada que ha sido mala para el trigo, el girasol –hectáreas que antes se saldaban con 2.000 kilos en la provincia, ahora salen con la mitad– y el olivar. Por no hablar de la vendimia. A pesar de que la siembra de maíz, a partir del uso de los terrenos en barbecho para paliar los efectos de la guerra de Ucrania, se ha incrementado un 8-10% a nivel nacional, se ha cosechado menos que el año pasado.
Gallardo recuerda los cortes de agua de los noventa y señala que, desde entonces, “aquí habría que haber hecho más embalses. Muchos políticos –continúa– se dejan llevar por las tesis ambientalistas, pero desconocen el campo. Un agricultor lo que quiere es dejar la tierra en mejores condiciones, con un suelo más fértil. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer: ya lo hemos visto con los incendios, que si dejas que la naturaleza haga lo que quiera, y dejas de lado labores como lo que se hacía con el picón, cortar árboles, clareos y demás, pues tienes un polvorín”.
El presidente de Asaja defiende las inversiones y la optimización de los actuales sistemas de riego – los sistemas de goteo con detección a partir de sensores manejados con aplicaciones, o el uso de la energía eólica o solar–, aunque admite que el regadío, con el cambio climático, “cada vez va a producir menos, con lo que necesita inversiones”. Mientras, el secano está ya arrinconado: “Cada vez va a dar menos por las limitaciones fitosanitarias y porque sus semillas no están adaptadas al cambio climático –explica Gallardo–. Sólo donde hay agua hay garantía de prosperidad. Para hacer rentable un secano, necesitas muchísimas hectáreas: en España, doce de hectáreas de secano tienen el mismo valor que cuatro de regadío”.
Mucha de la experiencia de las innovaciones realizadas en España, asegura, la están adaptando ya en otros países europeos, “ya que el cambio climático ya está llegando al norte –indica–. Antes, tú le hablabas de lo que hacías a un lituano y no tenía nada que ver, sus problemas estaban relacionados con evitar que el campo se le anegara de agua... Pero ya vemos que hay sequía en Reino Unido, en Alemania, en los Países Bálticos...”
Aunque la actual delegada de Agricultura de la Junta, Ana Bertón, elogia la disposición de los agricultores, “adaptando sus cultivos a las dotaciones de agua”, Antonio Amarillo es más escéptico, apuntando que el año pasado “incluso el Tribunal de Cuentas europeo cuestionó que la agricultura modernizada estuviera ahorrando agua, porque lo que se hace es aumentar la superficie regable, con lo cual ya va menos agua al retorno, a los ríos. No sólo no llueve y hay mayor evaporación por las altas temperaturas, sino que la mayor superficie de riego demanda cada vez más agua. Además de que no tiene sentido que se apueste por cultivos que son grandes consumidores de agua en regiones como esta”.
Para el ecologista, las campañas administrativas de ahorro del agua suelen estar viciadas: “Y lo están porque inciden de manera abrumadora en el consumo humano, que es el primer consumo garantizado (el último en tocarse) pero, siempre que se lanzan este tipo de mensajes, se pone el foco en los hogares, no en el riego –comenta–. Ocurre que es un discurso que tiene legitimidad, y cuenta con la buena disposición de la mayoría de los ciudadanos y es muy difícil, además, intentar cambiar esa imagen preconcebida en la que asociamos regadíos a bien social, a más empleo y mayor fijación de población”.
Para Ana Bertón, “aunque no sea tan visible, el trabajo de control que realizan los técnicos se hace bajo la premisa de que el agua es un bien preciado para nuestra comunidad, controlando la eficiencia y actuando de manera responsable”. Bertón recuerda, de hecho, que Moreno Bonilla, bien consciente de la realidad, ya ha dicho que esta legislatura será la del agua. Para los ecologistas, sin embargo, la inclusión de las competencias del agua dentro del saco de Agricultura en Andalucía es toda una declaración de intenciones:“Parece que se va a apostar porque se sigan haciendo infraestructuras, embalses, trasvases... Pero la realidad es que llueve menos en todas partes”, indica al respecto Amarillo. Si te llevas el agua del sitio, no vuelve a aparecer mágicamente: “Lo único que hacen estos discursos es disparar las expectativas, las demandas y crear conflictos territoriales”.
Antonio Amarillo pone el ejemplo del anuncio del recrecimiento del embalse de Aznacóllar, con Asaja solicitando ya 10 hectómetros cúbicos de regadíos y Emasesa otros 10 para Sevilla y su área metropolitana. Otro ejemplo de desmesura y demanda: “El Plan Hidrológico del Guadalquivir, que se va a aprobar a final del año, incluye la dotación para el estudio de un embalse en Jaén con una capacidad de 290 hectómetros. Sólo el plan se financia con cinco millones de euros, cuando la realidad es que la media de los pantanos que lo rodean no han pasado del 50% de su capacidad en la última década, así que es un proyecto que no va a tener viabilidad”.
Dentro de los conceptos que todos hemos asumido respecto a las políticas del agua, está el de cuencas excedentarias y deficitarias, “y esto sucede –prosigue Amarillo– porque se entiende el agua como un bien productivo. Como hemos dicho, al respecto, las intenciones del gobierno andaluz creo que están quedando bien definidas al pasar las competencias del agua a Agricultura”.
Según la normativa europea, la prioridad a nivel de políticas del agua es el buen estado ecológico de las masas de agua superficiales y subterráneas. Algo en las antípodas de hacer tiralíneas pensando sólo “en la demanda agraria y en el sector turístico ligado a macrourbanizaciones como las que se proyectan en Tarifa, Vejer y Barbate, con campos de golf incluidos”, añaden desde Ecologistas en Acción.
“Sin duda –admite Antonio Amarillo–, apostar por cultivos que se adapten al agua disponible va a acarrear medidas impopulares, pero cuanto más tarde lo valoremos, mayores serán los costes sociales. Parece que nadie se toma el tema en serio, patada al balón y cuando se pinche, ya veremos. Y en el debate político, por supuesto, es inútil buscar un término medio”.
Y no sólo en lo que respecta al campo. El secretario de Estado de Medio Ambiente no descartaba que los recortes de agua se puedan aplicar también al sector turístico –establecimientos hoteleros y otros “usos lúdicos”– en futuras temporadas.
El decreto de sequía de 2021 incluía al Campo de Gibraltar como zona de sequía excepcional severa. La comarca se libró de las restricciones para el consumo humano por las lluvias de la pasada primavera. El BOJA ya prohibía, recuerda Ana Bertón, el uso de recursos hídricos aptos para el consumo humano para usos como baldeo de calles, llenado de piscinas privadas o lavado de coches, o la limitación en los riegos de uso agrícola de hasta un 50%. Además de obras de mejora en la ETAP Arenillas en lo que respecta al tratamiento de fangos, aumentando la capacidad de tratamiento de la planta, llegando hasta los 600 l/s y permitiendo así mayores recursos en este sistema.
Por ahora, durante este verano, en la provincia el consumo humano no se ha visto afectado, como sí está ocurriendo en puntos de Sevilla o la sierra de Huelva, “municipios que suelen ser pequeños y no están asociados a un gran consorcio del agua, con lo que sus limitaciones son mayores”, apunta Antonio Amarillo, que insiste en que muchas de las obras previstas aún no se han resuelto, mientras que se dan pérdidas en redes de hasta el 50%. El año hídrico comienza el próximo mes de octubre, que será cuando se pongan en marcha, recuerda también Ana Bertón, medidas concretas respecto al uso del agua.
De momento, los ecologistas recuerdan que Moreno ya había anunciado la eliminación del canon de mejora autonómico –destinado a depuradoras y saneamiento– para el año 2023. “Aparte de ser una irresponsabilidad –indica Amarillo–, manda el mensaje de que esos pequeños municipios son los que tendrán que sufragar las obras de saneamiento y depuración”. Todo ello, en el marco del gran multazo europeo que, en el caso andaluz, se tradujo en el pago de 2,2 millones de euros cada semestre 2,2 millones de euros cada semestre–de las nueve depuradoras señaladas, siete estaban en Andalucía, aunque dos ya han entrado en funcionamiento–.
“Un débito –comenta Amarillo– que en algunos lugares siguen pagando mientras tienen cortes de agua: quizá sea una estrategia electoralista o de confrontación con el gobierno estatal, pero es contraproducente e irresponsable eliminar durante un año un impuesto que sirve para sufragar actuaciones de abastecimiento”.
Ana Bertón señala que esta ha sido la legislatura que más ha hecho por la depuración del agua, tras el vacío de la anterior, “poniendo en funcionamiento plantas como las de Puerto Real, Jerez, pronto la de Setenil, y ampliando en breve la de Chiclana”. A la hidra, sin embargo, no hacen más que salirle cabezas: la UE plantea una nueva infracción que, en el caso gaditano, afectaría a las localidades de Sanlúcar y La Línea.
“El 34% de las depuradoras andaluzas no cumplen los requisitos –calcula Amarillo–, aunque el porcentaje entre provincias es muy desigual. En el caso gaditano, el 61% de las 44 que hay sí que cumplen la normativa”.
“Desde la sequía de los años noventa, se han aprobado planes de gestión, de riesgo de inundación, etc. –admite el ecologista–. La realidad que ya estamos experimentando es que cada vez va a llover menos y las temperaturas van a subir más, por lo que se prevé que los retornos disminuyan entre un 9 y un 17 por ciento, con lo que habrá menos agua en los cauces de los ríos”.
Sobre las cosas del agua mandan ayuntamientos, mancomunidades, autonomías, gobierno central, Unión Europea. En fin:“Le hemos pedido al gobierno de España la convocatoria de una Mesa Nacional de la Sequía porque no podemos estar solos, buscando precisamente la coordinación y el interés general –añade al respecto Ana Bertón–. Hay presas que desperdician mucho, al igual que las depuradoras o los sistemas terciarios de utilización de aguas residuales”.
“Se echa en falta un liderazgo en la gobernanza –apunta Antonio Amarillo–. Cada administración hace de su capa un sayo y no es poco frecuente que entren en guerras que terminan traduciéndose en bajada de impuestos, y bajada de calidad de los servicios. Hay casos en los que se han abandonado depuradoras porque el ayuntamiento no era capaz de mantenerlas (el coste energético es enorme), o se colocan en sitios que no son los más convenientes”.
Para coordinar todas las líneas, lo ideal sería formar un “comité de seguimiento con unos indicadores para que todo el mundo supiera cómo se están ejecutando las infraestructuras y que coordine a todas las administraciones, porque no existe un orden de prioridad establecido”.
José Manuel Alcántara: "El Campo de Gibraltar tiene un 15% más de agua que en 2021"
El área del Campo de Gibraltar entró el 15 de octubre pasado en el límite de sequía excepcional. ARCGISA, la empresa pública de gestión de Agua y Residuos del Campo de Gibraltar, activó su plan de sequía y se convocó a la Mesa de la Sequía, con todos los sectores implicados. Hoy día, los embalses de la zona “cuentan con 10 hm3 más que el pasado año en las mismas fechas, en torno a un 15% más en términos porcentuales”, indica su presidente, José Manuel Alcántara. La Comarca estaba por tanto en una situación más compleja en 2021:“La mejora en la situación respecto al pasado año es consecuencia en gran parte de las medidas puestas en marcha”, puntualiza Alcántara, que señala que “el que las medidas continúen o se acentúen dependerá de las lluvias del próximo otoño. Si es igual o más seco que el del pasado año, habrá que adoptar medidas más restrictivas respecto al consumo”. La reunión al respecto está prevista a primeros de octubre, a inicios del próximo año hidrológico. Aun así, y aunque la situación no es como la de la temporada anterior, ARCGISA ya ha implementado medidas como la reducción de la presión en red, campañas de concienciación, reuniones con los grandes consumidores, control de fugas, etc:“El consumo desde nuestro sistema de agua en alta se ha reducido en el primer semestre en torno a un millón de metros cúbicos respecto al pasado año para el mismo periodo. Esto es aproximadamente un 6% de ahorro”, añade Alcántara. “En el Campo de Gibraltar –confirma el presidente de ARCGISA- esta es la situación más grave desde el año 1995, pero lo que comienza a ser preocupante es que es el tercer periodo seco en los últimos 20 años. La situación de escasez ha pasado a ser estructural, cosa que no lo era en nuestra comarca en las últimas décadas del siglo XX. Por eso ARCGISA ha hecho una apuesta clara por el uso de agua regenerada en sectores como el industrial o los campos de golf”. Así, con la colaboración de la Junta de Andalucía en las obras incorporadas al Decreto de Sequía se espera abastecer estos sectores con agua regenerada a corto plazo: “Los campos de golf –continúa– son una importante industria turística en nuestra comarca, y han hecho un importante esfuerzo por optimizar sus consumos en los últimos años. Las cifras de consumo de un campo son inferiores en un 40% a las de hace algo más de una década, y algunos ya efectúan parte del riego con agua regenerada”.
José Manuel Alcántara insiste en la necesidad para la Comarca de la Presa de Gibralmedina, que no sólo daría “garantías al abastecimiento, sino que solventaría la problemática ambiental del Rio Guadiaro sometido a una presión antrópica importante para abastecer a los regadíos del Valle del Guadiaro. Tanto el sector agrícola como los abastecimientos urbanos necesitan con urgencia esta importante obra”.
Para el presidente de ARCGISA, es peligroso achacar la actual falta de recurso al “sospechoso habitual:la sequía. De esta forma –apunta– se evade la responsabilidad de los que tenemos la competencia de gestionar. Pero la realidad es que si bien no se pueden cambiar las condiciones climáticas, sí hay que adoptar medidas para hacer un uso más eficiente. Las ciudades españolas necesitan unos 200.000 millones de euros para renovar redes de distribución, pero ahí chocamos con el segundo problema: las tarifas. Las tarifas y las inversiones en abastecimiento urbano –prosigue– son competencia de las entidades locales, y ahí la sensibilidad respecto a los incrementos tarifarios es muy alta. Como servicio, el abastecimiento de agua es de largo el más barato de nuestros hogares, poco más de un euro los 1.000 litros de agua en nuestro caso, y en general eso imposibilita el nivel de financiación de inversiones. Por último, confluye otra cuestión, la dispersión de responsabilidades y competencias en la gestión. Al ciudadano le cuesta identificar que responsabilidades tienen cada una de las administraciones, lo que hace difícil señalar a un responsable”.
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