Galería del crimen | Capítulo 22
Por el honor de nuestra vecina
Cádiz/Una semana de lluvias intermitentes o constantes pero tímidas, como las de la última, no acaban ni de lejos con la sequía que ha convertido a Cádiz en la provincia con el nivel de agua embalsada más bajo de toda España. Hacen falta auténticas trombas, de esas de 200 o más litros por metro cuadrado, para que los pantanos se enteren. El daño que puede ocasionar un temporal de ese tipo es sin duda inferior al que provocaría que la situación se prolongara en el tiempo. De hecho, en el hipotético caso de que no cayera una gota más hasta el verano, el agua para el consumo estaría garantizada sólo hasta septiembre de 2024.
No se trata de crear alarma ni de sembrar el pánico en la población. Es una cruda realidad que requiere de máxima responsabilidad tanto por parte de los dirigentes políticos como por parte de la población en general. La crisis del agua actual es aún más grave que la que se vivió en mitad de los 90 porque, al igual que ya pasó hace una década, desde el año 2000 los embalses que gestiona el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana se benefician del trasvase del Majaceite-Guadiaro, que representa un plus nada desdeñable de 35 hectómetros cúbicos de promedio al año. Así y todo, ahora estamos como estamos.
Más allá de dar explicación científica a la prolongada sequía, que en gran medida obedece en el caso de la provincia de Cádiz a la influencia de las corrientes de aire del Sahara en un contexto de calentamiento global del planeta, el difícil momento actual precisa de análisis de datos y medidas efectivas. Y en ello trabaja el Consorcio, que gestiona los embalses de Guadalcacín 1 y 2, así como el de Los Hurones, un ámbito que incluye llevar el líquido elemento a 20 municipios: los de la Bahía (Cádiz, San Fernando, El Puerto, Chiclana y Puerto Real), Jerez de la Frontera, las localidades del Noroeste (Rota, Chipiona, Sanlúcar y Trebujena), siete de las ocho de La Janda (Conil, Vejer, Barbate, Medina, Benalup, Paterna de Rivera y San José del Valle –queda fuera Alcalá de los Gazules-), dos de la Sierra (Arcos –en realidad, Jédula- y Algar) y Tarifa, aunque en este caso se trata de la zona costera de Atlanterra.
En total, la responsabilidad del Consorcio implica asegurar el suministro de agua potable a 850.000 personas en invierno, que requieren 165.000 metros cúbicos a diario, y a más de un millón de habitantes en verano, una estación más exigente también por el turismo y que precisa unos 330.000 metros cúbicos al día. Las cifras, que infunden respeto, no dejan de ser números sobre un papel. Sin embargo, hay un dato que llama especialmente la atención y que merece mención aparte: el 70% del agua embalsada se destina a la industria agrícola. Siete de cada 10 litros sostienen un sector necesario pero que no lo es más que el agua para el consumo humano. Aquí, en Andalucía, podíamos haber aprendido del Levante español, un referente que por ejemplo Huelva sí ha copiado para sus cultivos pero sin llegar a mejorar las fuentes, distribución y reparto del agua. En Cádiz, ni eso.
Cierto es que, tratándose de una las provincias con mayor capacidad de agua embalsada por habitante de todo el país y con el santo y seña que supone presumir del históricamente altísimo índice de pluviosidad de la Sierra de Grazalema, no era previsible que las presas prácticamente se fueran a vaciar. Nadie contemplaba este escenario. Por supuesto, tampoco lo contemplaba la Junta de Andalucía en calidad de máxima autoridad en cuanto a responsabilidad de los embalses.
Llegados a este punto, no queda otra que buscar soluciones. Algunas de las que se proponen son a medio plazo, otras a largo plazo, pero puede que al final se necesiten las más urgentes, las del corto plazo. En este sentido, resulta inevitable volver a los datos, reveladores a más no poder. Aproximadamente un 6,5% del agua embalsada en las presas gestionadas por el Consorcio de la Zona Gaditana se pierde por culpa de las averías y las fugas de las canalizaciones. No es cuestión de criticar las infraestructuras construidas en las décadas de los 50, 60 y 70, porque gracias a esas obras se ha podido vivir de las rentas hasta hoy en día. Sin embargo, en más de 40 años de democracia apenas se ha actuado, el 75% de las infraestructuras tienen más de medio siglo, las tuberías no dan para más y las reparaciones, afortunadamente las menos en las arterias principales de la red, son una constante.
La referida pérdida de agua, siendo grave, no es nada comparada con la que se produce una vez que los conductos llegan a los diferentes municipios, a través de las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP). En estos casos, la estimación se dispara hasta entre un 15 y un 20% de agua que no llega a los grifos, agua que se pierde por el camino por roturas y otras averías de difícil localización. Un auténtico disparate que cobra todavía más relevancia en tiempos de sequía.
La Junta, conocedora de la situación, ha calculado en más de 500 millones de euros la partida que destinará para las sustituciones de tuberías en la red que gestiona el Consorcio, que sólo incluye las canalizaciones hasta las ETAP. De la milmillonada que haría falta para sustituir las redes dentro de los municipios ni se habla. Para colmo, el dinero no estará en presupuestos hasta 2027, porque hasta entonces la prioridad de los gobernantes andaluces se centra en las depuradoras –el tratamiento de aguas sucias que se vierten al mar- y en las actuaciones de urgencia que pudieran producirse.
El Consorcio, mero gestor, se halla atado de pies y manos. Bastante tiene con ir tapando parches y escarbar en busca de recursos propios que justifican un incremento de 3 euros por recibo en base al incremento del IPC, la subida de salarios y el aumento de precio de los productos químicos que se necesitan para el tratamiento del agua potable en las ETAP. Unos químicos que, por otra parte, cada vez se usan más porque cuanto menos agua tienen los embalses, la que llega a las Estaciones lo hacen con más impurezas.
También aprovecha cualquier ocasión el Consorcio de la Zona Gaditana para concienciar a la población de la necesidad de ahorrar todo lo que se pueda a la hora de abrir los grifos. El agua potable es un bien escaso e imprescindible para la vida. Mala combinación. De momento se ha reducido un 20% la presión del agua que llega al consumidor, si bien esto no se nota en los supuestos de comunidades de vecinos que cuentan con depósito y bombas propias.
En un contexto de imprescindible ahorro de agua, hay una palabra que a buen seguro se escuchará mucho en los próximos meses si no llueve de forma abundante: difusor. En efecto, este pequeño mecanismo se enrosca en el grifo y pulveriza el agua que sale. Mismo rendimiento con menor cantidad de agua. Otras genialidades se utilizan desde hace mucho en países como Estados Unidos pero no aquí, como los depósitos de cisternas de wc que se llenan con el agua que se va por los desagües del lavabo, la ducha o el baño, de modo que se le da un nuevo uso. Tomen nota porque, por responsabilidad, debería ser algo más del presente que del futuro.
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