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Broncano
Cádiz/Unos 3.000 soldados y marineros activos en Cádiz irán abandonando las Fuerzas Armadas en los siguientes años al cumplir los 45 años de edad. Estos son los cálculos de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), que denuncia las consecuencias "sociales, económicas y laborales" de la cláusula que "obliga" a a salir del Ejército a los militares temporales que no hayan adquirido la condición de militar de carrera antes de cumplir esa edad.
La asociación de profesionales, explican desde su representación en Cádiz, ha emprendido en las últimas semanas una campaña para poner de relieve la situación en que se quedan estos efectivos y sus pocas expectativas para incorporarse al mundo laboral. Pero también señalan el coste para el Estado, primero por la pérdida de gente con experiencia y segundo por el dinero a desembolsar entre subsidios por desempleo y su pase a reservista de especial disponibilidad, que conlleva una asignación mensual.
Los militares que acceden a las Fuerzas Armadas a través de las convocatorias de tropa y marinería firman un compromiso inicial por periodos de 2 o 3 años que se puede renovar hasta un máximo de 6. Según se explica en la Ley de Tropa y Marinería, aprobada en 2006, una vez pasado ese tiempo y tras ser evaluados, se firma un compromiso de larga duración que finaliza a los 45 años si no se ha adquirido la condición de permanente o militar de carrera. Entre las causas para resolver el contrato están insuficiencia de facultades profesionales o insuficiencia de condiciones psicofísicas.
Lo lógico es que en la provincia, territorio desde donde cada año ingresan cientos de jóvenes para formar parte del Ejército español - en los primeros años de profesionalización llegaban a ser miles-, se calcule que sea alto el número los afectados con el paso de los años, al ir llegando al límite de edad. La asociación considera que aproximadamente hay unos 11.000 militares en activo en Cádiz, un 45% de oficiales y suboficiales y un 55% de tropa y marinería. De estos últimos, unos 3.000 profesionales tienen firmado el compromiso de larga duración, a los que afecta directamente, pero se hablaría de 5.000 si se cuenta con todos los profesionales temporales, es decir los que tienen aún el compromiso inicial, sin olvidar a los oficiales de complemento.
AUME recalca que "menos del 15%" de la tropa adquiere la condición de permanente, y son así considerados militares de carrera, pudiendo permanecer en las Fuerzas Armadas hasta su pase a la situación de reserva como los oficiales y suboficiales. Para ello hay que pasar una oposición "para las que se publica un número de plazas testimonial", critican. Pero sobre todo resaltan que se ha incumplido dar una formación que les prepare para un mayor desarrollo personal y profesional, como recoge también dicha ley. Parte de los recursos de formación han ido a favorecer su inserción en ámbitos distintos al militar y desde la asociación ven necesaria orientar esa formación a estar en condiciones para poder mantener su actividad en las Fuerzas Armadas.
La norma en cuestión fue aprobada en 2006, una época con una coyuntura económica y laboral diferente, y ahora choca con un contexto de crisis. Por eso, desde Aume piden una reglamentación nueva "que integre de una misma forma a todos los militares profesionales", "unos profesionales cualificados y expertos y con un bagaje de servicio a la población, no merecen ser desaprovechados y minusvalorados por el solo hecho de haber cumplido 45 años". La asociación pide al Gobierno "que es posible dar solución urgente e inmediata" a la problemática y seguirá proponiendo acciones en este sentido.
Los soldados y marineros que dejen el ejército por haber cumplido los 45 años y tengan cumplidos una serie de años, pasarán a ser considerados reservistas de especial disponibilidad, con la obligación de incorporarse en el caso de ser activados. Entonces, se recibe una asignación de algo menos de 600 euros al mes hasta que cumplen los 65. Los dos primeros años, como cualquier trabajador que pase al paro, tendrán derecho a su subsidio, explica . Aume recuerda por todo esto que la actual ley es "económicamente inviable". En los próximos 20 años el Estado emplearía 10.000 millones en las asginaciones"a costa de crear parados de larga duración".
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