El Tribunal Supremo confirma todas las penas del 'caso Uniformes' de Rota

El Tribunal Supremo ha confirmado íntegramente la sentencia del 'caso Uniformes' y ha ratificado todas las penas impuestas por la Audiencia Provincial de Cádiz en noviembre de 2016, entre ellas la condena de un año y medio de prisión y 13 de inhabilitación para el ex alcalde de Rota Lorenzo Sánchez (Roteños Unidos) así como los siete años de inhabilitación para la también ex regidora roteña Eva Corrales (PP).

El Alto Tribunal ha desestimado los recursos de casación interpuestos por los condenados en primera instancia por la Audiencia Provincial de Cádiz. También el recurso por infracción de ley presentado por el Ministerio Fiscal.

El Supremo ha corroborado así que Lorenzo Sánchez, alcalde de Rota por Roteños Unidos (RRUU) de 2003 a 2010, aprovechó su cargo público para adjudicar contratos a favor de un entramado empresarial que él mismo creó con objeto de obtener beneficios económicos ilícitos con cargo a las arcas municipales.

La sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia de Cádiz cuantificó en más de 800.000 euros el dinero desviado desde el Ayuntamiento a Rota a las sociedades en las que Sánchez, su esposa, varios compañeros de partido y de la corporación local y un testaferro acaparaban una importante participación de su accionariado y gestión.

El 'caso Uniformes' sentó también en el banquillo de los acusados la ex alcaldesa popular de Rota Eva Corrales que, si bien resultó condenada a siete años de inhabilitación como autora penalmente responsable de un delito de prevaricación, fue absuelta del delito de negociaciones prohibidas por el que venía siendo procesada.

Además de los dos ex regidores roteños, los ex ediles del partido independiente Montemayor Laynez (ya fallecida) y Jesús María Corrales fueron igualmente condenados. La primera, a 13 años de inhabilitación y a un año y medio de prisión por los delitos continuados de prevaricación y negociaciones prohibidas; y el segundo, a ocho años y seis meses de inhabilitación por prevaricación continuada.

Completan la lista de condenados la esposa de Lorenzo Sánchez, Rosario Pacheco, y el supuesto testaferro, Isidro Martín Bejarano. Según la resolución judicial de primera instancia, ambos fueron cooperadores necesarios de los delitos ya mencionados (prevaricación y negociaciones prohibidas), por los que el tribunal gaditano les impuso las penas de nueve años de inhabilitación y un año de cárcel, respectivamente.

Por último, Ismael Puyana, que fue delegado de Fiestas por el PP en Rota durante un año -y al que el Supremo también le ha confirmado la pena de cuatro años y medio de prisión por el 'caso Horas Extra'-, junto a su esposa, Sonia Rodríguez, fueron condenados a seis años de inhabilitación como cooperadores necesarios de un delito continuado de prevaricación.

Los ocho condenados por el 'caso Uniformes' presentaron sus correspondientes recursos de casación ante el Supremo. Ahora el Alto Tribunal los ha rechazado todos y ha mantenido las condenas para todos los implicados en esta causa.

La ex alcaldesa Eva Corrales recurrió el fallo de la Audiencia de Cádiz por entender que ella no había intervenido en la junta de gobierno donde se aprobaron los contratos públicos (para adquirir uniformes) a favor del complejo empresarial privado creado por Lorenzo Sánchez.

Sin embargo, el Supremo ha visto demostrado que Corrales conocía la "titularidad real" de estas sociedades. "Era conocedora de los interés económicos que tenían sus socios de gobierno, no teniendo otra explicación toda la trama que eludir la concurrencia competitiva de las licitaciones públicas y acudir a la adjudicación directa", dice la sentencia.

Lorenzo Sánchez recurrió al TS alegando que había un error de hecho en la apreciación de las pruebas. Aducía que "ni en los escritos de la acusación pública ni popular ni en la sentencia se detectaba ningún móvil de beneficio económico".

También recordaba el ex regidor en su recurso que ninguna otra empresa de uniformes "denunció o se quejó por considerar la adjudicación de los contratos irregular".

Pero el Supremo ha rechazado uno por uno todos sus argumentos y considera que el recurrente pretende establecer "una causa justa en las aparentes transmisiones de sociedad con el uso de un testaferro". Según el TS, el propósito de Sánchez estaba claro: evadir la prohibición de contratar con el Ayuntamiento utilizando un hombre de paja con el fin de ocultar los intereses privados que tenía en las entidades con las que finalmente se suscribieron los contratos de vestuario (Coanda Cooperativa, Epis Rotasur y Coanda Costuras).

La Fiscalía también había recurrido porque la Audiencia Provincial de Cádiz había disminuido la condena a Sánchez por entender que el delito de falsedad había prescrito, por lo que reclamaba un aumento de la pena, pero el Supremo ha desestimado esta petición del Ministerio Público.

Tanto Lorenzo Sánchez como Corrales permanecen alejados de la vida política en la actualidad. Por su parte, Eva Corrales aguarda el resultado de un indulto del Gobierno tras haber sido condenada a cuatro años y medio de prisión por otro caso, conocido como Horas Extra, ratificado en otra sentencia del Supremo hace más de un año. El tribunal que la condenó emitió un informe a favor de su indulto por considerar esta condena desproporcionada.

Las claves

El origen. Investigación

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Rota finalizaba a principios de febrero de 2015 la instrucción de esta causa. En el auto emitido entonces se apuntaba a la existencia de indicios racionales de criminalidad por la adjudicación irregular desde 2004 de contratos de suministros por parte del Ayuntamiento y fundaciones municipales a empresas relacionadas con el ex alcalde y otros responsables municipales.

El caso. 12 absueltos, 8 condenados

El juicio por el 'caso Uniformes' se celebró en nueve sesiones en la Audiencia Provincial de Cádiz y sentó en el banquillo a 20 personas, en su mayoría funcionarios y concejales de los sucesivos gobiernos del PP y RRUU en la localidad roteña.

El entramado. Empresa pantalla para evadir la ley

La Audiencia de Cádiz primero y ahora el Tribunal Supremo han dado por probado que Lorenzo Sánchez utilizó la sociedad cooperativa Coanda -dedicada a la confección de vestuario laboral-, la distribuidora Epis Rotasur y Coanda Costuras, empresa pantalla que vino a sustituir a las dos anteriores, para burlar la prohibición de contratar con el Ayuntamiento al endurecerse las condiciones con la entrada en vigor el 30 de abril de 2008 de la Ley de contratación del sector público.