Cadáveres pudriéndose, infecciones de gusanos y falta de personal: caos en el Servicio de Patología Forense de Cádiz

Debe ser duro trabajar con la muerte. Mirarla de cerca, tocarla, olerla. Los muertos hablan, pero hay que saber escucharlos. Y para que esa comunicación se produzca se requiere que los mecanismos estén bien engrasados. Algo que actualmente no ocurre en el Servicio de Patología Forense del Instituto de Medicina Legal de Cádiz. El escenario no puede ser más complicado. Cadáveres pudriéndose tras estar dos años y medio en una sala de refrigeración cuya temperatura no baja de los -2 grados y que han llegado a provocar infecciones de gusanos, gases irrespirables para el personal, falta de espacio, sólo tres cámaras de congelación, vacantes del personal que no se cubren y hasta un carnicero haciendo de auxiliar de autopsias. Ese es el panorama que soportan los profesionales de una unidad que, históricamente, había hecho gala de un funcionamiento modélico, hasta el punto de recibir no pocos piropos de colegas de todo el país. Pero ese servicio que hace unos años funcionaba como un reloj suizo ha colapsado. De hecho, no podrá continuar realizando autopsias después de que su único auxiliar sufriera el pasado viernes un síncope que le provocó un desmayo en las propias instalaciones y que le ha hecho tener que coger una baja médica de carácter indefinido.

Este último incidente en el personal, que soporta una tensión brutal, va a tener consecuencias inmediatas. De hecho, las dos autopsias previstas para este martes han sido suspendidas, para disgusto de jueces y familiares. Pero no se puede hacer una autopsia sin un auxiliar, y lo que enviaron ayer como recambio desde la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía fue una señora de 64 años sin titulación ni experiencia.

La situación es crítica. Lo lleva siendo hace tiempo porque, según aseguran fuentes del sindicato UGT, la Consejería de Justicia no manda personal cualificado para desarrollar una labor auxiliar indispensable para los forenses en sus intervenciones. Estas carencias han llegado ahora a su máximo extremo. “El Servicio de Patología Forense debería contar con cuatro auxiliares, pero uno se ha jubilado, otra plaza está vacante y no se cubre desde hace años, había una persona de baja por estrés y el único que quedaba tenía que hacer frente a todos los turnos, hasta el punto que ha llegado a su límite y también ha enfermado. Así las cosas, los forenses no pueden realizar su labor y las autopsias en Cádiz se suspenden hasta nuevo aviso”, anunciaron ayer desde UGT.

La situación es gravísima porque los forenses tienen un papel esencial en el sistema judicial. Es más, los familiares de cualquier fallecido que requiera una autopsia tendrán que esperar hasta que desde la Consejería de Justicia se envíe a alguien preparado para poder auxiliar al forense a realizarla y, una vez concluida, darle sepultura. Fuentes sindicales aseguraron ayer a este medio que esta situación complicadísima viene generada por la política de bolsa única impulsada desde la Junta. “UGT ha llegado a mandar un escrito para que se haga la cobertura con función pública, porque hasta el momento cualquiera que tenga simplemente la titulación de graduado escolar puede acceder a ese puesto de auxiliar de autopsias para el que, sinceramente, no está capacitado todo el mundo”.

UGT ha solicitado que se cubra la vacante con personal técnico que tenga formación en anatomía patológica y se evite así que “este tipo de puestos se convierta en un cajón desastre en el que mandan a cualquiera”.

Porque la cuestión, aunque es muy seria, ha llegado a dar lugar a situaciones surrealistas, como que incluso haya funcionarios de la Junta de Andalucía que hayan considerado gracioso mandar a un carnicero, sí un carnicero, a cubrir una vacante de auxiliar de autopsias, pensando quizá que da igual cortar un filete de hígado de ternera en una recova que abrir el abdomen a un cadáver para extraer y analizar sus vísceras.

Lo que UGT viene pidiendo desde hace tiempo es que se realice un cribado para ser ayudante de autopsia y no que manden al primero que aparece en la bolsa única. “Algunos candidatos llegan sin saber si quiera a lo que se enfrentan. Cuando ven el cadáver, cuando se les dice lo que tienen que hacer, los hay que renuncian directamente. Otros necesitan el empleo y lo intentan, pero carecen de formación y los forenses no tienen tiempo de formar a nadie. Ese, además, no es su cometido. Los forenses tienen una labor fundamental en el sistema judicial y los auxiliares son sus manos, así que sin ellos no queda más remedio que suspender las autopsias de momento. Es muy triste que un servicio que funcionaba a la perfección, que debía tener cuatro auxiliares, se quede con ninguno. Para cualquier causa penal es básico el informe del forense y para que este tenga el peso que se requiere es necesario disponer de una buena praxis”.

Insisten que tras sus reiteradas quejas a la Delegación Provincial estas les remiten a la Consejería. “Nos dicen que están sujetos a reglamento y que hay que intentar crear una nueva figura. Desde UGT mandamos en su día un escrito a la Consejería de Justicia reclamando personal cualificado, pero ya sabemos que la maquinaria burocrática es muy lenta”.

La labor de los auxiliares de autopsias

Hay que tener en cuenta que si la labor de los forenses es básica en el entramado judicial para determinar la causa de la muerte, la de los auxiliares también es muy importante. En un escrito enviado por los Servicios de Patología Forenses de diferentes provincias al Defensor del Pueblo Andaluz se le hizo ver que desde la creación en junio de 2002 de los Institutos de Medicina Legal de Andalucía se tuvo en los Servicios de Patología Forense una de sus fortalezas. En la misiva también se ponía de relieve el agotamiento de unas plantillas de auxiliares que han permanecido inalterables pese al aumento de los casos. Por ejemplo, en Cádiz se realizaron en 2021 459 autopsias y en 2022 llegaron a las 567; en el Campo de Gibraltar, que también cuenta con su propio servicio, 128 y 147. La provincia donde se realizaron más autopsias el pasado año fue Sevilla, con 1.189, seguida de Málaga (961) y Granada (577).

La labor de los auxiliares comienza con la recepción del cadáver, luego tienen que desnudarlo, trasladarlo a la cámara frigorífica, anotarlo y etiquetarlo, llevarlo a la mesa de autopsias, preparar el instrumental requerido, ayudar al forense en las técnicas de apertura y extracción de órganos, pesaje, medida y toma de muestras de los lugares indicados para su conservación, embalaje, etiquetado y envío, y, por último, realizar la sutura exterior no visible del cadáver y adecentarlo. Como pueden comprobar, una labor para la que no todo el mundo está preparado.

Acumulación de cadáveres

A la falta de personal auxiliar hay que sumar ahora otro problema no menos acuciante: la saturación de la sala de refrigeración de cadáveres. Actualmente, en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal, situadas en el tanatorio de Servisa de la capital gaditana, hay 30 cuerpos. Alguno lleva allí dos años y medio. La unidad tiene a día de hoy tres cuerpos en congelación (a -20 grados) y 27 en refrigeración. De estos 30 hay 16 que aún no han sido identificados, en su mayoría inmigrantes ahogados al intentar alcanzar la costa gaditana. No obstante, también hay otros que siguen sin poder enterrarse por no llegar el mandamiento judicial y alguno más que no ha sido reclamado por ningún familiar.

Fuentes sindicales lamentan que la situación es peligrosa para la salud de los trabajadores del servicio, puesto que muchos de estos cuerpos que están en una cámara refrigerada, cuya temperatura va de los 2 grados a los -2, se están pudriendo dentro de los sudarios. Esto ha llegado a provocar infecciones de gusanos. Desde UGT se quiere llevar el caso a una Mesa de Salud Laboral, aunque, aseguran, la administración está haciendo lo posible para tapar el asunto.

Desde el servicio se ha llegado a enviar dos escritos al Consejo General del Poder Judicial, que ha dado orden al Tribunal Superior de Justicia para que ponga orden en una situación anómala.

En el Boletín Oficial del Estado del viernes 2 de julio de 2010, en su página 58369, se hacía constar la necesidad de dilatar lo menos posible los procesos de toma de huellas dactilares y pruebas de ADN que interesan al Instituto Nacional de Toxicología. El BOE llega a exponer lo siguiente: “Durante el tiempo en que se realizan las pruebas y el que luego pueda tardarse mientras se tramita su inhumación, el cadáver permanece congelado en instalaciones de empresas de servicios mortuorios, pues en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal la mayoría de las cámaras disponibles son de refrigeración y por tanto con un tiempo de estancia muy limitado antes de iniciarse el proceso de descomposición, lo que implica, además del compromiso de importantes recursos que pudieran destinarse a la atención de otras necesidades de la propia administración de justicia, una afectación de la memoria de la dignidad de las personas fallecidas”.

Pues bien, mientras estos 27 cadáveres siguen pudriéndose en el IML de Cádiz parece que a nadie le importa su memoria, ni su dignidad ni la salud de los trabajadores que apenas si pueden soportar los gases que emana su descomposición cada vez que deben abrir la cámara.

Esa es la situación actual en el Servicio de Patología Forense de Cádiz, cuyos profesionales han traspasado ya la barrera de la desesperación.