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Suspendida toda la actividad en Los Toruños y La Algaida por la falta de vigilantes

PARQUE DE LA BAHÍA

La plantilla de trabajadores lleva cuatro meses sin cobrar de la empresa Mersant Vigilancia SL, concesionaria del servicio

Mercado Artesano y Agroalimentario , durante su última ceebración / C.P.

Puerto Real/Todas las actividades programas en el Parque Metropolitano de Los Toruños y Pinar de la Algaida han quedado “suspendidas temporalmente”, hasta nuevo aviso. Así lo ha comunicado el propio Parque a los muchas asociaciones y colectivos que allí realizan visitas, talleres o rutas.

También quedan “aplazadas” las previstas bajo la organización del Parque Metropolitano para este fin de semana, como el Mercado Artesano y Agroalimentario y el Mercadillo de Intercambio de Libros.

El motivo es la falta de vigilantesde seguridad del parque, que acumulan meses de continuos problemas por los impagos de la empresa concesionaria del servicio, Mersant Vigilancia SL. Los trabajadores llevan cuatro meses sin cobrar su sueldo. La última nómina que recibieron fue la del mes de noviembre, y desde entonces no han cobrado nada. Tampoco la paga extra de diciembre.

Por eso, la situación de la plantilla de trabajadores, compuesta por diez hombres y mujeres, es cada vez más insostenible. Eso ha provocado que aumente significativamente el número de bajas médicas, hasta el punto de que no es posible cubrir las necesidades del Parque.

Aunque el parque continúa abierto, ya que se trata de un espacio físicamente imposible de cerrar, todas las actividades se han suspendido ya que la falta de vigilantes puede comprometer la seguridad de muchas de ellas.

A principios de enero, los vigilantes del Parque enviaron un escrito al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, explicándoles su situación y realizaron concentraciones de protesta en el parque, pero, por el momento, no hay solución para los trabajadores de una empresa que mantiene una situación idéntica en trabajadores del servicio de vigilancia en administraciones públicas de toda España.

LOS SINDICATOS PIDEN QUE SE RESCINDAN CONTRATOS

El Sindicato Profesional de Vigilantes de Sevilla pidió este martes a las administraciones públicas que rescindan sus contratos con la empresa Mersant Vigilancia, a la que acusan de continuos incumplimientos. En una nota de prensa, la organización advirtió de las "funestas consecuencias de la inacción de los responsables políticos al frente de las administraciones públicas, a la hora de atajar con prontitud y contundencia las prácticas fraudulentas" de esta compañía.

Los vigilantes acusan a Mersant de vulnerar la legislación vigente con sus continuos impagos, que están provocando serios perjuicios a los trabajadores de la seguridad privada y sus familias. "A pesar de la enorme cantidad de acciones sindicales desarrolladas, del ingente número de denuncias interpuestas ante todos los organismos e instituciones concernidos y de la multitud de reuniones mantenidas con los funcionarios de mayor rango o cargos políticos de máximo nivel, no hemos logrado revertir ni un ápice la nefasta situación provocada", dice el sindicato.

La entidad apunta a la "intolerable permisividad de las administraciones públicas en todos sus niveles”, señalando al Gobierno de la Junta. "Para sus trabajadores, las consecuencias de la conculcación constante de la normativa laboral más básica y de la reiterada transgresión de los más elementales preceptos de la normativa reguladora de la contratación pública son devastadoras".

"Para el conjunto de la sociedad, el varapalo que supone para la credibilidad de las instituciones y de sus representantes políticos es demoledor", añade el sindicato, que asegura que seguirá en su empeño de erradicar del sector de la seguridad privada a las "empresas fraudulentas".

"Exigimos a los poderes e instituciones que las expulsen definitivamente del sector público y eviten que sigan aprovechándose y enriqueciéndose a costa de los impuestos de todos. Consideramos esencial que, para garantizar la igualdad de oportunidades en el libre desarrollo de la actividad económica en condiciones justas, las autoridades han de asumir y acatar su obligación primordial: cumplir, y sobre todo, hacer cumplir la ley", concluye el Sindicato Profesional de Vigilantes.

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