El TSJA admite que la instrucción del robo de la caja "sonroja" por su lentitud
SAN FERNANDO
Cita el caso en la memoria de 2015 como ejemplo de la tramitación de las causas complejas "Tenemos una justicia débil", dice
No se anda con paños calientes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) cuando admite de manera tajante en la memoria de 2015, presentada el pasado jueves, que "sonroja" la dilatada instrucción de procesos como el del robo de la caja. El controvertido tema, que se remonta a abril de 2009, se cita en el documento como "el caso fraude Ayuntamiento en San Fernando" e incluso se llega a poner como uno de los ejemplos más reseñables -entre otros- del "mal funcionamiento de la justicia" cuando habla de los Juzgados que asumen causas complejas y se insiste en la necesidad de acortar plazos en la instrucción penal.
"La lentitud es un problema que sufren los justiciables y también los que la impartimos", afirma en el documento al dejar constancia de una realidad que afecta a estos casos que se prolongan en el tiempo, que revisten una gran complejidad y que además, como ocurre con el robo, afectan de lleno al Ayuntamiento de San Fernando y a la gestión de anteriores mandatos con el dinero público, que sigue en entredicho. Incluso atañe al trabajo de funcionarios en activo como la tesorera y el interventor.
"La celeridad en la tramitación debería ser lo normal y resulta especialmente necesaria en aquellos supuestos que afectan a la vida pública, en los que se investigan supuestos actos de corrupción y en los que aparecen implicados representantes o cargos públicos. Hay que insistir en el derecho de los ciudadanos a una buena administración de justicia sostenida sobre la calidad, la eficacia, la independencia y el plazo razonable", reclama la memoria. Y esa mayor agilidad, insiste, tiene que venir acompañada de recursos: "Medios materiales y humanos, agilidad en los dictámenes e informes periciales y/o policiales, digitalización, procedimientos rápidos, reordenación de los recursos procesales...".
El caso del robo de la caja, que este mismo mes ha cumplido siete años, es uno de esos procesos que sigue en su fase de instrucción a pesar del tiempo transcurrido. El proceso, que continúa a la espera de juicio y que actualmente está pendiente de la resolución de un recurso presentado por la Fiscalía a raíz de las últimas imputaciones -que se remontan al pasado mes de agosto-, ha pasado por las manos de hasta tres jueces e incluso ha tenido que sortear bajas laborales de larga duración de los titulares de la sala, que necesariamente han ralentizado su marcha.
Además de preocupar, admite el TSJA, esa lentitud abochorna "ya que atrae inevitablemente situaciones anómalas y cuestiones procesales conocidas: posibles prescripciones, infracción del plazo razonable, aplicación de atenuantes por dilaciones indebidas, etc...". Es, insiste en la memoria de 2015, "la cruda realidad que demuestra que tenemos una justicia débil".
Más allá de esta polémica causa, el análisis que hace el TSJA de los Juzgados isleños incide en una situación que no varía desde hace años: su saturación. De nuevo subraya que los tres Juzgados de Primera Instancia e Instrucción que existen en La Isla superan las cargas referenciales de trabajo para reclamar la creación de nuevas plazas. El propio Colegio de Abogados, a través de su delegación local, lo advertía recientemente tras conocerse una nueva negativa del Ministerio de Justicia a la creación del cuarto juzgado, que reclaman insistentemente.
Según los datos que figuran en la memoria del TSJA, en 2015 se tramitaron 2.810 asuntos civiles (716 más que en el ejercicio anterior), a los que hay que sumar otros 999 en ejecución (900 en 2014). Sí han disminuido sin embargo los asuntos penales tramitados, que al cierre del año pasado ascendían a 7.860 frente a los 9.946 del año anterior. Y llama la atención el elevado número de casos de violencia sobre la mujer atendidos, que fue de 228 (17 menos que en 2014). El promedio de causas ingresadas por cada uno de los tres juzgados en 2015 se sitúa así en 1.270 casos civiles y 2.696 penales.
Eso sí, tras años de denuncias y reclamaciones, se ha conseguido resolver el problema de las carencias físicas de la sede con el traslado hace unoas semanas a unas nuevas instalaciones en alquiler.
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