Salud sin fronteras
Nuevo curso sanitario
Cádiz/El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado a conocer este miércoles la memoria anual de 2021. Como en informes de años anteriores, el Alto Tribunal andaluz realiza un balance pormenorizado de las infraestructuras judiciales y reitera, por enésima vez, su "deficiente estado general" así como su "dispersión". "Es cierto que esa ancestral deficiencia inversora no puede ser corregida de forma brusca, pues precisa, no ya de un importante impulso presupuestario, quizás inasumible de un ejercicio a otro, sino también de una amplia planificación y proyección de las reformas a realizar en los edificios judiciales y de la decisión de construcción de aquellos de nueva planta que resulten necesarios", explica Lorenzo del Río, presidente del TSJA.
"A nuestro pesar, no podemos tampoco en este año 2021 cambiar la literatura ni el contenido del apartado de infraestructuras de la memoria. Así, hemos de seguir poniendo de manifiesto que en Andalucía contamos aún con numerosas sedes judiciales que no responden al nivel mínimo exigible a un inmueble destinado a la prestación de un servicio público a los ciudadanos y donde desarrollan su actividad profesional funcionarios y trabajadores públicos. Como venimos manteniendo en los últimos años, excepto en Almería, Córdoba y Málaga, cuyas capitales cuentan con modernos y unificados edificios judiciales, en el resto de capitales o ciudades importantes de Andalucía el servicio público de la Justicia se sigue prestando en edificios dispersos e inadecuados, con graves carencias", prosigue su argumentación del Río.
No obstante, el máximo responsable del TSJA muestra su optimismo por el "empujón definitivo" que ha recibido en 2021 un proyecto clave para Cádiz: la Ciudad de la Justicia. Tal y como recoge la memoria anual, Lorenzo del Río aplaude el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Cádiz y la Junta de Andalucía para materializar la futura sede judicial unificada, "aunque sólo parcialmente, ya que se descarta a priori la concentración también de la Audiencia y Fiscalía Provincial", puntualiza.
El informe del Alto Tribunal andaluz recuerda que a lo largo de 2021 se concretó de forma definitiva las partes del Complejo de Tabacalera a ceder a la Junta de Andalucía y el régimen jurídico de aquellas zonas necesarias para integrarse en la Ciudad de la Justicia con la consideración de espacios comunes y espacios libres. Se llegó a un "consenso total", plasmado en un convenio suscrito el pasado mes de diciembre por el que se formalizó la afectación por mutación demanial externa acordada por el Ayuntamiento de Cádiz a favor de la comunidad autónoma de Andalucía de los inmuebles sitos en el Complejo de Depósitos de Tabacalera. Una vez formalizada la cesión, subraya el informe, la Consejería ha encargado ya a TRAGSATEC la redacción de "un proyecto básico avanzado" para la construcción de la Ciudad de la Justicia, además del estudio de detalle preceptivo y los trabajos previos que no se realizaron con anterioridad.
Respecto al resto de infraestructuras judiciales de la provincia de Cádiz, expone la memoria, "no podemos más que reproducir lo que venimos reiterando año tras año". En Jerez "sería conveniente concentrar las sedes y solucionar las deficiencias en las instalaciones ubicadas en avenida Alcalde Álvaro Domecq, en tanto se define el nuevo emplazamiento y posible sede de la Ciudad de la Justicia de Jerez".
Asimismo, el TSJA indica que los juzgados de El Puerto de Santa María están provisionalmente ubicados en un polígono industrial desde el año 2006. No sólo están "alejados de la ciudad", sino que además presentan "serias deficiencias". "No hay ventilación natural ni acceso de minusválidos y los archivos judiciales están a más de cinco kilómetros. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria se ubica en otro edificio del polígono industrial, con problemas de seguridad y vigilancia. En consecuencia, resulta necesario unificar en un único edificio los juzgados y abandonar las actuales sedes arrendadas".
Por último, la memoria del TSJA pone de manifiesto que La Línea de la Concepción, Puerto Real y San Roque cuentan, igualmente, con unas instalaciones deficientes y problemáticas.
De otra parte, las cifras recogidas en la memoria de 2021 no reflejan, según Lorenzo del Río, "una realidad de la justicia en Andalucía diferente a la apreciada en los últimos años y evidencian, de nuevo, conclusiones similares sobre tasa de litigiosidad muy significativa, lo que lastra la reducción de la excesiva pendencia de asuntos existente en nuestros juzgados y tribunales, pese a que la tasa de resolución de asuntos consigue prácticamente absorber los de nuevo ingreso durante estos últimos años".
Por este motivo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha apelado "a la responsabilidad de los encargados de la gestión política, que ostentan la competencia y tienen la capacidad para invertir esta situación". La falta de modernización del poder judicial, las deficiencias llamativas denunciadas año tras año, así como la necesidad de replantear la organización de la oficina judicial y sus recursos personales son reivindicaciones planteadas hace más de una década.
En este sentido, el presidente del TSJA señala que los diversos indicadores que elabora la Comisión Europea, alertan sobre "nuestro defectuoso sistema organizativo y de distribución de la carga de trabajo, anclado en formas del siglo XIX". Así, "todos los análisis detectan problemas de institucionalidad y gobernanza, siendo necesario modificar radicalmente su organización para adaptarla a las nuevas realidades y conflictos, al tiempo que perfeccionar la gestión de los medios personales y materiales, mejorando los mecanismos e instrumentos de evaluación y rendición de cuentas ante la sociedad".
Por ello, apuesta por el llamado Plan Justicia 2030 que quiere modernizar y transformar la Administración de Justicia en España en torno a tres ejes de actuación: organizativo, procesal y tecnológico. Y por el proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, que supondría contar con medidas de agilización, tecnológicas y de medios alternativos de solución de conflictos.
"El problema es acuciante y el tiempo pasa a una velocidad de vértigo", apostilla, por lo que "las fuerzas políticas deben ser conscientes de su necesidad e importancia en nuestro ámbito de justicia".
Asimismo, Lorenzo del Río ha urgido a materializar el proyecto de Ley de Eficiencia Procesal, dado que introduce medios adecuados de solución de controversias y reforma las leyes procesales para reducir la litigiosidad.
Del Río ha considerado que esta normativa podría impulsar un servicio público de justicia sostenible y dotar de mayor agilidad la tramitación de los procedimientos judiciales.
De esta forma, se establecería un requisito en los procedimientos civiles y mercantiles, que exige haber intentado una solución consensuada con carácter previo a la interposición de la demanda.
El presidente del TSJA se ha referido especialmente a los problemas derivados de la gran judicialización de los conflictos entre la ciudadanía, que no acude a métodos de resolución alternativos, lo que origina una "sobreutilización" del proceso y la consiguiente sobrecarga innecesaria en los juzgados.
Por ello, ha insistido en reivindicar la implantación de mecanismos de mediación para la solución de conflictos. La finalidad es apostar por una mejora sustancial de las herramientas procesales, simplificar los procesos y sus fases e implantar soluciones que eviten un uso indebido del proceso, normalmente para dilatar en el tiempo una respuesta judicial definitiva.
"España no puede seguir con esa sobreutilización del procedimiento, hay un constante uso que no tiene parangón en el ámbito europeo", ha recalcado.
Temas relacionados
También te puede interesar
Lo último
6 Comentarios