Tribuna Económica
José Ignacio Castillo Manzano
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Sector naval
Cádiz/Toda la Bahía de Cádiz estará hoy pendiente de un hombre, Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno comparecerá en el Congreso, a petición de varios grupos parlamentarios, para expresar el posicionamiento de España acerca de mantener o no la venta de armas a Arabia Saudí.
Cuando parecía que la tormenta política, mediática y laboral había pasado (tras el sí pero no a la venta de bombas inteligentes al país saudí), el asesinato del periodista turco Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia en Estambul ha elevado la tensión al máximo nivel.
El contrato para construir cinco corbetas para el régimen saudí está, por segunda vez, en el centro del debate. Y, con él, los cinco años de trabajo y 6.000 puestos de trabajo que, se supone, generará para la factoría de Navantia en San Fernando y su industria auxiliar.
Pedro Sánchez (que en teoría debe condenar también como presidente del Gobierno la muerte del periodista) contará, eso sí, con el aval logrado a última hora de la mañana de ayer en la Comisión de Defensa del Congreso. Allí, los votos del PSOE, PP y Ciudadanos lograron parar la iniciativa de partidos independentistas catalanes y de Podemos para que el Gobierno vetara la venta de armas.
Estos, crecidos, esperaban sacar adelante su Proposición No de Ley (PNL) con la base sólida llegada el día antes desde Berlín, donde la canciller alemana Angela Merkel, no sólo había anunciado el veto de Alemania a vender más armas a Arabia, sino que había pedido a los países miembros que siguieran el mismo camino.
Con este cóctel, la papeleta la tienen en sus cabezas los trabajadores de la factoría isleña. Ayer, desde el comité de empresa admitían a este periódico que había calma en las instalaciones, pero que todo el mundo estaba pendiente de lo que mañana dirá Sánchez.
Esa tensión, por lo que parece, no ha llegado a la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada (PSOE) que, a pie de factoría, ha asegurado que “se están manteniendo con normalidad las comisiones de trabajo en Arabia y en Navantia San Fernando, en relación al contrato para la construcción de las corbetas. "A día de hoy no existe tensión, no vayamos provocándola", ha pedido la alcaldesa, que ha añadido que "existe un debate internacional, es lógico, pero no que no se vincule con el contrato de las corbetas".
La posibilidad de anular el contrato de la corbetas ha pesado en la votación de la comisión
Muy distintas han sido las consideraciones expresadas por los diputados de los distintos partidos en la Comisión de Defensa celebrada en el Congreso. Allí, la PNL planteada desde el grupo mixto se basaba en el respeto a los derechos humanos y el castigo, por tanto, a los países que los incumplen.
Y en ese castigo entra (parece evidente) la prohibición de vender armas a estos países que, en el caso de Arabia, mantienen un conflicto armado con Yemen donde se han producido miles de víctimas y para el que, según los grupos proponentes, existen sospechas de que las armas vendidas pudieran utilizarse.
Incluso, llegó a plantearse la posibilidad de que, si el Gobierno decide seguir adelante con la venta de armas, y por tanto de las corbetas, se buscase un tercer país al que poder vender los barcos. Esta opción fue directamente desestimada por los diputados socialistas.
Uno de los intervinientes de la bancada socialista recrominó incluso a los partidos que pedían el veto (Compromis y Esquerra) que “habría que ver si se presenta una propuesta como esta si la factoría de Navantia se encontrara en Valencia o Cataluña”.
La diputada del PP por Cádiz, García-Pelayo, afirma que el veto de Angela Merkel es sólo para nuevos contratos
Desde el PP, la diputada gaditana María José García-Pelayo, sí ofreció un punto de vista interesante. Dijo que el veto anunciado por Merkel se refería a nuevos contratos, no a los que ya estaban suscritos. De esta manera, la defensa de los puestos de trabajo vinculados a Navantia en la Bahía ganó el primer punto, dejando claro de forma rotunda todos los partidos, que esta situación no choca con la condena unánime a lo sucedido con el periodista turco y a que no se respete la defensa de los derechos humanos. Finalmente, prosperó la idea de esperar a que todos los países de la UE adopten una posición conjunta al respecto y a que la investigación abierta tras la muerte de Khashoggi dé resultados.
Mientras este debate fundamental se producía, España entera ha sido un hervidero. Desde Susana Díaz a Margarita Robles, pasando por la exministra del PP (actual portavoz popular en el Congreso) Dolors Monserrat, la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez; el delegado del Gobierno en Andalucía, Gómez de Celis; el líder nacional de IU, Alberto Garzón; y, ya en Cádiz, el portavoz popular, Juancho Ortiz; o la portavoz del equipo de gobierno de Podemos, Ana Fernández.
Todos cruzaron declaraciones en defensa de una u otra postura. Llama la atención la andanada de la presidenta andaluza contra el alcalde de Cádiz. “Pablo Iglesias se da golpes de pecho y solicita el final de la venta de armas mientras el alcalde de Cádiz, José María González, también de Podemos, mantiene silencio”.
Rápidamente, Teresa Rodríguez reaccionó, junto al co-líder de Andalucía Adelante (nacida de la unión de Podemos e IU en la comunidad), Antonio Maíllo. Rodríguez respondió a Susana Díaz asegurando que que están "cansados de que a los trabajadores de la Bahía de Cádiz se les someta al chantaje" de elegir entre "el empleo o los derechos humanos". Claro que, por lo que parece, ese es el debate.
De inmediato, desde el PP gaditano, Juancho Ortiz aprovechó para exigir a Kichi “que desautorice ya a Pablo Iglesias y pedirle que deje de poner en riesgo el empleo en la Bahía de Cádiz". La respuesta desde el Ayuntamiento gaditano llegó de inmediato.
Los concejales del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Cádiz trataron de blindar al alcalde José María González ante la insistencia de los periodistas para que éste se pronunciara. El teniente de alcalde de Economía y Hacienda, David Navarro, repitió en varias ocasiones que González ya había dejado clara su postura con respecto al tema de las corbetas de Arabia. Eso sí, Navarro incluyó otra variante y es que se preguntó si la canciller alemana actuaría del mismo modo "si estuviéramos hablando de los coches Volkswagen". Cuando se le dijo que los coches no matan, el concejal añadió que "en manos de temerarios, sí matan".
Ana Fernández respondió a Susana Díaz que "se dedique a otros asuntos y no opine de otros partidos que no son el suyo". Mientras, desde Madrid, Dolors Monserrat reafirmaba el “compromiso de su partido con los trabajadores de los astilleros”.
Save the Children ha pedido al Gobierno de España que "rectifique" y suspenda la venta de armas a todas las partes en conflicto en Yemen, ante la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mañana en el Pleno del Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la autorización de exportación de armamento a Arabia Saudí.
La ONG advierte de que cualquier transferencia de material militar a las partes en conflicto en Yemen conlleva el "riesgo" de que puedan "acabar provocando más destrucción y sufrimiento en el país".
Por ello, considera que España debe "poner fin" a todas las transferencias de armas a Arabia Saudí, incluyendo las exportaciones directas y las indirectas a través de otros países, mientras exista "el riesgo sustancial de que puedan ser utilizadas para cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en Yemen".
Asimismo, la organización pide al Gobierno de Pedro Sánchez que tome medidas para garantizar la protección de los niños y las niñas afectados por la violencia en Yemen y que "inste a las partes en conflicto a que pongan fin a los ataques indiscriminados contra la población civil y exija rendición de cuentas para sus perpetradores".
Para Save the Children es "de vital importancia" que España se implique "activamente" en la búsqueda de una solución política al conflicto a través de "un proceso participativo que tenga en cuenta la opinión de mujeres, niños y sociedad civil".
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