Trafalgar y Tarifa copan dos de las Banderas Negras a nivel estatal

Trafalgar y Tarifa son las playas gaditanas que engrosan el listado estatal de Banderas Negras este año, según el informe realizado desde Ecologistas en Acción. En total, son 48 enseñas -dos por provincia- las que, desde la organización ecologista, apuntan deficiencias por mala gestión o contaminación.

En el caso de la costa de Trafalgar, son "numerosas las agresiones y amenazas" que afronta esta franja del litoral, entre Vejer y Barbate. Entre ellas, enumeran los ecologistas, el proyecto hostelero de privatización del Faro de Trafalgar; "la urbanización descontrolada en la playa de El Palmar, 2.500 viviendas irregulares o ilegales, con un chiringo playero, el Beach Club Valhalla, como paradigma de la ocupación del espacio playero; un proyecto indeseable de parque eólico marino y total ausencia de depuración de aguas de las viviendas ilegales". A ellos se suma "la extracción ilegal de agua subterránea en el polo club de Melgarejo, junto al arroyo San Ambrosio, un paraje singular que queremos sea Paisaje Protegido".

Trafalgar soporta, en definitiva, una "sucesión de impactos contaminantes y urbanísticos" que hacen peligrar su todavía excelente calidad paisajística y ecológica, aunque en este caso la Bandera Negra se otorga por motivos relativos a la contaminación. "El caso de Vejer -explican desde Ecologistas en Acción- es el paradigma de soluciones equivocadas a la hora de construir una depuradora: los vertidos de las pedanías de Vejer siguen sin ser agrupados".

Luego está la cuestión del "descontrol urbanístico en Barbate, con más de 700 viviendas ilegales", en un diseminado "caótico", todas vertiendo las aguas residuales sin depuración.

"La construcción del Beach Club Valhalla en la playa de El Palmar es ilegal y contrario al Plan de Ordenación del Territorio de la Janda, así como la Ley de Costas -asegura, además, la plataforma ecologista-. Está recogido como suelo no urbanizable de especial protección por el PGOU de Vejer y en ese tipo de suelos no se puede realizar ningún proyecto que no sea de Utilidad Pública e Interés Social. Se ha instalado en la Servidumbre de Protección del Dominio Público MarítimoTerrestre, no siendo un proyecto de utilidad pública e interés social".

Desde Ecologistas en Acción contemplan otras irregularidades, como "la posible instalación de una urbanización con apartahoteles en la zona de Malcucaña, ya que el Ayuntamiento de Vejer continúa apoyándola y el nuevo PGOU de Vejer pretende aumentar los suelos urbanizables en la zona"; o el hotel Trafalgar Polo Club que, levantado "sin licencia", extrae agua a través de "pozos ilegales, hotel Trafalgar Polo Clubtanto para el riego del campo de polo como para las infraestructuras hoteleras".

En resumen, un municipio como Vejer, de especial atractivo turístico, cuenta con problemas medioambientales derivados de una depuración inadecuada de sus aguas residuales y de los impactos derivados de una urbanización incontrolada. En Barbate, la prevista EDAR de El Palmar- Zahora-Los Caños, "sigue en el limbo", mientras que la edificación irregular en la pedanía de Zahora sigue sin control.

TARIFA, BANDERA NEGRA POR MALA GESTIÓN

En lo referente al punto negro en la costa tarifeña, Ecologistas en Acción señala que existen "2.900 metros de playa con edificaciones desmesuradas ocupando ilegalmente suelo que no está clasificado como urbano", a la vez que se "han destruido cordones dunares de alto interés ecológico". Los ecologistas también acusan de la carencia de infraestructuras básicas para el suministro de agua y la depuración de los vertidos. Uno de los planes parciales del proyecto Cabo de Plata incluye dos campos de golf, "sin tener en cuenta las dificultades de suministro de agua potable en la propia urbanización y el grave escenario de sequía". "Paralelamente -continúan- el ayuntamiento de Tarifa sigue autorizando más urbanizaciones en una zona totalmente saturada urbanísticamente, creciendo junto al Parque Natural del Estrecho".

Los ecologistas recuerdan que Los Lances conforman un Espacio Natural Protegido de enorme valor, con una extensa playa abierta desde la que se divisan el Estrecho de Gibraltar y las costas africanas, por un lado; y por otro, las sierras del Parque Natural Los Alcornocales. Por su ubicación en el Estrecho de Gibraltar es además un lugar de gran importancia para las aves. "Y es sobre esta zona -explican- sobre la que pende la amenaza del ladrillo. Construir hoteles, centros comerciales y miles de viviendas en este privilegiado litoral supondría un despropósito, golpeando al modelo de ciudad compacta mediterránea del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía".

"Ni el PGOU de Tarifa ni ninguno de estos proyectos urbanísticos -indica el informe- se han sometido al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica. Todo este territorio era de titularidad municipal, perteneciente al monte de utilidad pública La Peña, y por tanto debería estar clasificado como Suelo No Urbanizable de Especial Protección". Tampoco se ha conocido, puntualizan, "el mecanismo seguido para llevar a cabo estos proyectos: toda esta zona se ha privatizado y pertenece ahora a empresas constructoras".

Por último, la zona también se ve afectada por el vertido de aguas residuales sin depurar desde el llamado "tubo-arco" de Tarifa a la playa de Los Lances, que supone un impacto continuo.

SOLUCIONES

Para solventar los problemas medioambientales que afrontan sendas Banderas Negras en la provincia, desde Ecologistas en Acción dibujan distintas propuestas. Por un lado, más que reacondicionar la EDAR de Vejer, "que no funciona", lo ideal sería construir una nueva depuradora, y "diseñarla como biofactoría, con tratamiento terciario, aprovechamiento del biogás y tratamiento correcto de los lodos".

"En cuanto a las urbanizaciones ilegales en El Palmar, Zahora y Los Caños, hay que poner fin a esta práctica, con ordenación sostenible de los núcleos irregulares", abundan.

En la zona de Tarifa, no habría más opción que "desclasificar todos estos suelos urbanizables, que así fueron declarados en un PGOU aprobado en 1990, totalmente desfasado y cuyas previsiones carecen de justificación alguna, más allá de la mera especulación urbanística". Por otro lado, también habría que "agrupar todos los vertidos que no están conectados a la depuradora de Tarifa, sometiéndolos a una adecuada depuración".