Tribunales Cádiz: el caso Bahía Competitiva se atranca

Cádiz/El caso Bahía Competitiva, una causa que pretende esclarecer el mayor fraude que podría haberse cometido en la provincia de Cádiz con ayudas públicas dirigidas a las reindustrialización de la Bahía, se encuentra actualmente enquistado cuando han transcurrido más de diez años desde que se iniciara su instrucción.

El procedimiento que persigue depurar responsabilidades sobre el supuesto desvío de 14 millones de euros de fondos públicos entre 2009 y 2011 no ha experimentado grandes avances desde que la magistrada Lourdes del Río, encargada de dirigir la investigación, diese por finalizada la instrucción del asunto hace ahora un año y medio.

Y no sólo es que los progresos en el procedimiento hayan sido escasos en ese tiempo, sino que además el panorama actual no invita a pensar en una mayor celeridad en su tramitación de cara al futuro juicio. Una maraña de recursos interpuestos por abogados personados en el caso y las respuestas que los órganos judiciales competentes deben ofrecer a los mismos, dejan a Bahía Competitiva atrancada tras una década de indagaciones y tomas de declaraciones.

Fin de la instrucción

El 14 de octubre de 2020, la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz dictó un auto en el que puso punto y final a las pesquisas y ordenó dar curso a la causa por el trámite de procedimiento abreviado.

En ese auto la magistrada imputó a Antonio Perales, ex director del Plan Bahía Competitiva, órgano dependiente de la Agencia IDEA de la Junta de Andalucía. Del Río estimó que Perales mantuvo una estrecha relación con el empresario gallego Dávila Ouviña –también imputado– y que, a partir de ahí, interfirió “a su antojo” en la concesión de subvenciones a su favor, “haciendo y deshaciendo sin ningún criterio técnico” en la comisión encargada de aprobar o denegar las ayudas. Según la magistrada, Perales podría haber incurrido en los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación agravada y continuada de caudales públicos en grado de tentativa, fraude a la Administración y negociaciones prohibidas.

La jueza valoró igualmente que las subvenciones concedidas al empresario Dávila Ouviña supusieron un importante riesgo financiero y, peso a ello, éste logró hacerse con los fondos públicos por las “múltiples irregularidades” y las “injerencias políticas” que se dieron en el procedimiento de concesión de ayudas. En esa misma línea argumental, la magistrada volvió a apuntar directamente a Antonio Perales y a su “especial empeño en beneficiar de manera discrecional a su localidad natal de Alcalá de los Gazules y a su propio interés económico”.

No sólo Antonio Perales acabó imputado en ese auto. También Joaquín de Arespacochaga y su padre Juan de Arespacochaga, investigados por dirigir supuestamente una trama criminal, integrada por una veintena de personas, con la que lograron obtener de manera ilegal subvenciones procedentes del Ministerio de Industria y de la Agencia Idea de la Junta de Andalucía.

Asimismo, pasaron a estar imputados María José Valencia, diputada de Empleo y vicepresidenta del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT) en el último gobierno socialista de la Diputación; Rosa Mellado, directora de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) a la fecha de los hechos; Rosa Rodríguez, ex representante de la oficina de Bahía Competitiva en la comisión evaluadora de las ayudas; Teodoro Garrido, quien fue gerente del IEDT; Adelaida Moares, jefa de servicios del IEDT entonces; Gema Herrera, asesora en la gerencia provincial de la Agencia IDEA y nuera del ex consejero socialista Luis Pizarro; y Teodoro Clavijo y Rosa Barreiro, técnicos de la Diputación de Cádiz y miembros también de la comisión de baremación.

Todas estas personas, a criterio de la jueza, tuvieron algún tipo de participación, en mayor o menor medida, en la comisión que daba el visto bueno a la concesión de las subvenciones destinadas a la reindustrialización de la Bahía de Cádiz.

"Sin motivación"

Varios investigados en la causa presentaron recursos de reforma al auto emitido por Lourdes del Río el 14 de octubre de 2020, recursos que han obtenido respuesta hace pocos días. El pasado 28 de abril la magistrada dictó un nuevo auto en el que de forma escueta los desestimó y, para ello, “dio por reproducidos” los argumentos que ya expuso cuando dio por concluida la fase de investigación hace un año y medio.

Fuentes judiciales consultadas por este periódico lamentan el largo periodo de tiempo transcurrido entre la interposición de los recursos y la resolución de la jueza. Además, esas mismas fuentes consideran que el nuevo auto “carece de motivación”, dado que “en dos líneas” la magistrada "se limita a remitirse al auto anterior". Por esta razón, barajan recurrirlo, esta vez en apelación, ante la Audiencia Provincial de Cádiz.

Se presume, por tanto, que la tramitación final del caso Bahía Competitiva se demore aún más. Así, a una causa ya de por sí compleja se suman las carencias de medios personales y materiales repetidamente denunciadas por los distintos operadores de la Administración de Justicia ante la imposibilidad de ofrecer una respuesta pronta y, por tanto, justa.