Vejer reduce el coste de legalizar casas en El Palmar de 60 a 40 euros

El Ayuntamiento de Vejer (PP) ha dado una nueva vuelta de tuerca al histórico proceso de regularización de viviendas de El Palmar con el objetivo de abaratar los costes y cumplir así su promesa electoral con los vecinos del núcleo rural de la costa. El alcalde, José Ortiz, asegura que, tras las primeras modificaciones introducidas en el planeamiento, los futuros pagos se sitúan ya en 40 euros por metro cuadrado de superficie de finca en lugar de los 60 euros por metro cuadrado establecidos por el anterior equipo de Gobierno (PSOE). Ese montante de 60 euros fue el resultado de diez años de trabajo y complejos trámites administrativos que no ofrecieron los frutos esperados. El proceso de regularización se ha paralizado con el cambio de signo político, justo cuando se atisbaba su comienzo, para emprender un nuevo rumbo.

"Se ha recorrido un largo camino, hay que reconocerlo, pero era un camino sin salida. El plan era utópico, inasumible por los vecinos, así lo han reconocido hasta los técnicos de EPSA [Empresa Pública de Suelos de Andalucía]. Ya hemos recortado un tercio los costes y nuestra intención es poder hacerlo aún más", sostiene el nuevo regidor vejeriego.

El problema del plan de regularización es un problema económico. La mayoría de los vecinos no está dispuesta a pagar o no tiene recursos para hacerlo. Los vecinos prefieren esperar a los acontecimientos, aferrarse a la posibilidad de que la legalización de su vivienda le cueste lo menos posible, o que todo siga como hasta ahora. Esta realidad ha quedado en evidencia con el inicio del proceso de regularización puesto en marcha por el anterior equipo de Gobierno en colaboración con la Junta de Andalucía.

En una primera fase, las administraciones solicitaron a más de 300 vecinos su adhesión voluntaria al plan con un pago de tres euros por cada metro cuadrado de superficie de su propiedad. El resultado: solo nueve vecinos abonaron esta cantidad.

"A los que pagaron se les ha devuelto el dinero", apunta Ortiz, cuyo equipo se afana en recomponer planes y costes. Según su explicación, el abaratamiento de la regularización ha comenzado con una modificación del plan de urbanización del núcleo rural, que estaba tasado en 27 millones de euros "sin contar con las conexiones exteriores de electricidad y saneamiento". El Ayuntamiento quiere que esta urbanización se desarrolle estableciendo prioridades. Primero, solo los servicios "imprescindibles": agua, saneamiento, luz y viales. Después, los servicios accesorios. "El plan anterior incluye 500.000 euros en arbolado y en un sistema de riego; incluye la instalación de fibra óptica, e incluso de Gas Natural, algo que ni siquiera hay en Vejer. Las farolas, por poner un ejemplo, son el último modelo del mercado, las más caras. No estamos en un momento económico como para afrontar esto. Por eso vamos a ir a lo básico", explica el alcalde.

Con este sistema de prioridades y el recorte de "gastos excesivos", según Ortiz, en redacción y contratación de proyectos, el Ayuntamiento ha conseguido un ahorro de diez millones de euros sobre la inversión inicial prevista.

El alcalde asegura que el 10% de aprovechamiento público, la cesión gratuita y obligatoria que los propietarios deben hacer al Consistorio, se invertirá de forma íntegra en el desarrollo de El Palmar. Esta medida, sin embargo, ya había sido contemplada por el anterior equipo de Gobierno local, que confiaba en que este montante superior a los cinco millones de euros sirviera para impulsar las conexiones exteriores del núcleo rural: el saneamiento y la electricidad.

El alcalde vejeriego reconoce que las conexiones para estos servicios básicos son un problema a resolver. Asegura que la Agencia Andaluza del Agua no está dispuesta a asumir las obras de abastecimiento y depuración de El Palmar. "Así nos lo han trasladado", apunta. Y también sostiene que no existe proyecto de conexión eléctrica con el polígono industrial de La Zorrrera porque las conversaciones del anterior equipo de Gobierno con Endesa no llegaron a concretarse. Es un trabajo por hacer.

El Ayuntamiento también pretende ampliar el ámbito a regularizar. Quiere regularizar en paralelo la zona incluida en el PERI (Plan Especial de Reforma Interior), 40 hectáreas y 260 propietarios, y la zona incluida en el SAU-5 (Suelo Apto para Urbanizar), un espacio mucho más amplio en segunda línea de costa, con 63 hectáreas y unas 800 viviendas irregulares. "Los gastos son menos si se comparten entre 1.100 vecinos en lugar de entre 400. Es de lógica. La urbanización beneficiará a todo El Palmar, deben sufragarla todos los vecinos", argumenta el alcalde.

Sobre el papel, el razonamiento es aplastante. Pero el entramado técnico y burocrático que supone sacar adelante un proyecto urbanístico de estas características complican el objetivo. El PERI, el primer plan de regularización, se ideó en 2001, se aprobó en 2006, inició su desarrollo en 2008 y, a punto de finalizar 2011, todavía no ha servido para legalizar ni una sola vivienda ni para instalar ni un solo servicio en la costa de Vejer.

Los gestores de EPSA, dada la dificultad de aplicación del PERI, incluso llegaron a plantearse su desarrollo por zonas, por trozos. La situación del SAU-5 es aún más difícil. Fue aprobado inicialmente en 2009, abarca una gran extensión de terreno y muchos más propietarios, cada uno con sus condicionantes. Los mismos responsables de EPSA definieron este espacio de El Palmar el año pasado como "un caos".

¿Cómo será posible la ejecución de estos planes a corto plazo? Responde el alcalde: "En 2012 se verá la luz en El Palmar. Dar fechas para la regularización es precipitado. Dije a los vecinos que podría equivocarme, pero que nunca mentiría. El año que viene podremos hablar de plazos que se ajusten a la realidad, empezará la obra. De lo que sí estoy convencido es de que en esta legislatura se ordenará El Palmar".