Vertedero y supermercado

Conil/"Se hacen las fotos, se hacen las notas de prensa, se cuenta que se ha incautado esto y lo otro, que un golpe al narcotráfico. ¿Y luego qué pasa con todo lo que se ha incautado?", comentaba esta semana un funcionario de la Agencia Tributaria. Lo que puede pasar es que seis encapuchados accedieran hace justo una semana al depósito judicial ubicado en la 340, en Conil, para robar a punta de pistola una 'narcolancha' de las que se utilizan para alijar droga. Fue de madrugada. Al conserje no le dio tiempo de pulsar el botón. Fue maniatado por dos de los ladrones, mientras el resto realizaba las maniobras necesarias para sustraer un camión de la empresa depositaria así como una embarcación de unos 12 metros de eslora incautada en una operación policial. Luego huyeron. Primero lo hicieron cuatro de los atracadores en el furgón que transportaba la neumática. Después los otros dos, que se quedaron en la garita del vigilante "hasta que la barca llegó donde tenía que llegar", explican los responsables de Rent Marín y Asistencia La Janda, las entidades que gestionan este depósito. "Sólo entonces, el empleado pudo pulsar el botón de emergencia. Está todo registrado en las cámaras de seguridad".

No es la primera vez que las instalaciones de Rent Marín son objeto de robo. Hace tan sólo dos domingos, a plena luz del día, un individuo entró en estas dependencias para intentar apoderarse de alguno de los vehículos que allí se acumulan, como cementerio de elefantes, desde hace años. "O quizás quería llevarse la llanta de un coche, un espejo retrovisor o la cola de un motor... Aquí hay objetos muy jugosos y fáciles de sustraer", reconocen los gerentes. A este incidente frustrado hay que sumar el incendio que se produjo en el depósito en mayo de 2017, en el que ardieron varias de las embarcaciones intervenidas en operativos antidroga.

Desde Rent Marín y Asistencia La Janda afirman que son "una víctima más" de los narcotraficantes de la provincia. "Por muy alta que pongamos la valla, por mucho que invirtamos en seguridad, poco o nada se puede hacer si seis encapuchados entran a punta de pistola". Los responsables de este almacén aseguran que sus trabajadores han sufrido incluso "insinuaciones" por parte de personas que se han asomado a la tapia del recinto para advertirles sobre un futuro asalto. "Sé que mi coche está ahí dentro, ándate con ojo", les han llegado a decir".

Los dueños temen que se repitan episodios de una violencia similar al vivido el pasado domingo en su sede. Quizás no ahora, pero sí dentro de unos meses. "Si la Policía no tiene medios suficientes para hacer frente a la impunidad y al descaro con el que actúan estos delincuentes, cuánto menos nosotros". En cualquier caso, consideran que habría que incrementar los controles policiales. "Somos realistas. No pedimos que la Guardia Civil esté en la puerta de nuestro depósito, pero sí vemos necesario intensificar la seguridad".

Además de estar en el punto de mira de los narcos y sus estrategias criminales (cada vez más meticulosas y estudiadas), las sociedades Rent Marín y Asistencia La Janda tienen otro problema grave, en este caso, con la Administración de Justicia. Se trata de la acumulación "innecesaria" de vehículos aprehendidos en intervenciones antidroga. Neumáticas, semirrígidas, motos acuáticas, coches y motores se apilan -algunos desde hace más de una década- unos encima de otros en estos terrenos de más de 24.000 metros cuadrados. Los propios gerentes señalan que sus dependencias se han convertido en "una ratonera" en la que se custodian objetos que no tienen ningún valor penal a la hora de esclarecer un delito y, "sin embargo, generan un gasto tremendo", según fuentes judiciales consultadas.

Sólo en el depósito de Conil hay más de 1.100 vehículos, a los que hay que añadir los 300 que se guardan en las naves que estas entidades gestionan en el Campo de Gibraltar (Algeciras, San Roque, La Línea, Los Barrios y Tarifa). Todo este material carece de valor probatorio en la resolución de los procesos judiciales. Tanto es así que los jueces -y determinadas administraciones- tienen potestad para ordenar su destrucción incluso en la fase inicial de instrucción. Pese a ello, indican los gerentes de Rent Marín y Asistencia La Janda, esta medida no se aplica, "los magistrados, supuestamente, esperan al final del procedimiento para ordenar o bien la subasta del vehículo aprehendido o bien su desguace, pero lo cierto es que en la práctica no hacen ni una cosa ni la otra, y eso nos tiene al borde del colapso. Prueba de ello es que en Conil tenemos conservados bienes desde el año 2003".

Como ejemplo, los depositarios especifican que en un año pueden entrar en su sede unos 300 vehículos aproximadamente. "Pues bien, en ese tiempo se realizan, a lo sumo, dos o tres subastas. No más. Y éstas dan salida al 5% de lo custodiado. Así no hay forma de aliviar la sobrecarga que padecemos. Deberíamos estar a la mitad de la capacidad disponible, pero estamos hasta los topes", se lamentan los administradores.

Los concesionarios de estos depósitos de intervención de bienes denuncian "una tremenda falta de comunicación" con los órganos judiciales. "El juzgado no nos avisa ni nos contacta para aclararnos qué debemos hacer con los vehículos que salvaguardamos. Llamamos para pedir información sobre cualquier expediente y nos dicen que no somos parte implicada en el procedimiento y, por tanto, que no tenemos derecho a saber en qué fase se encuentra el asunto. Esto nos ocurre con cualquier juzgado de la provincia, ya sea de Instrucción, un Penal o la misma Audiencia de Cádiz".

"Nosotros no queremos recoger más embarcaciones, sobre todo del Campo de Gibraltar, el espacio está al límite. Ahora bien, si no lo hacemos, la Guardia Civil y la Policía Nacional nos bombardean a llamadas para que vayamos al lugar de la incautación", afirman los dueños. La situación ha llegado al punto que trabajadores del depósito se han visto "advertidos" por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. "Decían que si no acudían a recoger el vehículo en cuestión, acabarían siendo denunciados por obstrucción a la Justicia", aseveran los gerentes.

Si esta circunstancia no fuese ya de por sí complicada, aún es posible rizar el rizo. Según el gerente de Rent Marín, este acopio masivo de embarcaciones carece de sentido, ya que "casi el 100% de los barcos que custodiamos ni serán devueltos ni pasarán por subasta". ¿El motivo? "Porque la mayoría carece de identificación (ya se encargan los narcos de que así sea) y la Ley recoge que las embarcaciones sin registro identificativo no pueden ser subastadas, así que lo único que están haciendo aquí guardadas es generar un gasto. Y un gasto muy alto".

Gasto y, además, peligro. "Como depositarios, no estamos autorizados a tocar ningún vehículo que entre aquí. Si una embarcación viene cargada con 3.000 kilos de gasolina, no podemos vaciarla. Si recogemos un coche con las ventanillas bajadas, así se queda. No nos está permitido ni desembornar una batería porque, en teoría, todos estos bienes forman parte de un procedimiento judicial pendiente de resolución. En teoría...". Sin ir más lejos, todas las embarcaciones que quedaron calcinadas en el incendio que se produjo en estas instalaciones en mayo de 2017 continúan allí. La autoridad judicial pertinente no ha dado el visto bueno para su retirada. "Qué valor probatorio pueden aportar a una causa unas barcas quemadas", se quejan los propietarios, quienes también lamentan tener que conservar varios barcos incautados en un procedimiento penal archivado hasta en dos ocasiones, manifiestan.

Los administradores de Rent Marín y Asistencia La Janda están al tanto del acuerdo de colaboración firmado en 2013 por el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Fomento, la Fiscalía General del Estado y el Organismo Público Puertos del Estado relativo a las actuaciones tendentes a la venta o realización, anticipadamente a la sentencia firme, de los buques, barcos, y embarcaciones aprehendidos en procesos sobre tráfico ilícito de drogas, blanqueo de capitales procedentes de dicha actividad y delitos conexos. Este pacto, entienden, cae en saco roto. En primer lugar, "algunas embarcaciones incautadas se guardan en los puertos de la provincia, tal y como dicta este acuerdo. Hasta ahí, bien. Pero a nosotros también nos llegan y en mayor cantidad". De otra parte, los concesionarios comprobaron que la zona habilitada por Puertos de Estado en la margen izquierda del río Guadalete, en El Puerto, para custodiar barcos incautados es un "descampado donde es facilísimo robar". Acudieron a esta zona portuaria "intentando encontrar ideas que nos permitiesen incrementar nuestra seguridad y no sacamos nada en claro".

Rent Marín y Asistencia La Janda están acreditados para ejercer la función de depositario judicial desde el año 2003. Sus pagadores, señalan, son todas las administraciones que participan de una manera u otra en la aprehensión de bienes: la Junta de Andalucía, la Agencia Tributaria, Patrimonio del Estado, el Plan Nacional de Drogas y, hasta hace poco, la Seguridad Social.

"Hacemos una labor poco agradecida, nadie quiere llevarse la basura". Esa basura, ese colosal simposio de chatarra, se ha convertido en golosina para los narcos. "Hemos hecho una inversión fuerte en la provincia de Cádiz y nos está costando mucho amortizarla", ya sea por la pasividad de la Justicia, que no hace uso de las herramientas que le permiten descongestionar los depósitos de bienes intervenidos, ya sea por la actuación delictiva de los narcotraficantes, que han encontrado en estas instalaciones una especie de supermercado donde 'recuperar', a golpe de pistola si fuera necesario, sus pertenencias y útiles para seguir delinquiendo.