Acaba la huelga de LAJ con más de 3.000 juicios suspendidos en Cádiz
Los antiguos secretarios judiciales logran una subida salarial de 450 euros brutos al mes
Concentración de LAJ en Cádiz
Cádiz/Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y el Ministerio que dirige Pilar Llop han firmado este martes un acuerdo -que incluye una subida de hasta 450 euros brutos al mes- para poner fin a la huelga que mantenía el cuerpo de funcionarios desde el pasado 24 de enero en busca de mejoras salariales que compensen la carga de trabajo asumida en los últimos años.
Tras casi dos horas de reunión, el comité de huelga ha dado el visto bueno a la propuesta del Ministerio después de que el pasado lunes los LAJ votaran en sus asambleas a favor de firmar el acuerdo. En el caso de la provincia de Cádiz, el 100% de los antes conocidos como secretarios judiciales votaron a favor de la propuesta del Ministerio de Justicia.
"Aunque el acuerdo no es satisfactorio al 100% y no recoge todas nuestras reivindicaciones, entendimos que debíamos suscribirlo en un ejercicio de responsabilidad hacia la ciudadanía y con el resto de operadores jurídicos, tales como abogados, procuradores...", afirma Alberto Rojas, delegado del Colegio Nacional de Letrados en Cádiz.
La oferta de Justicia contempla una subida de entre 430 y 450 euros brutos al mes, según el nivel, en tres plazos: una con carácter retroactivo al 1 de enero de 2023, otra a enero de 2024 y una última a julio de 2024.
De esta forma, los LAJ de la provincia de Cádiz ponen fin a nueve semanas de huelga, una protesta que ha conllevado la suspensión de 3.103 juicios en los distintos órganos judiciales gaditanos. Asimismo, en ese periodo de tiempo se han cancelado 8.720 actuaciones judiciales y se ha reducido en un 60% los mandamientos de pagos realizados, 8.627 menos que en el mismo periodo que el año anterior.
No obstante, dentro del acuerdo pactado con el Ministerio de Justicia se contempla un plan de choque, aún por definir, para reactivar la actividad judicial y hacer frente así al parón que ha afectado sensiblemente a la Justicia, una administración ya de por sí perjudicada por los retrasos y la sobrecarga laboral.
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