El hijo de un ex alcalde de Madrid lideraba la cúpula del caso Bahía

Vivía en la urbanización La Finca de Pozuelo, una de las zonas de lujo de Madrid, aunque su domicilio oficial aparecía en Luxemburgo. Según figura en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), fue consejero o apoderado de empresas como Gasmendi, Mixor, Circol, Nortafric Export o la mismísima Telepizza. Actualmente, desempeñaba cargos de consejero, apoderado y administrador único en cuatro negocios más. Además, es hijo de quien fuera senador y alcalde de Madrid durante al transición, Juan de Arespacochaga. Su nombre es Joaquín Arespacochaga Llópiz, y fue uno de los ocho detenidos en la operación policial desarrollada en Madrid el pasado martes al ser considerado por la Policía como el líder de la trama que consiguió 21 millones de euros de forma ilícita en el conocido caso Bahía Competitiva.

La última fase de esta actuación llevada a cabo por la Brigada Central de Blanqueo de Capitales de la UDEF (Policía Judicial) dio al traste, según indicó la propia Policía, con una trama que supuestamente obtuvo de forma ilícita 21 millones de euros de subvenciones públicas para fomentar el empleo en Andalucía y que ha finalizado con 31 detenidos. Hasta 50 empresas solicitaban las ayudas, y después responsables y funcionarios de la Diputación de Cádiz y el Ministerio de Industria presuntamente facilitaban la concesión y expertos desviaban los fondos a paraísos fiscales para defraudar a la Hacienda Pública.

La Policía dijo ayer que los ocho arrestados el pasado martes disfrutaban de un "elevado nivel económico", especialmente el máximo responsable de la organización que residía habitualmente en una de las urbanizaciones más "exclusivas" de la Comunidad de Madrid, a pesar de tener fijada su residencia en Luxemburgo. Según confirmaron a este periódico fuentes policiales, se trata de Joaquín Arespacochaga Llópiz.

Pero no fue el único arrestado. Junto a él, resultó detenido su asesor jurídico que, según la Policía, responde a las iniciales F.J.I. Según figura en el BORME, en varias de las empresas en las que participa Joaquín Arespacochaga le acompaña como apoderado Francisco Javier Ibáñez Cruz. Además, se detuvo en la operación desarrollada en la capital de España a una colaboradora del principal acusado, que responde a las iniciales de M.C.F.G.

Igualmente, se arrestó a un ciudadano suizo, de iniciales I.V. Según informó ayer la Policía, la misión de los empresarios sería ocultar los beneficios obtenidos mediante el cobro irregular de las subvenciones. "Contaban para ello con el apoyo de un gestor de activos en Suiza encargado de colocar el dinero en paraísos fiscales para defraudar a la Hacienda Pública".

El resto de los detenidos son testaferros, entre ellos una mujer, y otro de nacionalidad belga, con iniciales M.C.P. Además, los agentes actuantes tomaron declaración a un notario de Madrid, Juan Luis D.H., que fue imputado pero no detenido.

Ayer mismo, la Policía Nacional trasladaba hasta el Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz, encargado del caso, a cuatro de los ocho detenidos en la capital de España. Según fuentes consultadas por este periódico, el propio Arespacochaga fue uno de los que pasó por el juzgado gaditano para dar cuenta ante la juez. Junto a él, el ciudadano suizo, Ismael V. y dos empleados de las oficinas del líder de la trama, uno de ellos una mujer. Los cuatro (los demás fueron puestos en libertad a las pocas horas) pasaron la noche del pasado miércoles en los calabozos de Moratalaz hasta su traslado ayer a Cádiz.

Desde las 13:00 y hasta las 20:00 horas, los cuatro imputados permanecieron en los calabozos de las instalaciones judiciales. Uno a uno, fueron prestando declaración ante la juez del caso. Alrededor de las seis de la tarde, uno de ellos salió en solitario del Juzgado. Fuentes judiciales consultadas por este periódico explicaron que el traslado a Cádiz se debe a que, legalmente, tienen que declarar ante el juez al llevar 24 horas detenidos. Al filo de las ocho de la tarde, los cuatro detenidos quedaron en libertad con cargos, uno de ellos bajo fianza. La juez decretó el secreto de sumario.

Hay que recordar que esta es la última fase de una operación que la Policía ya ha dado por desarticulada y que se ha desarrollado en tres fases. La primera acabó con el arresto de uno de los empresarios directamente relacionados con ayudas captadas para invertir en la provincia de Cádiz y que no se llevaron a efecto, el gallego Alejandro Manuel Dávila Ouviña. Poco después fueron imputados varios cargos de la Agencia IDEA, como Antonio Perales, y de la Diputación Provincial de Cádiz, entre ellos María José Valencia. La tercera pata de este entramado ha desvelado que el destino de esas ayudas estaba muy por encima de lo que, hasta ahora, se había sospechado.