Los alcaldes proponen que la vigilancia urbanística la asuma un ente supramunicipal

La mesa redonda que cerró ayer la Jornada sobre Regularización Urbanística en Andalucía, organizada por el Grupo Joly y patrocinada por el Ayuntamiento de Chiclana, sirvió para que dos alcaldes y un concejal andaluces explicaran las trabas que padecen -muchas, a su juicio- y los apoyos de los que disfrutan -pocos, a su entender- ante el fenómeno de la construcción ilegal y su posible "normalización".

El regidor de Vejer, Antonio Jesús Verdú (PSOE), aprovechó para explicar los procesos de urbanización y dotación de equipamientos públicos puestos en marcha en La Muela y El Palmar, gracias al apoyo de la Diputación, en el caso del enclave histórico interior, y de la Consejería de Obras Públicas, en el caso del costero. Pero también le cundió la ocasión para arremeter contra quienes se oponen al plan de El Palmar, "intoxicando el trabajo bien hecho", contra "los especuladores, los buitres que acechan" en el mismo lugar y contra la falta de dotación presupuestaria para el proceso de regularización.

Por su parte, Juan Antonio Millán, alcalde de Cartaya (Huelva), se explayó contra la presión que dice padecer en un municipio eminentemente agrícola y con vocación turística que ha preservado intacto un extenso pinar gracias a la "cultura ecologista cartayera". Millán apostó por que la vigilancia y la displicina urbanísticas las asuman entes supramunicipales como las diputaciones o consorcios, después de quejarse de estar "perseguido" -urbanísticamente, se entiende- por el Seprona. El regidor contó que fue procesado por prevaricación por omisión en un caso de supuesta ocupación del dominio público que ni siquiera se confirmó ante el juez, que sobreseyó el caso. Millán anunció la creación de un grupo de trabajo en el seno de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

Por su parte, el edil de Mijas Juan Cruz z pintó un panorama de su municipio poco favorable a la reguralización.