Altos mandos de la Guardia Civil siguieron adelante con el operativo de Barbate "pasara lo que pasara", según Jucil

Los agentes que sobrevivieron a la embestida de la narcolancha en Barbate aseguran que recibieron órdenes ambiguas de sus responsables

Los tripulantes y el jefe del equipo a bordo de la pequeña zódiac insistieron en varias conversaciones telefónicas previas sobre el grave riesgo que asumían de ser arrollados

La jueza de Barbate admite como prueba las conversaciones entre el sargento que viajaba en la zódiac y el coronel de la Guardia Civil

Vehículos de la Guardia Civil delante de la sede de los juzgados de Barbate / Manuel Aragón Pina
R.D./J.A.

09 de julio 2024 - 13:47

Cádiz/La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil Jucil considera que la difusión de los vídeos con los testimonios de los supervivientes de la tragedia vivida en el puerto de Barbate el 9 de febrero pasado exige la investigación por un posible delito de homicidio imprudente del general jefe de la Guardia Civil en Andalucía, Luis Ortega Carmona, y del coronel de la Comandancia de Cádiz, Luis Martín Velasco. Jucil los considera responsables de las órdenes del fracasado operativo en el que murieron asesinados dos guardias civiles, Miguel Ángel González y David Pérez.

Los compañeros de los fallecidos testificaron el pasado 28 de junio en el juzgado de Barbate que tramita las diligencias previas sobre la posible responsabilidad de ambos altos mandos. Según la asociación, en sus declaraciones reiteraron que avisaron varias veces de la peligrosidad de la misión y las órdenes ambiguas. No sabían si debían tomar el control de una narcolancha, evitar que éstas salieran del puerto mediante la instalación de una red o simplemente alejarlas. La mañana del día de la tragedia se subió a las redes sociales una foto de las lanchas y sus tripulantes en el puerto. El ministro Fernando Grande- Marlaska, que visitó Algeciras ese día, destacó los logros de Interior frente al narcotráfico.

Tras la declaración de los tripulantes que lograron salvar la vida después de ser arrollada su pequeña embarcación por una potente narcolancha de catorce metros de eslora, Jucil entiende que las explicaciones de los guardias civiles permiten deducir la existencia de "una intención clara por parte de los responsables de la Guardia Civil de que la operación se llevara adelante, pasara lo que pasara".

De hecho, los tripulantes y el jefe del equipo a bordo de la pequeña barca de goma insistieron en varias conversaciones telefónicas previas sobre el grave riesgo que asumían de ser arrollados por cualquiera de aquellas potentes embarcaciones de los narcotraficantes. Pero, pese a todo, se les insistió en que bajaran al agua para que hicieran “lo que pudieran”. Todo ello, además, a la vista de numerosas personas, por lo que no tuvieron duda de que los ocupantes de las narcolanchas estaban más que avisados de su presencia.

Responsabilidad penal

La asociación profesional tiene clara la responsabilidad penal de los autores directos del asesinato de los dos compañeros, para los que, como acusación particular en el caso, piden primero que sean detenidos para ser llevados ante la Justicia, donde reclamarán para ellos las máximas penas que permite el ordenamiento español. "Pero Jucil también sabe que existen otras responsabilidades, las de quienes dieron unas órdenes ambiguas y con el conocimiento de que se ponían seriamente en peligro las vidas de aquellos a los que se obligaba a cumplirlas. Por eso, pedimos también a la Justicia que investigue estas responsabilidades y, de encontrar en ellas un hecho delictivo, actúe en consecuencia frente a los responsables", concluyen.

La narcolancha de Huelva

De otra parte, según fuentes  cercanas al caso consultadas por este periódico, las últimas pesquisas apuntan a que la narcolancha intervenida en Huelva fue con la que se acometió el ataque mortal la noche del 9 de febrero en el puerto de Barbate. De hecho, se está a la espera de un informe de la Unidad Central Operativa, el órgano central del servicio de Policía Judicial de la Guardia Civil, que determine posibles vestigios concluyentes.

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