Ángel Núñez, fiscal jefe de Cádiz: “Jueces y fiscales nos llevamos las tortas de la bronca política”

Cádiz/Fácil, muy fácil ha sido la mudanza que ha tenido que llevar a cabo Ángel Núñez para desplazarse al lugar designado en la segunda planta de la Audiencia de Cádiz al fiscal jefe. Pocos metros, no llegan a diez, separan su antiguo despacho de fiscal coordinador del nuevo que ahora ocupa como máximo responsable del Ministerio Fiscal en la provincia gaditana. Ha cambiado la disposición de su mesa de trabajo, que ha emplazado en paralelo a la ventana que da a las Puertas de Tierra. Pequeños cambios que anuncian algo nuevo. A Núñez se le ve cómodo. Nos concede una entrevista en un sitio extremadamente familiar para él porque, aunque se estrena al frente de la Fiscalía de Cádiz, trabaja por y para ella desde hace más de 30 años.

-En el discurso que ofreció en su toma de posesión dijo que una de sus grandes líneas de trabajo pasaba por reivindicar mejoras de medios personales y materiales para la Fiscalía.

-Ahora mismo tenemos en la Fiscalía Provincial de Cádiz una ratio de un fiscal por cada 10.500 habitantes. Ni siquiera contamos con una ratio de uno a uno entre el número de órganos jurisdiccionales y fiscales. Estamos aproximadamente en un 0,80. Este déficit plantea, evidentemente, muchos problemas. A esto habría que añadir la falta de equiparación en cuanto a la cifra de funcionarios. No disponemos de un funcionario por fiscal, lo que, de nuevo, dificulta de forma notable nuestro trabajo. La falta de medios personales es algo que sucede de antiguo, fuera de aquí parecen no entender la complejidad y las peculiaridades de la provincia de Cádiz, que en realidad son tres, más la ciudad autónoma de Ceuta. Un delito es un número en la estadística, pero no es lo mismo un número de aquí que otro de una Fiscalía de la meseta castellana. En Cádiz, un caso pesa mucho.

–¿A quién hay que reclamar más dotación?

–En lo que se refiere a la organización de la oficina, a la Junta de Andalucía; y en lo que respecta a los medios personales de los fiscales, a la Fiscalía General del Estado y al Ministerio de Justicia.

–Habló también en su discurso de la necesidad de potenciar las especialidades.

–Las especialidades han sido una de las estrategias organizativas que mejores resultados han arrojado en la Fiscalía. El Derecho cada vez es más complejo, por eso la figura del fiscal generalista no tiene sentido. Además, nuestro estatuto orgánico apunta en esa dirección, hacia la especialización.

–En la provincia concurren cuatro grandes tipos delictivos: el narcotráfico, la corrupción, el crimen organizado y la violencia de género.

–Son focos muy importantes de nuestra atención pero no los únicos. También nos interesa la criminalidad informática, porque está creciendo de forma muy notable en personas de corta edad penal, esto es, que acaban de cumplir la mayoría de edad y que incluso traen referencias previas ante la jurisdicción de menores. Asimismo, hay otros delitos, como los de naturaleza violenta vinculados a los sectores más jóvenes de la sociedad. Son muchos frentes abiertos. En cuanto a la violencia de género, no es un delito específico que se dé sólo en la provincia, sino que abarca a todo el territorio nacional y que ocupa especialmente nuestros esfuerzos.

–Fue usted muy preciso cuando atendió a los medios antes de tomar posesión de su cargo el pasado lunes. Dijo violencia machista.

–Efectivamente, utilicé el término violencia machista.

–¿Es importante seguir acuñando estos términos cuando determinados partidos políticos, sobre todo de la extrema derecha, hablan de violencia intrafamiliar?

–Yo soy un defensor de la legalidad y me refiero a lo que la Ley establece, una violencia de la que son objeto las mujeres, precisamente, por serlo. Por lo tanto, la denominación violencia machista es la que mejor se ajusta.

–No se puede negar...

–Evidentemente.

–Hablemos de la relación Fiscalía-sociedad. Los ciudadanos son muy conscientes de que tienen derecho a ser atendidos por un médico de la Seguridad Social. Quizás no se tiene la misma percepción de la Justicia como servicio público.

–La Fiscalía está abierta a la sociedad y vamos a potenciar eso. Tenemos cauces para hacerlo y ya están en funcionamiento. Lo que sucede es que cuando la Constitución habla del fiscal como defensor de los derechos de los ciudadanos, a veces nos confunden con abogados. Nosotros no somos abogados ni aquí puede venir una persona en demanda de un letrado. Para eso están los despachos, que hacen magníficamente su labor. La Fiscalía está a disposición de la ciudadanía en lo que se refiere a sus funciones, que son las que establece la Constitución y el estatuto orgánico. En cualquier caso, tenemos una sección en la Fiscalía, dirigida por la fiscal Virginia Alonso, que se encarga de la asistencia a las víctimas y desempeña una gran labor.

–Virginia Alonso fue su madrina en el acto de toma de posesión.

–Una gran madrina que seguramente se convierta en la próxima teniente fiscal, ahora lo es en funciones. Llevamos trabajando juntos 32 años aproximadamente.

Antes de formalizar mi candidatura a fiscal jefe, pregunté y animé a muchos de mis compañeros a presentarse. Todos me respondían: mejor preséntate tú. Al final casi me empujaron, me convencieron y acabé haciéndolo.

–En cuanto a los objetivos que se marca a largo plazo, imagino que centra su atención la nueva Lecrim, impulsada en la etapa de su compañero Juan Carlos Campo como ministro de Justicia. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal otorga al Ministerio Fiscal la investigación penal de la causas en detrimento del juez instructor.

–Soy un firme defensor de la conveniencia de la dirección de la investigación por parte del fiscal, de hecho, en 2011 formé parte de la comisión que redactó el primer anteproyecto de la nueva Lecrim. Así pues, cada vez que se ha producido un anuncio de una reforma procesal, me ilusiono. Lo que sucede es que nos vemos inmersos en el Día de la Marmota. Se repiten los anuncios sin que nunca se culminen. En este caso, desde el cese de Juan Carlos Campo parece que el impulso que él le estaba dando al proyecto ha sufrido una evidente paralización.

–Queda pendiente un informe del Consejo General del Poder Judicial.

–Sí, está pendiente. La Fiscalía ya emitió el suyo, de alto nivel y bastante crítico.

–¿Crítico en qué sentido?

–Cuestionaba determinados aspectos del anteproyecto. Precisamente para eso se solicitan los informes, para que en el trabajo preparlamentario y después en el parlamentario se puedan mejorar ciertos asuntos del texto legislativo.

Lo que sí está claro es que empieza a echarse el tiempo encima con lo que queda de legislatura. Habrá que ver si sigue existiendo una voluntad política de llevar adelante ese proyecto o no.

Es una excelente idea que la Fiscalía asuma la investigación, como lo hacen los países más avanzados de nuestro entorno. Es un buen proyecto, mejorable, eso sí. Otra cosa es que soy bastante escéptico con que vayamos a ver esa nueva Ley publicada en el BOE.

–¿Nos quedamos como estamos entonces?

–Antonio del Moral, un magistrado excelente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, dice que en materia de inminencia en la reforma procesal penal, en España sufrimos ‘el síndrome de Phil’, que es el complejo que padece Bill Murray en la película Atrapado en el tiempo. Aquí continuamente nos hablan de la inminencia de la reforma procesal pero nunca se produce.

–¿Qué consecuencias trae esta falta de concreción?

–La falta de modernización del sistema procesal penal español. En la actualidad tenemos una Ley de 1882, una especie de carretera por la que nos piden que circulemos a velocidades del Circuito de Jerez. Eso conduce a grandes accidentes y siniestros en los procedimientos judiciales. Pasa en Cádiz y pasa en todas partes. Continuamente.

En definitiva, la primera asignatura pendiente es la modernización del sistema procesal penal. Y no es tanto una cuestión de medios personales o materiales, ni siquiera de dinero, es una cuestión de leyes.

También es verdad que hay ciertas posturas discrepantes en el Poder Judicial, a mi juicio erróneas, por cuanto hay jueces que ven una pérdida de poder en que la investigación la dirija el fiscal. Bajo mi punto de vista, supone todo lo contrario, porque el juez estará para lo que tiene que estar, para juzgar, hacer ejecutar lo juzgado y controlar la investigación.

–La sociedad experimenta ahora una cierta desconfianza hacia el Poder Judicial y su independencia, acrecentada por el enquistamiento en la renovación del CGPJ.

–Yo no tengo ni la más remota duda respecto a la independencia del Poder Judicial. Menos todavía, si cabe, de los jueces y magistrados que he conocido a lo largo de mis más de 30 años de ejercicio profesional. Por otra parte, en lo que se refiere a la autonomía del Ministerio Fiscal, mi opinión es exactamente la misma. En 32 años, jamás he recibido una orden. Jamás. Y he llevado muchos asuntos sensibles política y mediáticamente hablando.

Por tanto, esa sensación de desconfianza –que creo que existe– es consecuencia de instancias ajenas al Poder Judicial y al Ministerio Fiscal. Es la disputa política la que convierte invariablemente al Fiscal General del Estado en objeto del ‘pim pam pum’ parlamentario. Si a esto sumamos un hecho tan gravísimo como que tenemos un Poder Judicial caducado y no renovado desde hace tres años... La bronca política y el ruido que la acompaña hacen que las tortas nos las llevemos jueces y fiscales.

–Quería abordar también con usted el tema de las conformidades. Cuando se llega a un acuerdo en un procedimiento penal y el acusado de cualquier tipo de delito admite los hechos y se le rebaja la pena, eso produce cierto escozor entre la opinión pública.

-Por una parte, la conformidad es una herramienta que existe en todos los países avanzados, un instrumento que favorece la celeridad en la Administración de Justicia y la aplicación de penas ajustadas a la gravedad del delito, al mismo tiempo que descarga de trabajo a los órganos judiciales, aunque eso es un efecto colateral.

Por otra parte, todo procedimiento judicial es como un partido de fútbol de resultado incierto y las circunstancias que lo rodean son cambiantes a lo largo del tiempo. Las que se producían en el momento del escrito de acusación no siempre son las mismas que se dan al inicio del juicio. Determinadas pruebas pueden haber desaparecido o se han diluido. Otras quizás se han potenciado o ratificado. Las defensas pueden aportar elementos de descargo que avalen determinados planteamientos... Todo eso tiene que ser valorado antes de la vista oral por el fiscal, la acusación particular y la defensa.

Por último, en buena parte de las conformidades alcanzadas hay acusaciones particulares, sin cuyo concurso es imposible llegar a un acuerdo, pues así lo establece la Ley.

Sin perjuicio de que a veces pueda llamar la atención una disminución de la pena, en ocasiones motivada también por las dilaciones indebidas que lamentable se dan, quizás donde fallemos un poco sea en una cierta explicación. Después de una conformidad, yo suelo explicarle a los perjudicados el porqué y en qué términos se ha producido.

-Cito palabras textuales suyas: "Los fiscales trabajamos con el mal y administramos dolor. No hemos descubierto los humanos otra forma de combatir la iniquidad. Por eso hemos de ser extremadamente cuidadosos y aplicar la pena mínima necesaria, según el ilustrado Beccaria".

-La suavidad de las penas es propia de las sociedades civilizadas, decía Montesquieu. Parece que estamos dando pasos hacia atrás en este aspecto, que todo se resuelve con un incremento de la pena cuando está demostrado -no lo digo yo, lo dicen los criminólogos- que el aumento de la condena no redunda en una disminución del delito. Lo que de verdad redunda es que las penas sean prontas, que transcurra poco tiempo entre la comisión de los hechos y la imposición de la pena. En España las penas son efectivas, porque se cumplen, pero no son prontas. Lo que ocurre es que sale más barato modificar la pena en el Código Penal que invertir en la Administración de Justicia para que se dicten antes las sentencias.

-Dejando al lado su faceta profesional, no puedo dejar de preguntarle su opinión sobre el Carnaval en primavera con temperaturas de verano.

-Me gusta el Carnaval cuando tiene que ser, como es lógico, pero este año concurren circunstancias que los juristas denominamos de 'estado de necesidad', lo que, por otra parte, nos va a permitir disfrutar de dos Carnavales. Yo me divertí muchísimo en el bonito Carnaval de febrero, mucho más tranquilo que otros años, y ahora me dispongo a disfrutar del Carnaval de mayo y junio. Los gaditanos siempre buscamos la parte buena a las cosas.

-Y con el fútbol, ¿qué hacemos?

-Yo ya estoy de los nervios hasta que el domingo se resuelva la papeleta. Sea cual sea el resultado, no queda otra que seguir con el Cádiz y ya está.

-¿Estará al frente de la Fiscalía de Cádiz cinco años o prorrogará su jefatura por otros cinco más?

-A mí no me gusta hacer planes a largo plazo.

-Cuando finalice su mandato, sobre qué proyecto o aspiración le gustaría decir: Lo conseguí.

-Dentro de cinco años me gustaría que los fiscales tengamos más medios, que la Fiscalía de Cádiz sea más eficaz -que ahora lo es bastante- y que mis compañeros tengan un buen concepto de mi jefatura.

-Tiene usted fama de fiscal leñero.

-El otro día, un muy buen abogado de Jerez me llamaba en Twitter "un killer en sala" (risas). Me lo tomo como un cumplido. Además, me dijo que se alegraba de mi nombramiento porque me vería menos por los juicios.

-Quería estudiar Filosofía y ha acabado como fiscal jefe de Cádiz. ¿Cuándo se dio cuenta que la vida le deparaba un plan B?

-Eso te lo depara continuamente. Yo empecé Derecho con seriedad y con esfuerzo. Cuando terminé y no sabía qué hacer, se me ocurrió preparar la oposición. No voy a decir que disfrutara porque fue muy duro, pero como aprobé pronto y empecé a trabajar, descubrí que me gustaba. Y cada día me gusta más. Así que se ha convertido en un plan totalmente A.