La anulación de la plusvalía pone en riesgo 17 millones en la Bahía

Preocupación en los ayuntamientos de la Bahía de Cádiz ante la anulación del impuesto de plusvalía. Este gravamen supone la tercera fuente de financiación de las administraciones locales, tras las transferencias del Estado y el cobro del IBI. Los municipios de la comarca recaudan en torno a 17 millones de euros con este impuesto, cuyo método de cálculo ha sido abolido por el Tribunal Constitucional en una sentencia de la que sólo se conocen algunos detalles pues no ha sido aún publicada. Eso sí, el alto tribunal, que ya se pronunció contra este impuesto en 2017 y 2019, especifica en la nota de prensa difundida el martes que la anulación no tendrá carácter retroactivo.

Ya en 2017, este impuesto sufrió un importante varapalo del Constitucional por un caso de Jerez. Una promotora de la ciudad planteó una cuestión de inconstitucionalidad por su cobro en aquellos casos que no hubiera ganancia patrimonial por parte del que vendía el inmueble. El Constitucional determinó que los ayuntamientos únicamente podían cobrar este tributo en aquellos casos que hubiera ganancia patrimonial. Ahora, tras otra cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado de Málaga, se ha anulado el sistema de cálculo del tributo recogido en la Ley de Haciendas Locales.

Uno de los ayuntamientos que más recauda es el de Cádiz, que estima que le reporta entre 6,5 y los 7,5 millones de euros anuales, un 4% de los ingresos. El concejal de Economía , José Ramón Páez, lamentó ayer el “nuevo castigo” en materia de financiación a los ayuntamientos y reclamó al Gobierno “una renovación integral de la ley de financiación de las haciendas locales”.

El Consistorio critica la “dejadez” del Ejecutivo por no reformar la ley tras las dos sentencias anteriores del Constittucional, lo que ha desembocado en “un nuevo revés judicial que afecta directamente a los ayuntamientos, que siguen infrafinanciados y maltratados en este sentido pese a ser la administración más cercana y que más ayuda de manera directa a la ciudadanía”.

En el caso del Ayuntamiento de Chiclana, el impuesto de la plusvalía reporta unos 4,3 millones de euros, según consta en la previsión de ingresos del Presupuesto de 2021. Desde el Gobierno local se lanza un mensaje de cautela a la espera de conocer el contenido íntegro de la sentencia, según su edil de Hacienda, Joaquín Guerrero. “Es la tercera sentencia y reitero que aún es precipitado saber el alcance para las arcas municipales”, señaló el concejal chiclanero.

En San Fernando la plusvalía aporta a las arcas municipales una media anual de unos dos millones. En el borrador de 2019, pone de ejemplo el gobierno municipal, ascendía a 1,9 millones. Sin embargo, el concejal de Gestión Presupuestaria, Conrado Rodríguez, aclara que han sido “prudentes al aplicar este impuesto, sobre todo en casos en los que había discrepancia o litigio”.

Tras la sentencia del Constitucional, el equipo de gobierno lanza un mensaje de prudencia puesto que “para hacer una valoración completa del alcance de la sentencia conviene conocer el texto íntegro que, al parecer, se hará público en los próximos días”. A la espera de su publicación, Rodríguez recuerda que “el Gobierno central ya ha apuntado que garantizará la constitucionalidad del tributo y ofrecerá seguridad jurídica a los contribuyentes y certidumbre a los ayuntamientos”.

En cuanto al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, esta cantidad asciende a algo más de tres millones anuales, en concreto 3.127.024,69 euros, cifra que figura en los últimos presupuestos municipales aprobados en el municipio, los del año 2018. La concejal de Economía y Hacienda, Blanca Merino, declinó de momento valorar el impacto que esta sentencia tendrá para las arcas municipales.

Para el Ayuntamiento de Puerto Real, según su edil de Economía y Hacienda, Rufino Morillo, el fallo “perjudica los servicios que como administración local estamos obligados a prestar”. De media, en el municipio puertorrealeño, se recauda unos 754.000 euros anuales. La cantidad supone algo más de 2% de los ingresos previstos en la localidad, según lel presupuesto municipal aprobado recientemente. “De momento estamos parados, no tenemos otra alternativa, a la espera del devenir de todo el proceso porque el Ministerio de Hacienda ya ha encargado un estudio sobre la forma de volver a calcular la liquidación resultante de este impuesto”, explicó Morillo.