Archivo del accidente de 2011 donde murieron dos infantes de Marina del TEAR y tres resultaron heridos

Más de once años después del accidente con explosivos del Hoyo de Manzanares, con cinco militares fallecidos -dos infantes de Marina del TEAR- y otros tres militares gaditanos heridos, los tribunales cierran el caso sin responsables. En un auto de este pasado mes de septiembre, el Tribunal Territorial Primero acuerda su sobreseimiento definitivo al "no ser los hechos constitutivos de delito" y en todo caso, "de haberlo habido"- añade- haber prescrito.

Se da carpetazo así a un largo procedimiento, y con "muchos defectos" a tenor de la representación de las víctimas de esta explosión ocurrida cuando se preparaban con munición en el cuartel de Madrid para un despliegue en el Líbano. Uno de ellos, el teniente asidonense José Manuel Candón, con importantes secuelas, llegó a ser el único procesado en la causa por la anterior jueza instructora, una situación revocada luego en dos ocasiones por el tribunal, que en esta última decisión incide de nuevo en que "no existe elemento alguno" para considerar la existencia de "indicios racionales de criminalidad en algunos de los intervinientes directos" en el accidente. El tribunal se hace eco de la propuesta de la juez togado en que dice "el fatal resultado se debió a un imprevisible accidente, excluyendo que existiese negligencia alguna por parte de los intervinientes en el ejercicio".

Lo que sí abre las puertas el auto es a una indemnización a las víctimas por la vía de la responsabilidad patrimonial de la administración, algo que hasta ahora se les ha negado. Así pide que se de cuenta a la Ministra de Defensa, Margarita Robles, por si a la vista de los hechos probados considera pertinente iniciar los trámites legales para indemnizar a las víctimas por los daños sufridos en el accidente.

Y es que para el tribunal, "de los hechos probados se infiere que los resultados del accidente (muertes y lesiones) no debieron acaecer y en ningún modo tener que soportar los implicados dichas consecuencias, pudiendo ser calificadas de antijurídicas y atribuibles al funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos". Es decir, pudiendo estar sujetos a "la necesaria reparación patrimonial por parte de la administración", dejando la pelota en manos de la ministra.

En su auto donde decreta el archivo, el tribunal militar no ve probado "en modo alguno" el nexo causal entre "el luctuoso resultado y una intervención de la cadena de mando militar en lo atinente a facilitar material indebido para el ejercicio programado", como lo entendían las acusaciones particulares. Igualmente, afirma, "no se puede inferir que el fatal resultado tenga un nexo causal con la circunstancias" de que las minas utilizadas estuvieran caducadas y fueran no aptas para el ejercicio, posibilidad que reconocen pero "que no contribuyó a la detonación de los explosivos", según el dictamen. Para el tribunal, fue un "imprevisible accidente".

Así, a propuesta del la juez instructora, acuerda el sobreseimiento definitivo del caso más de once años después del siniestro, al que se han opuesto la representación letrada de las víctimas gaditanas, al no ver delito y si lo hubiera, afirma, haber prescrito.

Más de 11 años

En el Campo de Tiro de El Palancar, dentro de las instalaciones de la Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra de Hoyo de Manzanares, fallecieron dos infantes de Marina del Tercio de Armada de San Fernando así como otros tres militares del Ejército de Tierra. Además resultaron heridos de distinta gravedad los otros tres Infantes de Marina del equipo de desactivadores.

El accidente ocurrió el 24 de febrero de 2011 mientras se desarrollaba un ejercicio de adiestramiento en desactivación de explosivos, dentro del marco del programa de adiestramiento previo al despliegue del contingente de las Fuerzas Armadas españolas en la misión de Naciones Unidas en el Líbano (FINUL).

El abogado de los tres heridos del TEAR y una de las viudas, Jesús Blanco, del Colegio de Cádiz, destaca la "oportunidad" de por lo menos mitigar el dolor con la indemnización patrimonial, que deja en manos de la ministra, aunque deja "indemnes" beneficiados de una instrucción "lenta" y con "defectos".

A los heridos José Manuel Candón y Raúl González no le deja satisfecho jurídicamente después de una larga batalla judicial. Candón, con importantes secuelas tras los sucedido, cree que sí le dan la razón "moral" en cuanto a la munición inútil o que exonere a las víctimas completamente, pero "se han quedado sin investigar muchas cosas".