Sueldos por apoyos, así controla Irene García el PSOE de Cádiz

Que conste que la estrategia no es nueva, porque desde hace tiempo se viene desarrollando en muchas instituciones públicas de España y por parte de casi todos los partidos políticos. Pero la verdad es que en la provincia de Cádiz jamás se había visto hasta ahora que alguien utilizara de manera tan clara los recursos públicos en beneficio del partido que lidera y, en cierto modo, también en beneficio propio. Eso es lo que está sucediendo en la Diputación de Cádiz donde, sobre todo en los dos últimos años, su presidenta, Irene García, ha disparado la cifra de asesores del gobierno provincial hasta llegar a la veintena, todos nombrados por el PSOE. Lo curioso es que la mitad de ellos cobran de la institución provincial sin pisar estas instalaciones y sin que tengan un cometido que se les conozca. Ni siquiera cuentan con un puesto de trabajo fijo en el Palacio Provincial. Bien al contrario, esa decena de cargos de libre designación tienen la misión de centrarse en sus localidades de origen, donde ejercen en unos casos como alcaldes y en otros como líderes de la oposición, haciendo un marcaje férreo a los regidores rivales. Y todo, claro, a cambio de devolverles el favor a Irene García, a la sazón secretaria provincial del PSOE, cuando llegan los congresos. Así controla el partido la política sanluqueña en el territorio gaditano.

La evolución del número de asesores con los que ha venido contando el gobierno de la Diputación de Cádiz es un recurso que viene exprimiendo mucho Irene García. Al principio, en 2015, no fue tan escandaloso porque dispuso un tope de 15 asesores, de los que 12 correspondían al PSOE y los tres restantes a sus socios del PA. Pero en 2019 llegó la eclosión. Ahí Irene García soltó amarras, primero aprobando un incremento en un 6% de los sueldos de todos los cargos públicos en la Diputación gaditana, luego disparando la lista de asesores del gobierno de la Diputación hasta la veintena, y finalmente, y a la vista de que sus socios del partido La Línea 100x100 no mostraban apego por estas contrataciones de libre designación, la también secretaria provincial del PSOE decidió copar estos 20 puestos con cargos de su partido, sin dejar ni una vacante. El coste bruto de esta veintena de contrataciones se elevaba ya hasta los 822.000 euros al año, como se aprobó en el pleno y como se recoge en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del 29 de julio de 2019. La relación de 20 asesores estaba ya completada pocos meses después (BOP del 14 de enero de 2020).

Lo llamativo es que en todas esas contrataciones se refleja de manera clara que estos contratados contarán con dedicación plena a la institución provincial, algo que no se da en muchos casos. Por ejemplo, entre esos asesores se incluye a cuatro alcaldes socialistas que están centrados al cien por cien en el día a día de sus pueblos, sin contar con obligaciones de la Diputación a su cargo. Son los casos de Antonio González Carretero (San José del Valle), Pedro Barroso (Torre Alháquime), Isabel Moreno (El Gastor) y Ángel Acuña (Algodonales). Gracias a la generosidad de Irene García, estos cuatro regidores consiguen que las arcas municipales de sus pueblos se ahorren el tener que pagar sus nóminas ya que cobran de la Diputación a razón de 39.000 euros brutos al año cada uno.

Pero es que Irene García quiso recompensar también con un puesto en la Diputación a otros candidatos a alcaldes de su partido que fueron derrotados en las urnas hace ahora dos años. Algunos fueron aupados incluso al cargo de diputados provinciales, aunque sí están centrados en labores de gobierno, como sucede por ejemplo con el portuense David de la Encina y con el vejeriego Antonio González Mellado. Y más novedosa fue incluso la salida que se le buscó a Jesús Solís, secretario de Política Municipal de la ejecutiva provincial socialista y que en el mandato anterior (2015-2019) fue el diputado provincial de Hacienda. En 2019 Solís se llevó un revés doble ya que las urnas no sólo le negaron la posibilidad de ser el nuevo alcalde de San Martín del Tesorillo, sino que también se quedó sin su acta de diputado provincial. Pero Irene García no quiso desprenderse de una de sus personas de confianza y le reservó la plaza de director del área económica de la Diputación. Tras la modificación del estatuto de los altos cargos, y al ser funcionario del grupo A de la Consejería de Educación de la Junta, Jesús Solís pudo acceder a esta plaza, aunque apartando de la misma a la funcionaria que la venía asumiendo desde hacía años.

Pero Irene García también quiso dar un puesto como personal de libre designación en la Diputación a otros alcaldables socialistas que fueron vencidos en Puerto Serrano (Miguel Ángel Correro), Barbate (Mari Loli Varo), Trebujena (Miguel Guerra) o Medina Sidonia (Juan María Cornejo) o que, pese a ganar en las urnas, fueron apartados de la Alcaldía, como fue el caso de Antonio Venegas en Benaocaz.

En muchos de estos casos la presencia de estos cargos socialistas en la Diputación es nula o, como mucho, testimonial. También se da el caso de que desde el gobierno provincial se les pide que preparen trabajos, proyectos o programas sobre cuestiones de relevancia que afectan a sus municipios como el alga invasora, el PER, la PAC, etc.,

En esta estrategia que desarrolla Irene García desde la Presidencia de la Diputación hay un dato muy curioso y no es otro que el marcaje que los líderes locales del PSOE realizan a diario a algunos alcaldes de IU en la provincia gaditana. Esto sucede en localidades como Medina Sidonia, Trebujena, Puerto Serrano o Alcalá del Valle, por ejemplo. En estos pueblos, y gracias a su sueldo como asesores de la Diputación, los socialistas que son los líderes de la oposición pueden centrarse al cien por cien en el día a día de sus pueblos, siempre buscando réditos posteriores para sus partidos en las urnas y, lo que no deja de ser paradójico, en todos los casos cobrando más que los regidores de IU.

Hay otros asesores del gobierno provincial a los que se les ve muy poco por la Diputación como sería el caso por ejemplo de Remedios Palma, ex delegada de la Junta y centrada ahora en el Ayuntamiento de Olvera, donde es la mano derecha de su alcalde, Francisco Párraga. Y muy pocos en la Diputación le ponen cara a otros asesores como Marta Bernal (concejal en Los Barrios), Ana María Jarillo (concejal en Algeciras), Jorge Jiménez Serrano (militante socialista de San Roque) o Virginia Forero (ex concejala de Chiclana) y que fue la última incorporación.

Evidentemente sí hay asesores que tienen un peso relevante en la gestión diaria de esta institución. Los ejemplos más palpables serían los de Eva Leal y Juan Ramón Aramburu, directores de los gabinetes de Presidencia y de Comunicación, respectivamente, y que son los únicos de los 20 asesores con un sueldo mayor: 60.000 euros brutos anuales cada uno. Junto a ellos también son habituales en los pasillos de la Diputación otros asesores como María Colón, ex parlamentaria andaluza; Dolores Virués, ex coordinadora provincial del IAM; Pascual Collado, ex alcalde de Jimena; o el periodista Cristóbal González.

Todo esto es en lo referente a los 20 asesores del gobierno provincial. Pero es que aparte hay que contar con otros cinco cargos de libre designación que competen al Grupo Socialista, una relación en los que se incluyen otros tres candidatos socialistas que fueron derrotados en las municipales (María José Villagrán en Algar, José Antonio Narváez en Alcalá del Valle y Diego López en Villamartín), además de Joaquín Macías, ex secretario general del PSOE de Arcos, y de la militante de San Fernando Juana Rodríguez Muñoz. Los partidos de la oposición también tienen sus asesores de grupo, pero la cifra es ridícula en comparación con los que tiene el PSOE.