La autopista liberada será sostenida por el Estado “sin costes adicionales”

Durante décadas la provincia de Cádiz ha tenido una aduana. El peaje de la autopista, prorrogado en varias ocasiones, funcionaba a modo de arancel. Esta situación hizo a la Confederación de Empresarios de Cádiz, con su actual presidente a la cabeza, Javier Sánchez Rojas, situar la autopista de peaje, única conexión por doble vía con el resto del territorio, como la principal barrera para el desarrollo económico de la provincia.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo ha reconocido ahora afirmando que el fin del peaje, que otros gobiernos, incluidos los socialistas, evitaron, “facilitará el contacto con el resto del territorio para fomentar las inversiones”.

En declaraciones a Radio Cádiz, después de que el Consejo de Ministros diera el paso decisivo para su liberación el próximo 31 de diciembre al licitar por 24 millones de euros el contrato de mantenimiento, Montero reconoció que esta “demanda histórica” situaba a Cádiz en condiciones de igualdad con otras provincias.

Pese a esta evidencia, ningún otro Gobierno hasta ahora se había planteado una negociación para romper esta barrera. En la ruleta le ha tocado a un Gobierno socialista -ya fue anunciado por el Ejecutivo de Rajoy- el fin de una concesión que tiene su origen en el año 1969. En aquel tiempo la autopista que unía Cádiz con Sevilla era la segunda que se construía en el país y, cincuenta años después, no hubo ninguna otra vía alternativa y convirtió la AP-4 en una reliquia dentro de la historia de nuestras infraestructuras.

La licitación por parte del Gobierno supone un sistema por el cual el mantenimiento no conlleva gastos adicionales para el estados. Además, y esto es una de las novedades, ya que la fórmula ya había sido diseñada por el anterior Ejecutivo, se ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos para la recolocación de los trabajadores de la concesionaria. Es una fórmula calcada a la que se ha adoptado con la autopista del Mediterráneo, en su tramo entre Tarragona y Alicante, también explotada hasta ahora por Abertis y cuya concesión expira al mismo tiempo que la de Cádiz. Esta autopista también data en sus orígenes de 1969 (el tramo Granollers-Barcelona), pero la diferencia es que se fueron liberando varios tramos con el paso el tiempo y además se construyeron vías alternativas.

Las palabras de Montero vinieron a sumarse a las de su delegado en Andaucía, Lucrecio Fernández que recordaba lo sabido: “No existe una carretera alternativa de alta capacidad y estamos ante una vía de comunicación de especial importancia para la provincia de Cádiz. El Gobierno de España deja claro que la supresión del peaje existente en el tramo entre Dos Hermanas y Jerez es imprescindible y prioritario”.

La autopista de peaje ha sido motivo de continua disputa entre los dos grandes partidos, PSOE y PP, según quién gobernara.

De hecho, Susana Díaz, siendo presidenta de la Junta y con Rajoy como presidente, llegó a decir que pediría una indemnización de 126 millones de euros por el retraso en la liberación de esta vía. Por entonces, la hoy ministra María Jesús Montero era su consejera de Hacienda.

Por su parte, en la campaña de las anteriores autonómicas Juanma Moreno llegó a montar una manifestación de su partido en el peaje cuando el PP había dejado de gobernar sólo unos meses antes en Madrid. Allí prometió que liberaría la autopista “antes de 2019” si gobernaba. Al final gobierna, pero, naturalmente, no estaba en su mano y, tal y como estaba previsto, el fin de la concesión llegará sólo un día después, el primer día del año 2020. Será entonces cuando la provincia deje de tener un ‘arancel’.