Autopista Sevilla-Cádiz: ¿Puede volver el peaje de la AP-4?

El pasado 31 de diciembre de 2019 se levantó, presuntamente para siempre, la barrera del peaje de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz. Tras 48 años y varias prórrogas -el pago por la utilización de esta vía debía terminar en 1993, pero se prolongó 26 años más de lo previsto-, el Gobierno de España acordó liberar por fin el peaje y asumir el mantenimiento de la autovía. Así, el trayecto entre Cádiz y Sevilla -y viceversa- volvía a ser gratis, una situación que muchos usuarios no habían conocido a lo largo de su vida.

Tres meses después de la liberación del peaje llegaron la pandemia, el confinamiento, los cierres perimetrales... una situación que no ha permitido el uso y disfrute de la autovía entre ambas capitales andaluzas como a muchos les hubiera gustado. Ahora una nueva amenaza se cierne sobre esta vía entre Sevilla y Cádiz, que podría volver a ser de pago en un futuro no muy lejano.

Y es que el Gobierno de España planea implantar en 2024 un sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado, que puede ser ampliable al resto de vías, buscando un acuerdo social y político, según recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia que ya ha sido remitido a Bruselas.

El Ejecutivo sostiene que, de acuerdo con la experiencia internacional, de 2 a 3 años es el tiempo mínimo necesario para desarrollar los instrumentos normativos y crear la estructura precisa para implantar este sistema de pago por uso a nivel nacional.

Según recoge en el documento, esta medida formaría parte de la Ley de Movilidad y Financiación del Transporte, con la que el Gobierno pretende introducir en España los principios de "el que contamina paga" y "el que usa paga".

Se espera que en el primer semestre de 2021 se eleve el texto al Consejo de Ministros para una primera lectura y que se apruebe en el segundo semestre de 2023.

La introducción de un sistema de ingresos que garantice fondos necesarios para la conservación de la red viaria estatal será tratado con los transportistas profesionales con objeto de llegar a un acuerdo, así como con las comunidades autónomas y otras administraciones.

Los particulares también se verán afectados, por lo que hasta el año 2024 se llevará a cabo una campaña de concienciación y sensibilización sobre la necesidad de esta medida. El Ejecutivo espera cierto rechazo inicial de la población en general, por lo ve aconsejable unas tarifas asumibles, escalables y progresivas.

Asimismo, se contemplan reducciones o bonificaciones a ciertos colectivos más desfavorecidos o a los usuarios habituales en ciertos tramos.

Déficit de mantenimiento creciente

Actualmente, la red estatal supera los 26.466 km de extensión, de los que unos 12.000 son carreteras de alta capacidad, siendo la más extensa de Europa.

El Ejecutivo señala que los costes de conservación son crecientes y que no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios, lo que está generando un déficit acumulado de mantenimiento de la red, con una pérdida de su valor, así como un deterioro de la calidad del servicio y consecuencias en la seguridad vial.

Por ello, entiende que imponer un pago por uso permitiría garantizar la conservación de la red viaria, generar incentivos hacia una mayor eficiencia de este modo de transporte y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

En el caso de los vehículos pesados autorizados para el transporte de mercancías por carretera, se prevé impulsar las condiciones normativas necesarias para que el coste de esta medida sea asumido por los cargadores.

Con estos peajes en las autovías, se pretende dotar al sistema de un mecanismo para garantizar su sostenibilidad financiera, introducir incentivos a los vehículos más sostenibles y eficientes e internalizar los costes externos ligados a factores como el impacto medioambiental (contaminación, ruido, ocupación del espacio), congestión o mantenimiento de las infraestructuras.