Varios ayuntamientos de la provincia reprochan a la Junta que el Plan Aire vaya a dejar fuera al 60% de la población gaditana

Cádiz/Los ayuntamientos gaditanos de Cádiz, Chiclana, Jerez, San Fernando, Sanlúcar, Puerto Real han reprochado este martes a la Junta de Andalucía que haya hecho oídos sordos a la petición y los ofrecimientos de colaboración realizados la pasada semana, y vaya a convalidar en el Parlamento andaluz el decreto ley del Plan Aire sin haber intentado dialogar o llegar a acuerdos con las administraciones locales.

Estos gobiernos locales han criticado que el Gobierno autonómico siga adelante con esta iniciativa sin rectificar, sin analizar con los ayuntamientos los cambios que la propia Junta admite que va a introducir y sin tener en cuenta que van a dejar fuera al 60% de la población de la provincia de Cádiz, que no podrá disfrutar de los beneficios de estos planes de empleo porque las condiciones actuales eran inasumibles por los citados municipios.

Los mencionados ayuntamientos han recordado que la Junta no ha suspendido o ampliado el plazo para remitir las solicitudes al Plan Aire, cuyo fin estaba previsto para el pasado viernes 10 de julio. De haberse producido esta ampliación solicitada y el diálogo con los gobiernos municipales podrían haberse estudiado opciones y posibles alternativas, como las modificaciones que el propio Ejecutivo autonómico está analizando.

Finalmente, y sin haber obtenido ninguna respuesta a la petición, los gobiernos locales de las principales ciudades de la provincia de Cádiz en número de población han rechazado acogerse a la convocatoria (Cádiz, Chiclana, El Puerto, Jerez, Puerto Real, San Fernando y Sanlúcar) o solo lo han hecho parcialmente (Algeciras). Todos ellos representan casi el 60% de la población total de la provincia de Cádiz.

Los gobiernos locales de los citados municipios han insistido en que la Junta debe rectificar esta convocatoria y abrirse al diálogo para introducir las mejoras solicitadas y ya elevadas a través de un informe de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). En la misma línea, han recalcado que para reorientar esta iniciativa ofrecen colaboración, y han reiterado que el objetivo es cooperar para impulsar la creación de empleo como prioridad de todos.

Como ya habían expuesto, los mencionados ayuntamientos han puesto de relieve que, en las actuales circunstancias y a tenor de los efectos de la crisis del coronavirus Covid-19, las administraciones públicas están obligadas a tomar medidas extraordinarias que lleguen mucho más lejos, tengan más efectos sobre la creación de empleo y mejoren las que ya existían en anteriores anualidades. Como han puesto de relieve, no es de recibo que precisamente cuando las condiciones son más críticas se hayan empeorado las condiciones para poder aplicar estos planes de empleo en cada localidad.

Estos gobiernos locales, que la pasada semana mantuvieron un encuentro en el Alcázar de Jerez sobre este mismo tema, han urgido a la Junta de Andalucía a que dé marcha atrás en sus intenciones de convalidar hoy el Decreto que fija las bases y condiciones de la convocatoria, y a que emprenda una fase de diálogo para adecuarlo a la realidad de los ayuntamientos.

Cabe recordar que en esta reunión pedían a la Junta que asumiera la totalidad de contrataciones del Plan Aire o flexibilizara la convocatoria. Para ello, estos ayuntamientos visibilizaron un frente común e instaron a la Junta a asumir las contrataciones o a redefinir el plan permitiendo mayor flexibilidad, partiendo del nuevo marco legislativo, tomando como referencia buenas prácticas como los planes de empleo de Diputación de Cádiz.

En el marco de este encuentro, los ayuntamientos participantes señalaron que las condiciones de cofinanciación actualmente contempladas en el Decreto son inasumibles y por ello reclaman un rediseño de la convocatoria para que esta partida prevista pueda ser ejecutada al 100%.

Del mismo modo, los participantes consensuaban solicitar a la Junta que de cara a próximas convocatorias de ayudas o programas se refuerce la interlocución para consensuar las condiciones precisas que pueden ser asumibles por las entidades locales.