Al banquillo dos funcionarios de Puerto II acusados de torturar al parricida de Arcos

Cádiz/El tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz juzga esta semana a dos funcionarios de Puerto II acusados de torturar a un preso que se encontraba privado de libertad en este centro penitenciario por asesinar a su bebé de nueve meses en Arcos tras sufrir un brote psicótico.

La Fiscalía sostiene que los funcionarios de prisiones dieron una paliza al parricida de Arcos en su celda durante siete minutos hasta que dejarlo semi-inconsciente. Después, al cabo de pocas horas, le propinaron otra.

La acusación pública considera que los dos trabajadores son responsables de los delitos de tortura y lesiones y solicita para cada uno de ellos la pena de tres años de prisión, multa de 360 euros e inhabilitación absoluta para el ejercicio de su profesión durante 12 años.

Los hechos que han dado lugar a esta causa, según la Fiscalía, sucedieron cuando el vecino de Arcos ingresó en la cárcel de Puerto II de forma preventiva pocos días después de haber asesinado a su hijo de nueve meses y haber pegado a su pareja, madre del niño, cuando ésta intentaba auxiliarlo.

Habida cuenta la gravedad del asunto y la gran repercusión mediática que tuvo este trágico suceso, Instituciones Penitenciarias aplicó en este caso el protocolo antisuicidios y asignó al arcense un interno de apoyo con el que compartía celda.

Según recogen las conclusiones provisionales del fiscal, el 8 de junio de 2017, sobre las 21:30 horas, uno de los funcionarios procesados se acercó a la celda número 11 en la que sabía que estaba el parricida y le anunció: “Esta noche vas a dormir calentito”.

Tal y como había dicho, explica el Ministerio Fiscal, el encausado se dirigió horas después a la celda 11 acompañado de otro funcionario de prisiones, el segundo procesado. Entonces ambos abrieron la puerta y ordenaron al interno de apoyo que saliese al pasillo, quien obedeció de inmediato.

Una vez que se quedaron a solas con el parricida en el interior de la celda, los funcionarios, “conscientes de su posición de superioridad y con el objetivo de aplicarle un severo castigo por los hechos que había cometido, comenzaron a propinarle patadas y puñetazos por todo el cuerpo mientras le gritaban: “Hijo de puta, has matado a un niño de nueve meses, has pegado a una mujer inválida y le has matado al bebé de tres meses que llevaba en el vientre”.

Mientras que recibía los golpes, apunta la acusación pública, el interno les imploraba que “no le pegarán más”, súplicas que no fueron atendidas por sus agresores, quienes se quedaron en la celda durante siete minutos hasta que lo dejaron semi-inconsciente, tumbado en el suelo y ensangrentado. Acto seguido, ordenaron al preso de apoyo que entrase en la celda y se hiciese cargo de él.

Horas después, sobre las 2:45 horas, los mismos funcionarios de prisiones regresaron a la celda número 11 “guiados por idéntico ánimo que la vez anterior”. Según la calificación fiscal, en esta ocasión uno de los empleados penitenciarios se quedó fuera para vigilar, mientras que el otro entró en la celda. Una vez allí, tumbó en el suelo al parricida y comenzó a propinarle de nuevo puñetazos y patadas por todo el cuerpo.

El arcense logró por un momento repeler la agresión al lanzarle una patada al funcionario con la que le partió el reloj de pulsera que llevaba, lo que provocó que éste se enfureciese más. El trabajador de Puerto II “comenzó una nueva ronda de patadas reiteradas” hasta que el interno de apoyo le suplicó que parase.

El funcionario de prisiones se marchó con su compañero, quien vigilaba y observaba “impávido” todo lo que acababa de ocurrir, concluye la Fiscalía sus conclusiones.

A la mañana siguiente, el educador y la psicóloga de Puerto II encontraron al parricida deambulando descalzo, con la mirada perdida y cubierto de hematomas. Tuvo que ser trasladado a la enfermería de la cárcel y después, al Hospital de Puerto Real.

A raíz de este episodio, el arcense pasó al centro penitenciario de Morón, en Sevilla, donde permanece hoy tras haber sido juzgado por un jurado y condenado a 23 años de internamiento en una cárcel psiquiátrica.