"La multa por no entregar el aceite a Biouniversal era de 600 euros"

Cádiz/Varios hosteleros de Puerto Real prestaron declaración este viernes en la Audiencia Provincial de Cádiz durante la quinta sesión del juicio por el caso de los Aceites, un procedimiento penal que ha sentado en el banquillo a la ex alcaldesa de Puerto Real por el extinto Partido Andalucista, Maribel Peinado, y a algunos de los concejales que formaban parte de su equipo de gobierno entre 2011 y 2012, acusados todos de prevaricación por adjudicar la recogida de aceite usado en la localidad a la empresa Biouniversal.

Los gerentes de bares y restaurantes de la Villa que testificaron este viernes coincidieron en afirmar que recibieron la visita en sus locales de agentes de Medio Ambiente y de personal de Biouniversal para advertirles que, a partir de entonces, tenían que entregar su aceite usado a Biouniversal de forma gratuita, lo que ocasionó malestar entre los hosteleros puertorrealeños que, hasta ese momento, habían entregado sus residuos a otras empresas autorizadas, como Verdegrás, a cambio de algún tipo de contraprestación. "Nos daban productos de limpieza, desengrasantes, nos cambiaban los filtros...", enumeraron. "Aunque la compensación no era económica, sino en especies, suponía un importante beneficio para nosotros", detalló uno de los testigos.

Algunos de los hosteleros manifestaron al tribunal que el tono empleado por las personas que los visitaron fue "amenazante". "Nos coaccionaron", dijo una de las propietarias.

Varios de los propietarios indicaron también que recibieron una carta con el sello de Biouniversal y del Ayuntamiento en la que se hacía constar la orden de entrega a Biouniversal de los aceites usados bajo apercibimiento de sanción. "El importe de la multa era de entre 600 y 700 euros", precisó uno de los testigos.

A raíz de esto, los dueños de algunos locales hicieron entrega de sus residuos a Biouniversal pero otros decidieron no hacerlo porque consideraban que era injusto. "Varios afectados nos pusimos de acuerdo para no acatar la normativa municipal", dijo una testigo. Otro relató que comentó el asunto con un compañero, por el que tuvo conocimiento de una ley europea que establecía que el aceite usado era un subproducto susceptible de comercialización con terceros.

En la quinta sesión de la vista oral por el caso de los Aceites prestó declaración también el representante legal de Verdegrás, una de las empresas que recogía aceite usado en Puerto Real desde la década de los 90. El responsable de esta entidad confirmó que compensaba a los comerciantes locales con productos de desinfección a cambio de la recogida del aceite usado. "Ese aceite había que recogerlo, es un residuo catalogado como no peligroso pero sí como muy contaminante".

Cuando tuvo conocimiento del acuerdo suscrito por el Ayuntamiento de Puerto Real con Biouniversal con carácter de exclusividad, mantuvo un encuentro con el jefe de Medio Ambiente, José María Córdoba, para mostrarle su disconformidad con el mismo. "Intentamos que dieran marcha atrás, yo no veía normal que se adjudicara en régimen de monopolio un servicio que, precisamente, ofrecíamos nosotros y otras entidades, como la ONG Madre Coraje". "El aceite usado es un residuo de carácter positivo porque tiene un valor de venta, por eso, entendíamos que Biouniversal, como el resto de empresas autorizadas, tenía que trabajar en el pueblo conforme a la ley de la oferta y la demanda", explicó el responsable de Verdegrás.

"Nos negamos a aceptar el convenio con Biouniversal y plantamos cara", añadió. "No íbamos a dejar de recoger aceite en Puerto Real". Según el representante de Verdegrás, el Consistorio "creó un problema donde no lo había, puesto que los hosteleros ya tenían empresas adjudicadas para sus desechos".

En la sesión celebrada este viernes en la Audiencia de Cádiz testificaron, además, dos secretarios del Ayuntamiento de Puerto Real que tuvieron algún tipo de relación con el acuerdo que el Ayuntamiento firmó con Biouniversal. Uno de ellos, Sebastián Pizarro, fue la persona encargada de redactar un informe en el año 2016 en el que se evidenciaba que faltaban contenedores de recogida de aceite en la localidad, que los que estaban disponibles rebosaban y que Biouniversal no pagaba el canon de ocupación de la vía pública. Por todo ello, señaló, se disolvió el convenio "por incumplimiento", no por nulidad.

El otro secretario, Antonio Aragón, estuvo presente en la Junta de Gobierno Local de agosto de 2012 en la que se aprobó la adenda para conceder a Biouniversal la recogida del aceite industrial, además del doméstico, en Puerto Real. Según Aragón, la adenda "era correcta". Bajo su parecer, no era necesario tramitar este tema con un nuevo convenio independiente del anterior. "Este anexo era un complemento, no le vi relevancia alguna ni tampoco ninguna ilegalidad grosera".

Sobre el papel que debe desempeñar un secretario en los actos de los órganos colegiados, ambos testigos ofrecieron puntos de vista diferentes. Mientras que Pizarro aseveró que la Secretaría es un órgano asesor que debe advertir de cualquier posible anomalía legal que aprecie durante la tramitación de un asunto, Aragón –investigado durante la instrucción de la causa pero finalmente no acusado– afirmó que el secretario no es responsable de la legalidad de un expediente una vez que se aprueba.