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Más de 3.700 casos de violencia de género se encuentran activos en Cádiz

Memoria de la Fiscalía

Aumenta el número de víctimas en el sistema Viogén “debido a una mayor sensibilización”

No existe en la provincia ningún Juzgado de Violencia sobre la Mujer con servicio de guardia

Facebook o Instagram ponen trabas para identificar perfiles denunciados

Profesionales de Cádiz profundizan en el Protocolo 0, que protege a las víctimas que no denuncian

Zapatos rojos y una vela durante una concentración contra la violencia machista. / David Oller (Europa Press)

Cádiz/Cádiz mantiene activos en el Sistema de Seguimiento Integral de las Víctimas de Violencia de Género (Viogén) 3.728 casos, una cifra que sitúa a la provincia en tercer lugar a nivel regional, después de Sevilla y Málaga.

La memoria anual de la Fiscalía Provincial de Cádiz relativa a 2022, conocida ayer, refiere un aumento del asuntos registrados en esa base de datos “debido a una mayor sensibilización”, lo que genera “una mayor capacidad de protección”.

Así, en agosto se produjo un crecimiento con respecto al mismo mes de 2021 del 22,16% en el número de pulseras de control activas en cumplimiento de órdenes de protección y alejamiento impuestas por los Juzgados de Violencia de Género, con 226 dispositivos.

El balance anual de la Fiscalía señala que en el tercer trimestre del 2022 se produjo un aumento de denuncias en Cádiz, tal y como expone el Observatorio de Violencia. Se advierte un crecimiento al menos de más de un centenar de casos. De todas las denuncias, llama especialmente la atención que sólo una minoría acude directamente a los juzgados. Normalmente, las denuncias se cursan ante la Policía o la Guardia Civil.

Por ejemplo, de las 1.394 denuncias interpuestas en Cádiz en relación a estas causas, solo 18 de ellas se presentaron en un juzgado. El resto fueron parte de un atestado policial en el que, eso sí, en 1.271 de las veces sí fueron las propias víctimas las que quisieron dar el paso. En 8 de estos casos fueron familiares de ellas y en 19 ocasiones se debió directamente a la intervención policial.

Llama la atención de la Fiscalía que en casi la mitad de las denuncias presentadas y causas tramitadas o enjuiciadas, en un 35,87% de los casos el supuesto autor de la agresión es una ex pareja. En el 27,36% guardaban relación afectiva, 20,36% como cónyuge y 14,89% siendo un ex.

En cuanto a las consecuencias penales finales, en el mismo periodo del año fueron 265 los condenados por violencia de género, una cifra que sitúa a Cádiz por delante en Andalucía con mayor número de procesados y condenados. Entre julio y septiembre de 2021 hubo 212 penados, medio centenar menos.

De otra parte, en 167 de estos procedimientos se llegó a un acuerdo de conformidad, es decir, el agresor admitió ante el tribunal que lo era y asumió así el castigo penal que había sido indicado (mayoritariamente) por la Fiscalía.

En cuanto a las órdenes de protección, se han solicitado 1.274, frente a las 1.404 del año 2021, por lo tanto, se ha producido un descenso. Eso sí, ha aumentado la imposición de dispositivos telemáticos frente al año pasado, “aunque las dificultades siguen subsistiendo en ciertos municipios”, apunta la Fiscalía de Cádiz.

La memoria de 2022 recoge igualmente que la denegación por parte de los órganos judiciales de las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Fiscal “está siendo oportunamente recurrida”. “Sin embargo, es de lamentar, por un lado, la tardanza en la resolución de los recursos interpuestos por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, sección especializada en violencia de género, con el consiguiente riesgo para la víctima durante su tramitación, así como los coincidentes argumentos que se utilizan para confirmar el dictamen de instancia”, advierte la Fiscalía de Cádiz para luego señalar “un ligero aumento de la denegación de las órdenes de protección, que se aprecia en mayor medida en la demarcación del Área de Jerez, sobre un 20 %”.

Sin guardias

En la memoria de 2022, al igual que en otras anteriores, la Fiscalía sigue incidiendo en que en la provincia de Cádiz no existe ningún Juzgado de Violencia sobre la Mujer con servicio de guardia y que sólo tres de ellos (Cádiz, Algeciras y Jerez) tienen competencia exclusiva en la materia. “El resto comparten sus cometidos con asuntos de índole civil y penal de otras materias, lo que provoca evidentes inconvenientes en la atención de las víctimas y tramitación de los procedimientos de violencia de género”, esgrime el Ministerio Público.

“Planea sobre la provincia de Cádiz la posible comarcalización del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cádiz y de Jerez. Siendo un proyecto ambicioso, guiado por un deseo de mejora, debe aprenderse de las deficiencias que siguen detectándose en el funcionamiento del Juzgado de Violencia Comarcal de Algeciras”, apostilla la Fiscalía.

En la demarcación de Cádiz, sólo existe un Juzgado de Violencia especializado que se encuentra sito en la ciudad. “Lamentamos la tremenda dispersión judicial que se padece en la capital, dispersión de órganos judiciales –e instituciones que les acompañan– que provoca graves inconvenientes a nuestras víctimas y sus hijos e hijas. Innegable igualmente es la clara pérdida de optimización de medios personales. Ha de insistirse en que la cámara Gesell inaugurada en Cádiz, a diferencia de la de Jerez, se ha ubicado en la Fiscalía de Menores y no en el Juzgado de Violencia, a pesar de que la voluntad política expuesta era la de proteger a las mujeres víctimas de violencia de género, menores y personas más vulnerables con el objetivo de evitar que acudan a un juzgado varias veces”, expone el balance de 2022 para concluir que “sigue sin existir en Cádiz un Juzgado de lo Penal especializado, aunque continúa como sección especializada de la Audiencia Provincia la Sección Tercera”.

Redes sociales

Por último, la Fiscalía explica que no se ha detectado en 2022 un especial aumento de casos de violencia de género a través de las nuevas tecnologías. Ahora bien, indica que subsisten los mismos problemas en la investigación de estos delitos: la reticencia por algunas víctimas a la entrega de los dispositivos para su cotejo y análisis, así como las trabas que presentan plataformas como Facebook, Instagram o Telegram para la identificación de la autoría de las publicaciones denunciadas y, en definitiva, de la titularidad de los diferentes perfiles o cuentas empleadas para su comisión.

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