El catedrático Ríos Carratalá: "Mi abogado y yo no sabemos a qué se me condena"

Juan Antonio Ríos Carratalá, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Alicante y recientemente condenado por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Cádiz por vulnerar el derecho al honor de Antonio Luis Baena Tocón, responde al fallo de la jueza que "ni mi abogado ni yo sabemos a qué se me condena" e informa que van a pedir una aclaración de la sentencia, lo que paralizaría los plazos para presentar recurso.

El catedrático alicantino considera que la propia sentencia contiene inexactitudes históricas y alude a documentos que ni existen. Pero va más allá cuando argumenta que la sentencia cita la Ley de Memoria Histórica de 2007, que quedó derogada por la de 2022, que es la que se encuentra vigente y que corrige la anterior. Considera que los errores puede entenderlos en fallos de transcripción durante la sesión oral del juicio, "pero tendría que revisarlos antes de adjuntar a la sentencia hechos que no son como se han explicado en sala". De ahí que su abogado, José Luis Romero, se encuentre ahora revisando el visionado de las grabaciones para argumentar esas discrepancias. "Me condenan por inexactitudes y la sentencia tiene inexactitudes", deja en el aire el investigador.

Ejemplifica estas faltas de rigor en un supuesto documento que recoge la sentencia fechado el 30 de enero de 1940 del que Ríos Carratalá dice desconocer, sobre una providencia para "investigar las actividades de Miguel Hernández como Jefe de prensa en la Dirección General de Seguridad", según el fallo de la jueza Chocarro. "Hernández fue condenado a muerte el 18 de enero de ese año", argumenta el catedrático, que especifica que el poeta alicantino nunca fue jefe de prensa de nada ni mucho menos tuvo que ver con la Dirección General de Seguridad, una relación "que tiene indignado al presidente de la Fundación Miguel Hernández", explica. "Recoge que hubo 50.000 procesados cuando esa cifra corresponde a los ejecutados, procesados hubo cientos de miles".

En cuanto a la condena, además de la indemnización de 10.000 euros por los daños ocasionados a Francisco José Baena, debe corregir las inexactitudes y eliminar las afirmaciones sensacionalistas que se extralimitan en el estudio, según el vocabulario utilizado por la jueza. Para el condenado, sin embargo, falta concreción en ese hecho, expresando con claridad qué expresión y contenida en qué página debe ser eliminada, porque las inexactitudes ya estaban corregidas en el momento que se celebró el juicio oral en octubre pasado en la Audiencia gaditana. Además, añade, "me condena a futuro" y se pregunta si tendrá que enviarle el borrador de sus estudios para que los lea antes de publicarlo. "Llevo 39 libros publicados, estoy a punto de jubilarme, y ahora me dice una jueza cómo tengo que trabajar".

El origen está en un estudio de varias publicaciones sobre el proceso judicial que acabó con la condena a muerte del poeta alicantino Miguel Hernández en 1940. En dicha investigación universitaria aparece el arcense Antonio Luis Baena Tocón como secretario instructor de la causa, sin embargo su hijo, el afincado en Jerez José Francisco Baena González, está convencido de que su padre no tuvo el rol definitorio que el catedrático le atribuye en esa estructura judicial. Después de dos causas judiciales en las que reclama el derecho al olvido del fallecido en 1998 y que han llegado hasta el Tribunal Supremo y el Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, concluyendo con sentencias favorables al estudio de Ríos Carratalá, Baena González presentó una demanda por la vulneración del derecho al honor que ha llevado a la condena del catedrático y varios medios de comunicación por difundir informaciones faltas de veracidad que atentaban contra su dignidad.

La sentencia absuelve a 88 procesados en esta causa, la mayoría medios de comunicación y periodistas que se hicieron eco del intento de rectificación de la investigación por parte del demandante. Los periódicos que han sido condenados, un total de siete, deberán indemnizar con 3.000 euros cada uno y publicar rectificaciones por aludir al padre de Baena González como verdugo de Miguel Hernández, una inexactitud que no aparece en los estudios del catedrático y que vulnera el derecho al honor del fallecido Baena Tocón.