La causa laboral de Barbate: los agentes se echaron al mar sin armas largas ni sistemas de auxilio

Cádiz/El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate ha abierto una nueva línea de investigación para esclarecer las condiciones laborales del operativo que acudió a Barbate el 9 de febrero de este año para intentar disuadir a las narcolanchas que se refugiaban del temporal esa noche en el recinto portuario de la localidad, un dispositivo que se saldó con la muerte de dos agentes tras ser arrollados por una embarcación con cuatro motores fueraborda y unos 14 metros de eslora.

La jueza que el 12 de febrero ordenó el ingreso en prisión provisional de seis de los ocho investigados por estos hechos pocos antes de abandonar su plaza en la localidad, ha regresado a los juzgados de Barbate y se ha hecho de nuevo con la instrucción del caso toda vez que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó el pasado mes de abril reforzar esta sede judicial, casualmente, con la misma persona que dirigió las pesquisas iniciales del procedimiento.

Esta pieza paralela a la que instruye el asesinato de los agentes David Pérez y Miguel Ángel Gómez parte de la denuncia presentada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) contra los mandos de la Guardia Civil "responsables de dar la orden en el operativo de Barbate", en concreto, un general, responsable de Andalucía a nivel de Zona, y el coronel de la Comandancia en Cádiz.

La asociación profesional Justicia Guardia Civil, Jucil, ya personada en el procedimiento por la muerte de los guardias civiles, ha confirmado que se personará también como acusación en estas otras diligencias abiertas por un posible delito contra los derechos de los trabajadores.

En unas imágenes aportadas a la causa tras la inspección técnico ocular llevada a cabo por el Instituto Armado en el lugar de los hechos se aprecia el estado en el que quedó la zódiac de la Benemérita, de unos cinco metros, tras ser embestida por la narcolancha en el puerto de Barbate. La pequeña embarcación, según fuentes consultadas por este medio, no disponía de sistema de comunicación para pedir auxilio.

Asimismo, en otras imágenes captadas durante la misma inspección se ven los medios de los que dispusieron los guardias civiles que viajaban a bordo de la zódiac: chalecos, cascos, gomas y un arma corta que se estropeó tras algunos disparos al aire.

"Este grave suceso ha de tener responsables, tanto para los narcotraficantes como a nivel interno, donde hemos pedido sin éxito al director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, abordar este asunto", lamentaron desde AUGC, para luego subrayar que la Guardia Civil es un cuerpo policial "jerarquizado" y la toma de decisiones "debe ser acorde a la cadena mando".

AUGC ha pedido que se abra investigación penal por si pudiera concurrir la comisión de un delito previsto en el artículo 316. Éste indica que "los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses".

Igualmente, y por los mismos hechos, AUGC hace alusión al artículo 318 del Código Penal, por el que "cuando los hechos previstos en los artículos de este título se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello".

Puesta en libertad

Es cuestión de días que la jueza instructora tome una decisión sobre la puesta en libertad de los seis investigados que llevan tres meses en prisión provisional, una vez que se ha hecho público el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que descarta la participación de los detenidos en los asesinatos de Barbate. Pese a ello, la Fiscalía considera que deben permanecer en la cárcel como responsables de los delitos de contrabando y pertenencia a organización criminal.

La investigación apunta ahora a un ciudadano marroquí, Karim, como piloto de la narcolancha que embistió a la patrullera la noche del 9 de febrero en Barbate. Asimismo, se analizan otras embarcaciones localizadas en Huelva tras descartarse la implicación de la goma aparecida en Chiclana la mañana del 10 de febrero.