El cerebro del fraude de los hidrocarburos era el cliente "más relevante" de Olivia Petroleum

Claudio Rivas Ruiz-Capillas, el socio del ‘conseguidor’ Víctor de Aldama que se encuentra en libertad provisional después de destaparse un monumental fraude fiscal en la venta de hidrocarburos, se convirtió entre los años 2019 y 2021 en el cliente "relevante" de Olivia Petroleum, la filial de Olivia Energy Group dedicada a almacenaje y venta de combustible desde el recinto fiscal de la Zona Franca de Cádiz. Así lo manifestó el propio gerente de Olivia Petroleum, Alfonso Lorente, a los inspectores de la Agencia Tributaria que investigaban un presunto fraude del IVA de esta empresa por un valor de algo más de 40 millones de euros. La defraudación de Rivas, según la instrucción que lleva a cabo el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, se estima que es cinco veces mayor, en torno a los 220 millones, y se habría llevado a cabo con empresas que no hay constancia que operaran con Olivia Petroleum.

Durante esas pesquisas, realizadas en junio de 2022, Lorente aportó el listado de clientes de Olivia Petroleum, donde Grufium Petroleum y Gaslow Abastecimientos aparecían como los más relevantes. Claudio Rivas era apoderado de la primera y de la segunda, aunque no aparecía con cargo alguno, la UCO de la Guardia Civil le considera fundador y principal propietario. Claudio Rivas aparece desde el año 2009 como socio, administrador único o apoderado de una veintena de empresas, algunas dedicadas al movimiento de combustibles y que ya no figuran con actividad y otras dedicadas a la compraventa de bienes rústicos y urbanos. Además, una extensa red de testaferros completa una complejísima red de entramados empresariales.

La Agencia Tributaria envió a la fiscalía sus conclusiones en el año 2023. En esas conclusiones se explicitaban las sospechas de que las empresas de Rivas eran de las que se servía Olivia Petroleum como sociedades interpuestas “para obtener un ahorro fiscal, minorando las cuotas devengadas por estas últimas mediante la aplicación de cuotas deducibles ficticias y/o inventadas, y distribuyendo los beneficios obtenidos en inversiones difíciles de trazar por las autoridades fiscales”.

Aunque Rivas estaba en el foco de la Agencia Tributaria por esta investigación sobre Olivia Petroleum, logró, quizá por la intermediación de Víctor de Aldama con el Ministerio que dirigía José Luis Ábalos, que una nueva empresa de su propiedad, Villafuel, obtuviera del Gobierno el permiso como “operadora al por mayor de productos petrolíferos”. Al frente de Villafuel se encontraba la hermana de Rivas, María Luisa Rivas, en calidad de apoderada, y fue ella la encargada, a través de otra empresa, Have Got Time, de hacerse con el chalé en la urbanización La Alcaidesa, situada en La Línea, a cuatro kilómetros de Sotogrande, que se entregaría en regimen de alquiler al ex ministro Ábalos. La investigación de la conocida como trama Koldo sospecha que ese fue el obsequio que recibió el ministro por conseguir la licencia para Villafuel. Villafuel tenía previsto alcanzar el año pasado unos ingresos de 857 millones, lo que hubiera supuesto un incremento del 5,4% respecto a 2023 y hasta catorce veces más que en 2022, sin sumar los ingresos de las, al menos, otras once sociedades que integraban la red y las numerosas estaciones de servicio repartidas por toda España.

Un sistema caótico

El fraude en los hidrocarburos es uno de los grandes agujeros negros de la Hacienda pública. La consultora KPMG apunta a unos volúmenes estimados de ventas de los operadores irregulares de 26.000 millones de euros entre los años 2013 y 2022, cientos y cientos de millones que habrían conseguido distraerse de la vigilancia de Hacienda. Estos datos demuestran el caótico sistema en el control fiscal de la venta de combustible en nuestro país, lo que atrae a todo tipo de buscavidas. En el informe anual de 2023, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) fija el presunto fraude detectado en materia de IVA en 588 millones de euros ese año. 

Muchas empresas registraron, de hecho, unos ritmos de crecimiento que se encuentran fuera de los parámetros del sector, con aumento de las ventas estratosféricos, lo que provocó ya las sospechas de la Agencia Tributaria. Estos incrementos se pueden considerar anómalos si se piensa que los ejercicios analizados no se caracterizaron por un incremento de precios ni por un aumento de la demanda, más bien al contrario, ya que la Corporación de Reservas Energéticas (CORES) cifró en un 1,2% la caída del consumo. Los gigantes del sector como Repsol, Cepsa, BP o Galp experimentaron una variación negativa en torno al 20%. Sin embargo, en el índice EspEnergía Olivia Petroleum aparece con unos ingresos de 839 millones anuales y con una variación positiva respecto al año anterior de un 605%. No es ni mucho menos la de mayor incremento. Por ejemplo, Biomar Oil, con terminales en Málaga y Motril e inhabilitada por el Gobierno por un presunto fraude de más de 200 millones en la mezcla de combustibles, llegó a alcanzar un incremento del 4.259%.

El sistema para defraudar es relativamente sencillo. Se crean empresas dedicadas a la adquisición y venta de combustibles, generalmente ficticias, que realizan compras de carburantes dentro de la Unión Europea, aprovechando los mecanismos del mercado intracomunitario que permiten realizar estas operaciones sin la necesidad de pagar inmediatamente el IVA. Estas compañías venden a precios muy competitivos a las estaciones de servicio emitiendo facturas con IVA que luego no ingresan. Cuando Hacienda detecta la irregularidad, las empresas ya han desaparecido. Y éste es el sistema con el que Claudio Rivas amasó una inmensa fortuna en un espacio muy breve de tiempo.

Rivas es un fanático de los safaris y posee un coto de caza en el pueblo cacereño de Coria. Su amistad con Aldama, además de proporcionarle acceso a las licencias para la venta de hidrocarburos, le sirvió para obtener licencias de armas de caza. Esa era la representación externa de su éxito empresarial, pero los beneficios de la trama duraban poco en sus manos, ya que se blanqueaba a través de operaciones inmobiliarias o se movían rápidamente al extranjero. La investigación ha detectado envíos de fondos a Portugal, Colombia y China.

Operador al por mayor

Olivia Petroleum funciona como operador al por mayor de hidrocarburos y almacenista de grandes líquidos para terceros. Su principal proveedor en la época en que se llevaron a cabo estas investigaciones era Kuwait Petroleum España, cuya comercializadora en estaciones de servicio es Q8. Estas adquisiciones se hacen en depósitos fiscales, por tanto, sin IVA y, del mismo modo, también salen sin IVA del recinto. El control de entradas y la salidas se hace a través de la CLH (Compañía Logística de Hidrocarburos, hoy Exolum), un resto de la monopolística nacional Campsa, que desapareció cuando se liberó este mercado en 1993. Cuando en el marco de la inspección tributaria a Olivia Petroleum se le requirieron los albaranes de esas retiradas y entradas en el año 2021 sólo pudieron ofrecer los de sus clientes directos (estaciones de servicio), pero no los de intermediarios como Grufium o Gaslow, las empresas de Claudio Rivas.

Según explicó el gerente de Olivia Petroleum a los inspectores de Hacienda, fueron los colaboradores de Rivas quienes se pusieron en contacto con ellos cuando la CLH permitió operaciones con las denominadas subcuentas. Hay que tener en cuenta que CLH, que de algún modo funciona como vigilante del sector, no es un organismo público. Es una empresa que maneja el 84% de la distribución de hidrocarburos en suelo español y en su accionariado nadie puede superar el 25% del control. En la actualidad, el principal accionista, con un 24,8%, es la entidad de capital riesgo británica CVC Capital Partners, con sede en Londres y Luxemburgo y con intereses tan diversos en España como Cortefiel, la Liga de Fútbol Profesional o el aceite de oliva.

Sobre el inicio de la colaboración entre Rivas y Olivia Petroleum Lorente manifestó que “no teníamos una relación anterior con ellos. Llegamos a un acuerdo marco e informamos que queríamos autorizar a estas empresas ante la CLH. Tenían que aportar copia de los modelos de IVA para ver que estaban al corriente, ya que son entidades que no pertenecen al grupo. Desde que tuvimos problemas con ellos, decidimos no trabajar más con subcuentas. Entendíamos que estar continuamente controlándolos ya no compensaba. Cuando cortamos, lo que hicimos fue ya no vender sin IVA”.

Hasta entonces Olivia emitía facturas exentas de IVA a Grufium “porque vende dentro de depósito fiscal”. Una vez retirado del producto del depósito fiscal por el cliente, Olivia Petroleum perdía el control. Olivia tampoco pudo aportar documentación sobre las ventas exentas dentro del depósito fiscal de estas conocidas como subcuentas.

La versión de Hacienda

Lo que piensa Hacienda es que lo que hacía Olivia Petroleum era concertar la defraudación con Grufium. “En muchas ocasiones el hidrocarburo no llegaba nunca a las instalaciones de Olivia, sino que se realizaba únicamente un cambio de papeles y emisión de albaranes de un producto que no llegaba a entrar en sus instalaciones para permitir un transporte directo desde las instalaciones de CLH hasta los clientes finales, las estaciones de servicio. Nunca llegaba a los depósitos fiscales y el único objetivo era evitar el devengo del IVA”. Grufium simulaba vender el combustible a las gasolineras con ventas a pérdidas, al hacerlo por precios inferiores a los supuestamente abonados a Olivia "mediante la interposición de sociedades que alejaran el foco de Olivia Petroleum”.

Conocer si las sospechas de Hacienda son ciertas, es decir, que hubo connivencia entre Olivia Petroleum y Grufium para defraudar o si Olivia puede defender su postura, que dejaron de operar con Grufium en cuanto descubrieron que no era de fiar, llevará todavía un tiempo. No antes de 2027, calcula Alfonso Lorente. Mientras tanto Olivia Petroleum, que ha presentado ante el juzgado garantías ante una posible responsabilidad civil, sigue trabajando con normalidad

Olivia Petroleum, cuya fecha de inicio de actividad en España data de 2011, se instaló en Cádiz en el año 2016. Según una investigación de The Guardian, fue creada en 2009 precisamente para poder ubicarse en la Zona Franca. Su impulsor fue un oscuro empresario británico, Dominc Chappell, que llevó a la quiebra a los grandes almacenes británicos BHS, con más de 11.000 empleados. Chappell contaba entre los años 2009 y 2012 con el 40% de Olivia Petroleum y supo aprovechar el concurso de acreedores de la antigua Istalmesa para asumir todas sus deudas y poder meter cabeza en el recinto fiscal gaditano. Chappell fue expulsado en 2013 por el resto de accionistas al no poder justificar una serie de desvíos de fondos que, supuestamente, iban a sanear BHS, lo que en realidad nunca se produjo. En la actualidad, como socio único de la empresa, según Hacienda, aparece una firma radicada en Chipre con matriz en Gibraltar que no tiene ni empleados ni actividad real.

Olivia Energy, por su parte, no para de anunciar nuevas inversiones. La última, por un importe de unos 50 millones de euros, en Los Barrios supondría la instalación de veinte tanques con 40.000 metros cúbicos de capacidad. También figura como un elemento clave en el desarrollo de la actividad portuaria de Cádiz con la llegada del tren a la Cabezuela. Las terminales de Olivia tienen un tráfico promedio de 500.000 toneladas al año y operan un centenar de buques.

Todas estas grandes cifras, en cualquier caso, no se traducen en una gran generación de empleo para una empresa que es una de las que más factura en la provincia. Para Olivia Energy trabajan en la actualidad algo menos de un centenar de personas y ninguna de sus futuras inversiones supondrán grandes necesidades de contratación.