Chanel, hachís y gasolina: Una historia de narcos en Cádiz

Cádiz/El olor de la gasolina es capaz de enmascarar al perfume más pijo del mundo. Unas gotitas y boom. Ni el fantasma de Marilyn Monroe y su Chanel nº 5 pueden contra el poderoso carburante, la sangre rojiza que corre por las venas del narcotráfico, la que hace rugir los motores de las narcolanchas que traen a tierra el chocolate marroquí y de los bestiales todoterrenos que lo transportan hasta las guarderías donde duermen a la espera de regar el continente en forma de millones de porros. Hay quien bromea diciendo que algún que otro narco, quizá inspirado en la ambición rubia, para dormir sólo se pone unas gotitas de gasofa con un buen octanaje.

La trasunto de la historia es que la gasolina da mucha pasta. Por eso en algunos registros los guardias se topan con mansiones que parecen un anuncio de la marca de lujo. Chanel en la entradita, Chanel en los cabeceros de las camas, Chanel en los salones. Chanel oliendo por los rincones que no han sido contaminados por la gasolina. Ya pueden. Vendiendo a 500 euros petacas de 25 litros que les han costado 50 se hace rico cualquiera.

En los últimos años, clanes como el de Los Monis, en Chiclana, recientemente desmantelado en un operativo conjunto llevado a cabo por la Guardia Civil, la Policía Nacional y el DAVA, se han hecho de oro, literalmente, con un negocio que vive días de gloria desde que el Gobierno prohibiera la posesión de narcolanchas en 2018.

En el contexto del narcotráfico, el combustible se ha convertido en un recurso tan valioso como las propias drogas. De hecho, el suministro de gasolina para las narcolanchas es uno de los eslabones más vulnerables para estas organizaciones, y, por tanto, también uno de los más perseguidos por las autoridades.

En operativos recientes, se han descubierto almacenes clandestinos de gasolina en localidades como Algeciras, La Línea y San Roque. Estos almacenes, a menudo camuflados en naves industriales o fincas privadas, almacenan miles de litros de combustible listo para su distribución. El riesgo de estas operaciones no solo reside en su ilegalidad, sino también en su peligrosidad. La acumulación de gasolina en condiciones precarias supone un peligro potencial de incendios y explosiones.

En Chiclana, días antes de la denominada operación Navegante, en la que fueron detenidas 15 personas, de las que cuatro de ellas han sido enviados a prisión por la jueza, salió ardiendo una furgoneta que iba cargada con petacas en una gasolinera. Al parecer el copiloto se echó un pitillo demasiado cerca del combustible y casi le mete fuego a media Chiclana.

La cuestión de fondo es que la actividad de las redes del narcotráfico en Cádiz, especialmente en el Bajo Guadalquivir, que se ha convertido en el punto más caliente para el tráfico de hachís del mundo, depende en gran medida del suministro de combustible. Las narcolanchas son rápidas y potentes, pero también voraces consumidoras de gasolina. Estos monstruos marinos, que han protagonizado algunas de las páginas más negras de la batalla contra el narcotráfico, necesitan repostar continuamente. Ya no sólo para realizar sus trayectos entre las costas del norte de África y el litoral gaditano, una operación que requiere combustible en grandes cantidades y de manera discreta, sino para mantener los motores al ralentí. Las narcolanchas, desde que fueron prohibidas, se construyen en astilleros portugueses, hasta donde se han desplazado incluso expertos fabricantes españoles afincados en localidades gaditanas, como San Fernando, pero sobre todo de Galicia.

Pero una cosa es vender unos litros de gasolina y otra muy distinta poder construirse casoplones relucientes de estuco, mármol y muebles de Chanel.

El transporte de combustible inflamable como la gasolina no está permitido en vehículos particulares y debe justificarse. Aunque la reglamentación decía que podía llevarse hasta 240 litros por vehículo en recipientes adecuados de 60 litros como máximo, actualmente los controles son cada vez más exhaustivos y hay que justificar debidamente su procedencia y destino. Es decir, que si la Guardia Civil te coge con 2.000 litros de gasolina no se va a tragar que sean para el cortacésped.

Este engranaje ha propiciado un mercado negro del combustible que, aunque menos visible que el narcotráfico de drogas, representa una pieza clave en el funcionamiento de las redes criminales. La Guardia Civil y la Policía Nacional han realizado en los últimos años numerosas operaciones para desmantelar estos puntos de venta clandestina, pero la demanda y la ingeniería del mercado negro se reinventan constantemente.

A menudo, los vendedores de gasolina ilegal proveen combustible no solo a los particulares, sino también a las mafias que operan en la zona. Las narcolanchas no pueden repostar en gasolineras convencionales, lo que obliga a los traficantes a recurrir a proveedores clandestinos. El precio del combustible en estas transacciones suele inflarse debido a la urgencia y la ilegalidad del negocio, generando un beneficio considerable para quienes controlan la venta.

En cuanto a su origen hay varias teorías. Las más recurrentes hablan de gasolineras low cost situadas en la Sierra o la campiña de Jerez. Sin embargo, incluso hay empresas de hidrocarburos sobre las que se está intentando poner el foco. Y es que son muchos litros de gasolina los que se incautan cada semana. Con delitos relacionados con el narcotráfico ocurre que sólo pueden cuantificarse cuando se ponen sobre la mesa. Por eso las estadísticas de la cantidad de droga que entra realmente por la provincia cada año es relativa.

La organización desmantelada en la operación Navegante realizaba de manera concertada y coordinada todas las actuaciones necesarias para favorecer los alijos prestando apoyo logístico a otras embarcaciones que ya se encontraban en el agua para proveerlas de combustible, víveres, cambios de tripulación e incluso hacer el truque de gasolina por fardos de hachís.

La presión policial obligó a los miembros de la organización a alternar las ubicaciones para los avituallamientos y disponer de nuevas guarderías de combustible situadas en distintos puntos de la provincia con la intención de dificultar la vigilancia y la acción policial. Estas guarderías de combustible han estado situadas en diferentes tanto dentro del casco urbano como en los extrarradios. Alguno de ellos, incluso, en habitaciones de viviendas anexas a dormitorios infantiles donde se realiza vida normal, también en bajos de edificios donde residen numerosas familias.

Todo esto, con el peligro que entraña transportar este tipo de productos inflamables e incendiarios en furgonetas, lo que genera un grave riesgo para las personas en caso de explosión.

La cuestión de fondo es que el petaqueo no solo tiene implicaciones en el ámbito del narcotráfico, sino también un fuerte impacto en la economía local. Por un lado, supone una competencia desleal para las gasolineras legales, que deben cumplir con estrictas regulaciones fiscales y de seguridad. Por otro, representa una fuente de ingresos para muchas familias que encuentran en el mercado negro una salida a la falta de empleo y las dificultades económicas.

En la provincia de Cádiz, donde la tasa de paro se mantiene entre las más altas de España, el petaqueo se ha convertido en una actividad normalizada entre muchas familias, que justifican su participación en este negocio por pura necesidad, mientras que otros lo disfrazan como un acto de resistencia frente a un sistema económico que no ofrece alternativas viables.

La relación entre la venta ilegal de gasolina, el petaqueo y el narcotráfico refleja una realidad compleja y multidimensional en Cádiz. Este fenómeno, que combina la necesidad económica, el mercado negro y el crimen organizado, es una muestra más de cómo las dificultades sociales y económicas pueden alimentar actividades al margen de la ley.

Porque mientras las narcolanchas sigan surcando las aguas del Estrecho y las necesidades económicas de la población no encuentren respuesta, el negocio del combustible seguirá siendo una pieza clave en el entramado del narcotráfico. Las soluciones requieren una visión integral que combine represión, desarrollo económico y atención a las necesidades de la provincia, que sigue luchando por desprenderse de una economía sumergida que, por momentos, parece formar parte de su paisaje cotidiano.