Ni clandestinos ni ilegales

El puerto/La calle Santa Clara, en El Puerto de Santa María, se ubica en pleno Barrio Alto de la ciudad. En una de sus fincas está el centro Gallero Portuense, una peña en las que se celebran peleas de gallos desde hace más de cien años y que hace tan solo unos días ha sido noticia por una operación desarrollada por la Policía Nacional. Tras esta actuación, el sentir que ha quedado en el aire para muchos ciudadanos ha sido el del supuesto desmantelamiento de un reñidero de gallos ilegal, algo que no se ajusta en absoluto a la realidad, como defienden desde la Federación Andaluza del Gallo Combatiente Español (con sede en Sanlúcar de Barrameda), la Unión de Criadores y el Libro Genealógico de esta raza aviar, un registro avalado por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Desde estos colectivos se ha querido exponer cuál es la realidad de las peleas de gallos en Andalucía, y si bien respetan el trabajo de los cuerpos de seguridad en lo que se refiere a las inspecciones, quieren dejar claro que se trata de una actividad totalmente legal y reconocida por la legislación andaluza, si bien es cierto que las peleas de gallos tan solo son legales en España en las comunidades de Andalucía y Canarias, que las regulan con la finalidad de preservar la selección de la raza y con vistas, sobre todo, al inmenso mercado de la exportación. No hay que olvidar que estas aves son muy apreciadas en toda América, donde las peleas son casi una religión en algunos países, e incluso en estados europeos como Francia, donde los ejemplares de Combatiente Español procedentes de Andalucía son muy cotizados.

Con respecto a la inspección realizada en el reñidero portuense el pasado 6 de febrero, desde la Federación andaluza quieren dejar muy claros varios aspectos, y el primero de ellos es que en ningún caso se trataba de una pelea ilegal. La peña Centro Gallero Portuense se ubica junto al bar El Reñidero, en la misma finca, y el presidente de la peña es la persona que regenta el bar. La peña cuenta con autorización municipal para ejercer su actividad desde el año 2006 (fue en 2003 cuando la ley andaluza autorizó las peleas de gallos, dentro de la nueva ley de Protección Animal) y se encuentra debidamente inscrita en el registro de la Junta de Andalucía para esta actividad, tal y como se recoge en la normativa. El presidente de la federación, Fernando Zarazar, aclara que no se trata de un espectáculo público, y de hecho no se puede publicitar ni cobrar una entrada y no se permite el acceso a menores de 16 años. En la sede de la peña se exhiben claramente los carteles que prohíben las apuestas y exigen el carnet a los socios de la peña o aficionados federados para acceder al coliseo, ubicado en unas instalaciones anexas al bar de la peña.

Los responsables de la Federación y de la Unión de Criadores lamentan el daño que este desconocimiento de su actividad por buena parte de la sociedad les causa, y lamentan también algunos datos incorrectos que trascendieron a raíz de la inspección, como los referentes al aforo del recinto. El abogado de la Federación, Hilario de los Reyes, explica con las licencias por delante que el aforo autorizado en el reñidero era de 159 personas, cuando la Policía contabilizó a 113. La confusión vino porque en el momento de la inspección la documentación a la que accedieron los agentes fue la del aforo del bar, que efectivamente era de 57 personas, y no del reñidero, aunque en total el aforo entre ambos espacios alcanza las 216 personas. En cuanto a la supuesta venta ilegal de boletos, reconocen que se estaban vendiendo números para el sorteo de un manojo de espárragos y otro de dulces, actividades a iniciativa de particulares que se buscan así la vida en uno de los barrios más deprimidos de El Puerto. "Si ha habido alguna infracción, que se sancione, pero no se nos puede criminalizar de esta manera por desempeñar una actividad que es legal y que cuenta con todas las autorizaciones y permisos necesarios", se quejan.

En este sentido, desde la Federación argumentan que el Centro Gallero Portuense, uno de los que cuenta con más socios y tradición en la provincia, recibe periódicamente la visita de inspectores de la Oficina Comarcal Agraria (OCA), que revisa las instalaciones, y está al día en la póliza de responsabilidad civil exigida. Están convencidos, por tanto, de que la inspección no supondrá a la postre ninguna consecuencia legal ni para la peña ni para los espectadores que estaban debidamente identificados, ya que las multas que contempla la ley se limitan a las de las peleas que se pudieran celebrar fuera de este marco legal.

El presidente de la Unión de Criadores del Gallo Combatiente Español, Basilio Angulo, explica que la peña portuense figura oficialmente inscrita en los registros desde 1965, aunque hay carteles que acreditan la celebración de peleas desde hace unos 130 años.

La razón por la que la administración autonómica autorizó las peleas de gallos, con el fin de seleccionar y mejorar la raza, fue por un lado la gran afición que existía en buena parte de Andalucía y por otra la calidad de esta raza, que dentro de la labor que desempeña el Libro Genealógico cuenta incluso con un seguimiento genético por parte de la Universidad de Córdoba.

El seguimiento que se realiza de cada ejemplar es exahustivo, con todos los animales tatuados para el seguimiento de su rendimiento y filiación. Las peleas, que se han seguido desarrollando con normalidad en la peña de El Puerto después de la inspección, tienen un calendario que respeta la época de cría y se rigen por un reglamento. Las peleas no son a muerte y, aunque es evidente que los gallos pueden sufrir heridas, porque se trata de animales programados genéticamente para el combate, el índice de mortalidad es muy bajo. Al margen de una tradición milenaria, la cría de gallos con vistas a la exportación es un mercado que mueve un importante volumen de negocio, llegando a pagarse en algunas ocasiones hasta 1.500 euros por un buen semental.

Una imagen del reñidero ubicado en la portuense calle Santa Clara.