Colapso en la asesoría jurídica de la Diputación de Cádiz con más 2.000 expedientes en trámite

Cádiz/La petición de paralización de una causa en los juzgados por parte de la Diputación de Cádiz ha dejado en evidencia la sobrecarga de asuntos que soporta el servicio jurídico de la Institución Provincial, así como la falta de personal para poder asumirlo, lo que afecta de manera directa y grave a los ciudadanos y entidades que mantienen pleitos con esta administración.

En un escrito remitido recientemente al Juzgado de lo Social número 1 de Cádiz, el Letrado Coordinador de la Diputación Provincial de Cádiz explica que uno de los abogados adscrito al servicio de asesoría jurídica de la Institución Provincial se encuentra de baja laboral por los servicios médicos del Servicio Andaluz de Salud, una circunstancia que acredita mediante una comunicación del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral de la propia Diputación.

Así, el Letrado Coordinador apela a los artículos 19 y 179 de la vigente Ley 1/2O0O de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil para solicitar la suspensión del curso de un procedimiento judicial y para ello argumenta que la Administración que representa "no dispone actualmente de plantilla" para sustituir al abogado de baja.

"Formulo la petición de suspensión por carecer de medios personales para atender el excesivo volumen de asuntos que se tramitan en esta asesoría jurídica, en la actualidad más de 2.000 expedientes, cuyo número se incrementa progresivamente, y que son atendidos hoy día por dos letrados y, a partir del 15 de enero, sólo por el letrado que suscribe", prosigue el Letrado Coordinador.

Esta situación de colapso ha generado malestar entre los profesionales del Derecho que mantienen litigios con la Diputación Provincial de Cádiz, puesto que temen que sus casos, ya de por sí retrasados por los ritmos artríticos de la Justicia, se puedan demorar aún más en el tiempo, lo que, al fin y al cabo, perjudica al ciudadano.